El Estado, a través del holding BFA, y Bankia asumirán un coste de unos 600 millones de euros para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de venta (OPV) de 2011, informaron a Europa Press en fuentes al tanto de las negociaciones.
De los 600 millones, el Estado afrontaría unos 372 millones derivados de su participación del 100% en el holding BFA, que controla actualmente el 62,5% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. Las mismas fuentes explicaron que la cifra global es una estimación ante una eventual pérdida que aún no se conoce.
El 37,5% restante -alrededor de 228 millones de euros- deberá ser sufragado por Bankia, cantidad que lleva implícita una contribución indirecta del Estado al ser accionista mayoritario de la entidad.
En total, se baraja una cifra tope de unos 600 millones de euros para afrontar posibles litigios, que pueden multiplicarse después de que el informe de los peritos detectara irregularidades contables en la salida a Bolsa de la entidad.
En el pago de indemnizaciones se aplicará el concepto de primera pérdida, de modo que el que primero tenga que responder a los costes derivados del proceso deberá asumir hasta el porcentaje que le corresponda, mientras que el segundo responderá hasta alcanzar la cifra fijada como tope, explicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía.
Frente a la tesis de algunos expertos de que Bankia es la que debería correr con el grueso del coste de las indemnizaciones por las contingencias derivadas de la salida a Bolsa y no BFA, en las conversaciones entre el Gobierno, el FROB y Bankia ha pesado el hecho de tratarse de una entidad cotizada cuya acción podría acusar el golpe si se ve penalizada con nuevos cargos.
Este argumento cobra especial relevancia cuando el objetivo del FROB es seguir privatizando la entidad y maximizar los ingresos que obtenga de la venta de nuevos paquetes accionariales al objeto de devolver la mayor parte de las ayudas recibidas cuando se rescató la entidad. Ello encaja con el objetivo del Gobierno de minimizar en lo posible el coste para el contribuyente.
"Sería un error que el mercado no supiera qué riesgos está corriendo al comprar acciones de Bankia", indicaron a Europa Press fuentes al tanto de las negociaciones.
El Gobierno, a través del FROB, estudia el mejor encaje jurídico a la hora de asignar el reparto de costes, con el fin de evitar que pueda ser fuente de problemas posteriores con otros organismos fiscalizadores.
El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri decidió el pasado viernes aplazar la publicación de sus cuentas anuales de 2014 prevista para el pasado lunes, 2 de febrero. Bankia esgrimió que está a la espera de la decisión del FROB sobre quién asumirá la compensación a los accionistas por las contingencias derivadas de su salida a Bolsa en 2011.
Las empresas cotizadas tienen hasta finales de este mes para presentar sus resultados. El consenso del mercado espera un beneficio del banco de alrededor de 950 millones de euros en el conjunto del año. Hasta septiembre Bankia obtuvo un beneficio neto atribuido de 698 millones de euros.