Del entramado societario vinculado a la cúpula de Podemos, con Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero a la cabeza, destaca, sobre todo, la empresa Caja de Resistencia Motiva 2, creada a finales de 2013, poco antes de que naciera el citado partido. Esta sociedad, en la que Monedero figura como "administrador único" y "accionista mayoritario", se dedica, en teoría, a realizar "estudios de mercado" y encuestas de opinión pública, según figura en el Registro.
Lo extraño, sin embargo, es que facturó más de 425.000 euros en sus dos primeros meses de existencia sin tener estructura ni empleados a cargo, abonando cerca de 70.000 euros por el Impuesto de Sociedades. Dichos ingresos, según explicó posteriormente el propio Monedero, procedían de un trabajo de consultoría iniciado tres años antes para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua con el objetivo de crear una moneda común entre los países pertenecientes a la órbita del chavismo.
Hacienda investiga a Monedero
El volumen de los ingresos, la forma de facturarlo y las correspondientes explicaciones por parte de Monedero levantaron de inmediato sospechas de fraude fiscal entre los expertos, excepto en el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que se apresuró a avalar la actividad desempeñada por dicha empresa, incidiendo en que, a priori, no observaban ninguna irregularidad.
Su opinión contrastaba de forma muy clara con la del resto de fiscalistas. Tal y como avanzó Libre Mercado, las dudas sobre Caja de Resistencia se centraban en dos puntos:
1. Los servicios de consultoría fueron prestados por Monedero hace tres años (2010). Es decir, antes de crear la sociedad (2013). Los servicios, por tanto, fueron prestados en concepto de persona física, no jurídica, y si, por entonces, Monedero era residente fiscal en España (más de medio año en el país), tendría que haber tributado ese dinero a través del IRPF (tipo máximo del 52%) y no mediante el Impuesto de Sociedades (25%).
2. Y, aún en el caso de que la empresa estuviera constituida en tiempo y forma, firmando los contratos y facturando correctamente a esos gobiernos latinoamericanos por esa consultoría, la sociedad tendría que haber asignado algún tipo de retribución a Monedero por la prestación de ese servicio profesional, a través de una operación vinculada. Algo que, al parecer, no habría ocurrido en Caja de Resistencia al hilo de las informaciones publicadas, lo cual suele generar sospechas de posible simulación a Hacienda.
Efectivamente, tal y como era de esperar, la Agencia Tributaria abrió una inspección de oficio a la sociedad de Monedero para comprobar la existencia o no de irregularidades fiscales. Facturar servicios profesionales a través de una empresa, con o sin trabajadores a cargo, es perfectamente lícito, pero esta figura está siendo objeto de multitud de inspecciones por parte de Hacienda, ya que algunos contribuyentes utilizan la sociedad de tapadera (sociedad pantalla) para defraudar impuestos, tributando a través del Impuesto de Sociedades ingresos que corresponderían a IRPF.
La Agencia Tributaria sospecha, en principio, de aquellas empresas que no necesitan disponer de ningún tipo de material o empleados para realizar el servicio o actividad a la que se dedican, ya que suele tratarse de una sociedad pantalla. Un dentista, por ejemplo, necesita un local, material e incluso personal para poder realizar su profesión y, por tanto, precisa una sociedad. Pero el caso de Monedero, al tratarse de una consultoría realizada por él mismo, ha levantado sospechas.
Según las fuentes consultadas, Hacienda ha reclamado la documentación precisa para verificar, entre otras cosas, quién firmó los polémicos contratos de asesoría, ¿Monedero o Caja de Resistencia?. Si Monedero los aporta voluntariamente, la investigación podría concluir en unos tres meses, pero, en caso contrario, habría que reclamarlos a Venezuela, con el consiguiente retraso, alargando el proceso hasta un año, en función de la celeridad o no en la respuesta por parte de Caracas.
La defensa cerrada de Gestha
Lo que sorprende, sin embargo, es la cerrada defensa de Monedero que ha llevado a cabo Gestha desde que estalló el escándalo. Especialmente, si se tiene en cuenta que los Técnicos de Hacienda siempre se han caracterizado por exigir más esfuerzo y atención a la lucha contra el fraude fiscal. Y es que, mientras los Inspectores coinciden en que Caja de Resistencia levanta claras sospechas de fraude, los Técnicos, un cuerpo de funcionarios inferior dentro del Ministerio, afirmaban hasta hace escasos días que todo es correcto.
José María Mollinedo, secretario general del citado Sindicato, indicó la semana pasada que era "muy improbable" que Monedero hubiera cometido fraude fiscal. Según explicó, la razón estriba en que una sociedad pantalla no tiene ningún tipo de actividad y se utiliza para evitar el pago de impuestos, algo que, a su entender, no ha hecho Monedero, ya que pagó 70.000 euros de Impuesto de Sociedades. Este argumento no tiene ningún sentido, según otros expertos consultados, ya que el objetivo de toda empresa fantasma es pagar a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, debería tributar por IRPF, con el consiguiente ahorro.
Asimismo, el responsable de Gestha añadió que Monedero podía haber creado una sociedad para recibir el dinero en cualquier país latinoamericano o, incluso, en un paraíso fiscal como Curasao, ya que los trabajos se realizaron en el extranjero. El hecho de no hacerlo, registrar la empresa y pagar Sociedades en España demostraría, según alega, que no hubo ánimo defraudatorio.
Una vez más, argumentos muy endebles, cuando no nulos, directamente, según fuentes de toda solvencia. Pese a ello, es casi el único punto al que se ha agarrado Podemos y, más concretamente, Iglesias, para defender a Monedero de las sospechas de fraude fiscal.
Alianza con Podemos
¿Cómo es posible que exista esta divergencia de opiniones entre inspectores y técnicos? ¿Por qué Gestha se moja tanto en este asunto y corre en defensa de Monedero, pese a la investigación abierta por Hacienda? Algo no cuadra... O, quizás, sí.
Fuentes bien informadas explican que existe una confluencia de intereses entre Gestha y Podemos. No es casual que el partido de Iglesias haya incluido entre sus propuestas económicas el plan del sindicato para recaudar más impuestos a través de nuevas subidas tributarias y una lucha más intensa contra el fraude fiscal, ni que éste se posicione a favor de Podemos. Gestha es conocida entre el colectivo de Hacienda por su "larga trayectoria de colaboración con IU".
De hecho, IU lleva más de diez años presentando enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para crear un "Cuerpo Superior Técnico de Hacienda", la primera y principal reivindicación de Gestha. Esto significa, básicamente, convertir a los Técnicos, de grado inferior, en Inspectores de Hacienda, un Cuerpo Superior, pero por la puerta de atrás, sin necesidad de aprobar la correspondiente oposición, consiguiendo con ello una sustancial subida de sueldo.
Ascenso y más sueldo
Esta iniciativa nunca ha prosperado, ya que IU jamás ha tenido el peso político suficiente en el Parlamento para poder aprobarlo. Pero, tras el auge de Podemos, la situación ha cambiado por completo. Por primera vez, Gestha ve opciones reales de ver satisfecha su reivindicación histórica, gracias, precisamente, al ascenso electoral que está cosechando el partido de Iglesias. Gestha y Podemos contactaron a través de sus vínculos comunes en IU, alcanzando una "especie de acuerdo", añaden estas mismas fuentes.
La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, y el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, se reunieron el pasado diciembre con los Técnicos de Hacienda para crear un grupo de trabajo conjunto con el fin de luchar contra el fraude fiscal. Del fruto de esa connivencia nació la propuesta de trabajar juntos en la elaboración de medidas económicas y fiscales de cara al programa electoral de Podemos, pero también de aumentar en 26.000 el número de inspectores de la Agencia Tributaria a medio y largo plazo a través de la celebración de convocatorias continuadas.
La reacción de los inspectores no se hizo esperar. A principio de enero, la Asociación de Inspectores advirtió de que "semejante propuesta es una auténtica barbaridad, carente de lógica y que sólo puede obedecer a la obsesión que tiene este Sindicato por conseguir mejoras económicas en su colectivo intentando que todos los Técnicos se conviertan en Inspectores de Hacienda sin superar la correspondiente oposición".
Por ello, si bien "la Agencia Tributaria necesita incrementar el número de efectivos dedicados a la lucha contra el fraude fiscal para disponer así de una plantilla bien dimensionada y eficaz", dicha propuesta responde "a motivos diferentes a la consecución de mayor eficacia contra el fraude fiscal", alegaban.
En este sentido, la plantilla de la Agencia Tributaria a finales de 2013 era de 26.231 empleados, de los que 2.398 eran funcionarios del grupo A1 (Inspectores y otros cuerpos), y 7.777 del grupo A2 (Técnicos y otros cuerpos). Con la propuesta de Gestha, "habría alrededor de 30.000 inspectores y 7.000 técnicos, por lo que en términos militares, tendríamos un ejército en el que la mayor parte de sus efectivos son generales, sin apenas soldados", incidían. Al hacer suya esta propuesta, se entiende que, hasta ahora, Gestha defendiera con tanta intensidad a Podemos, en general, y a Monedero, en particular, según añaden dichas fuentes.
Las explicaciones de Gestha
En declaraciones a Libre Mercado tras la publicación de este artículo, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha querido matizar que "es necesario ver la firma y el contenido de los contratos" para comprobar la existencia o no de irregularidades fiscales en el caso de la sociedad de Monedero.
Si el contrato en cuestión fue firmado por Monedero, se trataría de una "sociedad pantalla"; pero si, efectivamente, la actividad se ejecutó a través de la empresa, habría que comprobar la asignación o no de una retribución al número tres de Podemos (operación vinculada) por ese trabajo y realizar el consiguiente ajuste a valor de mercado.
En cualquier caso, según los cálculos de Gestha, si bien, "probablemente, habría una infracción tributaria", la cantidad defraudada no alcanzaría el umbral mínimo para ser considerado como delito fiscal (120.000 euros).
Por otra parte, Mollinedo afirma que "no damos un cheque en blanco a Podemos". "Nos limitamos a ofrecer opiniones técnicas que pueden ser contrastadas por cualquiera". Por último, en cuanto a su relación con el partido de Iglesias, aclara que el sindicato mantiene "conversaciones periódicas con Podemos" para trabajar en propuestas sobre reforma y fraude fiscal, pero "no hemos firmado ningún pacto".