La Comisión Europea (CE) ha recibido la lista oficial de reformas con la que el Gobierno del izquierdista Alexis Tsipras ha quiere convencer a sus acreedores internacionales para que entreguen a Grecia la asistencia financiera pendiente, y ha considerado que es "suficientemente completa". De hecho, los ministros de Finanzas y de Economía de la zona del euro han dado este martes su visto bueno a la lista, lo que permite prorrogar el actual programa de rescate otros cuatro meses.
El documento (ver aquí el texto), que consta de seis páginas, incluye un amplio abanico de medidas, sobre todo centradas en incrementar la recaudación fiscal mediante la lucha contra el fraude tributario y la corrupción. Pero lo más relevante es que Syriza renuncia también a algunas de sus grandes líneas rojas, como el aumento inmediato y unilateral del salario mínimo, la incorporación de los empleados públicos despedidos durante la crisis o la suspensión del plan de privatización de activos.
Combatir el fraude fiscal
La primera parte del documento está dedicado a las políticas fiscales y aborda proyectos como la mejora de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido. Entre otras medidas, Grecia contempla ampliar los supuestos de fraude fiscal, así como el refuerzo, tanto en recursos humanos como en equipamiento, de los organismos encargados de perseguir la evasión. Otra de las prioridades anunciadas será la lucha contra el contrabando de tabaco y gasolina.
Control de gasto público
Por otro lado, el documento incluye un mayor control y contención de gasto en todas las áreas de la Administración Pública, así como la mejora de su eficiencia, por ejemplo en educación, defensa, transporte, gobiernos locales o prestaciones sociales. El control de gasto se aplicará también a la sanidad pública, pero manteniendo el principio del acceso universal a la salud. Para ello se recurrirá al asesoramiento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Syriza se compromete a revisar las partidas de cada Ministerio para tratar de recortar gastos ajenos al de personal y pensiones, que, según el texto, ascenderían a cerca del 56% del gasto público total. En este sentido, cabe recordar que el programa electoral de Syriza incluía una serie de promesas cuya implementación supondría un incremento de gasto público de entre 12.000 y 28.000 millones de euros al año. Ahora, sin embargo, prometen mantener la senda de equilibrio presupuestario.
Empleo público y privatizaciones
Según la citada lista, Atenas se compromete a dejar intacto el gasto público en personal. En concreto, el Gobierno griego señala que la reforma de los salarios del sector público no supondrá una reducción adicional de los sueldos, pero tampoco aumentará la factura total de los salarios públicos, lo cual implica que no se revertirán los recortes de plantilla aplicados en los últimos años.
En cuanto a las privatizaciones, el Gobierno de Tsipras promete respetar las privatizaciones en curso o finalizadas, aunque revisará, caso por caso, las que están aún pendientes de aprobación con el fin de obtener los mayores beneficios para el Estado a largo plazo.
Reformas estructurales: trabajo y pensiones
Por otro lado, se mantendrán las líneas generales de la reforma laboral. En este sentido, Syriza avanza su intención de subir el salario mínimo, pero de forma gradual y siempre bajo la supervisión de la troika.
Igualmente, consolidará los fondos de pensiones para generar ahorros. Entre otras cosas, Grecia se compromete a establecer una mayor vinculación entre el pago de cotizaciones y el cobro de pensiones públicas, así como a eliminar las lagunas y los incentivos que favorecen un exceso de jubilaciones anticipadas. Esto es visto como un esfuerzo por encontrar un compromiso entre el objetivo declarado del Gobierno de no implementar ningún recorte adicional de las pensiones frente a las pretensiones de la UE y del FMI de exigir nuevos ajustes en esta materia.
Atenas también incluye una iniciativa para "modernizar la ley de bancarrota" y mejorar el sistema judicial en general. En concreto, "se tomarán medidas para apoyar a las familias más vulnerables que son incapaces de pagar sus hipotecas", aunque se perseguirán a los "morosos estratégicos", para, de este modo, discernir entre las personas y empresas que optan por el incumplimiento estratégico de los pagos y las que verdaderamente no pueden hacer frente a sus deudas, según el texto firmado por el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis.
Medidas contra la "crisis humanitaria"
Por último, Atenas pretende combatir la "crisis humanitaria" mediante el reparto de cupones de comida entre los más necesitados, la "provisión básica de energía" y el acceso universal a la sanidad pública. Asimismo, el documento establece la posibilidad de evaluar la implantación de un sistema piloto de "renta básica garantizada" que, posteriormente, podría extenderse a todo el país, pero, en todo caso, dichas medidas se aplicarían asegurándose de que no tendrán un "impacto fiscal negativo". Es decir, que, en principio, contarán con la financiación necesaria para garantizar la senda de equilibrio presupuestario.
Uno de las principales dudas que genera la propuesta consiste, precisamente, en que, si bien no concreta ni cuantifica las medidas de ahorro en el gasto público, Syriza confía en exceso en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción para lograr los recursos fiscales extra que necesitaría para poner en marcha su particular programa de emergencia social. El problema aquí es que, tal y como se acordó en el Eurogrupo del pasado viernes, todas las medidas de gasto que proponga Atenas deberán contar con financiación previa suficiente.