El último escándalo que ha surgido en torno a los cursillos de formación en Andalucía viene a constatar, una vez más, que este sistema constituye un profundo nido de corrupción e ineficacia, y que, por tanto, no sirve ni servirá para el pretendido objetivo de mejorar la cualificación de los parados, tal y como ha denunciado Libertad Digital durante largos años.
Tras la Operación Edu, que destapó un fraude masivo en el uso de estos fondos públicos por valor de hasta 2.000 millones de euros a lo largo y ancho de Andalucía, y en el que están implicados altos cargos de la Junta, sindicalistas y empresarios, la Fiscalía investiga ahora la desaparición de otros 849 millones de euros que iban destinados a la formación en dicha comunidad. El volumen de irregularidades detectadas en torno a los cursillos, no solo en Andalucía, sino en buena parte de España, es de tal calibre, continuidad y magnitud que el fracaso de dicho sistema está fuera de toda duda.
La formación para parados es la fuente corrupta de la que han bebido patronales, sindicatos y políticos para enriquecerse a manos llenas por la puerta de atrás a costa del conjunto de los contribuyentes y, lo que es mucho peor, de los más necesitados. La financiación pública de estos cursos ha servido, por un lado, para engordar las cuentas de los agentes sociales, hasta ahora principales responsables de gestionar los fondos, y, por otro, para protagonizar todo tipo de corruptelas y trapicheos en beneficio propio. Ahora tan sólo está saliendo a la luz una parte del pastel, ya que las cifras bajo sospecha, siendo escandalosas, apenas representan una porción mínima del ingente volumen de recursos que se han despilfarrado en políticas activas de empleo.
Es el turno de que la Justicia investigue y adopte las sanciones y penas pertinentes para condenar a los culpables de tal atropello. Sin embargo, de nada servirán dichos castigos si España no acomete una profunda reforma del modelo vigente, cuya principal medida debe consistir en eliminar dichos cursillos y sustituirlos por cheques formación para parados, con el fin de que el interesado pueda decidir libremente el proveedor y el tipo de curso a realizar, tal y como sucede en otros países europeos. Si no se avanza en esta dirección, la corrupción seguirá campando a sus anchas, de una u otra forma.
Además, lo más grave ya no es el desvío de fondos, sino la inutilidad absoluta de dichos cursos. Las políticas activas de empleo son de todo menos una vía eficaz para que los parados logren mejorar su empleabilidad mediante la mejora de sus habilidades o conocimientos. Los cursillos de formación organizados por la patronal y los sindicatos no han servido para nada, y el hecho de que el Gobierno pretenda ahora aumentar la competencia mediante la entrada de nuevos agentes tampoco servirá de mucho, puesto que la oferta seguirá estando limitada y controlada por el Estado.
Las solución no radica en mantener la estructura del actual sistema abriéndolo a nuevos participantes, más allá de patronales y sindicatos, sino en permitir que trabajadores y desempleados puedan decidir y escoger libremente su formación, ya sea mediante la instauración de un sistema de cheques, como propone Ciudadanos, o un modelo de seguros y agencias privadas, a imagen y semejanza del que existe en otros países europeos, cuya aplicación ha sido un éxito.