El plan del Ministerio de Empleo para impulsar la salida de las organizaciones empresariales y sindicales del reparto de recursos destinados a formación le puede salir caro al contribuyente. Las presiones de la patronal y sindicatos a lo que se sería un duro golpe a sus ingresos han tenido su efecto y el departamento que dirige Fátima Báñez se plantea cómo compensarles.
La idea que está estudiando Empleo es premiar a los agentes sociales a cambio de que estos orienten al Gobierno en la impartición de los cursos de formación, según elEconomista. Así, aunque patronal y sindicatos dejarían de encargarse de impartir esos cursos, el Ejecutivo les trataría como consultores a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Los propios agentes sociales serán los encargados de elegir los criterios con los que se repartirán el dinero público entre los nuevos agentes privados de colocación. Para ello, "necesitarán técnicos, evaluaciones de las necesidades de las empresas y un control posterior. Una labor que la patronal estaría dispuesta a aceptar por un cheque de unos 50 millones de euros, a lo que habría que sumar otro montante para los sindicatos", apunta el diario.
Con el nuevo modelo de formación, todas las subvenciones destinadas a la formación profesional para el empleo se someterán a la libre concurrencia competitiva entre aquellas entidades que cumplan los requisitos necesarios para su impartición. Otra de las nuevas medidas que planea Báñez es el "cheque formación", que recibirán los desempleados para que se formen en el centro que deseen.