Un reciente informe de Oxfam presentaba este título notable: "Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe", y empezaba así:
La recaudación tributaria en Latinoamérica y el Caribe es baja en relación con su potencial y no se corresponde con las inmensas necesidades sociales de la región.
De entrada este lenguaje es equívoco e inquietante. El apellidar a la justicia, llamándola "fiscal", es característico del pensamiento único y sólo puede invitar a la coacción: en efecto, justicia fiscal jamás quiere decir bajar los impuestos, lo que es una curiosa identificación de la justicia con el quebrantamiento de los derechos de los ciudadanos a conservar lo que es suyo. Para arribar a esta inquietante conclusión es necesario pasar por el truco de que lo desigual es injusto y de que lo justo no es ya la igualdad ante la ley sino al revés: lograr que la ley nos haga iguales a la fuerza. En otras palabras, se define lo injusto como justo.
A partir de ahí llega el despropósito de creer que se puede determinar cuál es el "potencial" de una comunidad para ser saqueada por sus autoridades, y a pretender justificar la usurpación en términos de "las inmensas necesidades sociales". Por supuesto, entre esas gigantescas necesidades jamás se toma en consideración la circunstancia de que igual las personas necesitan que el poder no viole sus derechos. Al contrario, se define la "necesidad social" como algo que inevitablemente requiere dicha violación.
Hay excursiones hacia los habituales paraísos de la corrección política: "promover la diversificación económica y el desarrollo de actividades ecológicamente responsables y generadoras de empleos de calidad", como si eso fuera algo que las autoridades son capaces de lograr recortando las libertades de sus súbditos. Y que tal recorte es el objetivo fundamental resulta indudable. Oxfam habla de "un sistema fiscal justo y equitativo" ligándolo a "la función redistributiva del Estado", cuya naturaleza coercitiva debe ser potenciada:
Los sistemas tributarios deben equilibrarse hacia modelos más progresivos, en los que se grave más la riqueza y la propiedad y no solamente el consumo y el salario.
No hay ninguna forma de concluir de todo esto que el poder deba respetar los derechos del pueblo. Igual que del anhelo de lograr una "participación ciudadana efectiva que represente los intereses de los grupos históricamente desfavorecidos" no hay manera de concluir que Oxfam incluye a los contribuyentes entre los "históricamente desfavorecidos".