"La reforma del sistema de financiación autonómica realizada en el año 2009 no ha cumplido ninguno de los objetivos que pretendía". Teniendo en cuenta que el nuevo modelo se gestó como un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y sus aliados de ERC, no es raro que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) critique con tanta dureza su diseño.
Lo extraño, quizás, es que lo haga en este momento. Se suponía que el sistema tenía una duración de un lustro. Por lo tanto, 2014 era el año previsto para su reforma. Además, algunas de las comunidades gobernadas por el PP no están nada contentas con el reparto de fondos que resulta de la aplicación de la norma aprobada por Rodríguez Zapatero. Sin embargo, a pesar de todo esto y de que se especulaba con que habría nuevo modelo antes del final de la legislatura, Cristóbal Montoro ha parado la reforma.
Por eso, llama la atención que la Fundación más cercana al PP publique precisamente ahora un informe que califica de "fracaso" y "reforma política" el modelo actualmente vigente y que el ministro de Hacienda se ha comprometido a mantener al menos un par de años más para "no generar más agravios o enfrentamientos entre regiones". En la misma semana en la que la Comunidad de Madrid anuncia que no se acogerá al fondo de financiación común que prepara el Ministerio, FAES le da la razón (de forma indirecta) al Gobierno de Ignacio González en su principal queja: el sistema es injusto, no cumple ninguno de los objetivos buscados y Madrid es la peor tratada.
Las críticas de FAES
El informe se titula "Modelo de financiación autonómica 2009. El fracaso de una reforma política" y está firmado por Juan José Rubio, de la Universidad de Castilla La Mancha, y Santiago Álvarez, de la Universidad de Oviedo. No es un documento muy extenso, pero sus 20 páginas son suficientes para explicar con bastante claridad un tema tan complejo como el de la financiación autonómica española. Más allá de que se esté de acuerdo o no con sus conclusiones, lo cierto es que aclara bastante conceptos en una cuestión que siempre ha sido muy oscura para el ciudadano medio.
El estudio es muy crítico con el modelo de financiación pactado en 2009. Los autores no dejan títere con cabeza. En su opinión, ninguno de los objetivos que se pretendía alcanzar con la reforma se han cumplido:
- "En la vertiente de la suficiencia, no ha servido para garantizar la sostenibilidad financiera de las CA, no incorporando ningún elemento que garantizara la suficiencia dinámica del modelo.
- En términos de equidad se perseguía un doble objetivo: garantizar la prestación de los servicios básicos del Estado de Bienestar en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, en términos de población ajustada o unidad de necesidad y la corrección de las diferencias de financiación entre CA por unidad de necesidad. Ninguno de estos objetivos ha sido cubierto.
-
Si el objetivo político de la reforma era acomodar el sistema de financiación autonómica al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, frenando posteriores demandas nacionalistas, es evidente a tenor de la situación actual que el fracaso ha sido rotundo".
Su análisis no se queda aquí. El informe tiene varias tablas detallando cómo estaban las CCAA con el modelo de 2001, con qué datos se inició el del 2009 y cómo han quedado desde que se inició su aplicación. Los autores creen que "el sistema no es equitativo horizontalmente", ya que genera importantes diferencias de financiación por habitante entre regiones. Por ejemplo, en la siguiente tabla, que muestra la capacidad de recaudación de cada región y su financiación, se muestra cómo Madrid, por ejemplo, siendo la que más aporta por habitante (135,67 siendo 100 la media nacional) es luego la tercera que menos recibe (94,52 respecto a 100).
Por eso, denuncian que "el resultado final resulta particularmente arbitrario. Madrid es la que resulta más perjudicada, situándose su financiación total muy por debajo de la media". En realidad, como explican, se dan todos los supuestos posibles: "Comunidades con capacidad fiscal superior a la media mantienen o incluso mejoran sus resultados después de la nivelación, mientras otras los empeoran. En el otro extremo, regiones con capacidad fiscal inferior a la media continúan por debajo de ésta después de la nivelación, mientras otras mejoran sus resultados".
La oportunidad perdida
El informe no se queda en la crítica al modelo de 2009. De hecho, una parte muy interesante es la dedicada al modelo de 2001 y a cómo podía haberse afrontado su reforma. Los autores insinúan que se perdió una muy buena oportunidad para plantear un sistema que encajase con las necesidades de Gobierno y comunidades autónomas y que fuese duradero en el tiempo.
Para empezar, hay que recordar que un aspecto positivo del sistema de 2001 respecto al actual es que aquél era mucho más sencillo. Es decir, para los ciudadanos era relativamente fácil comprender cómo se distribuían los fondos y para las regiones anticipar sus ingresos. El problema de aquel modelo era, quizás, su ajuste año a año.
Por eso, Rubio y Álvarez apuntan a que se debería haber acometido una "actualización" que no habría sido demasiado complicada, incrementando el peso de los tributos cedidos por el Estado e incorporando un nuevo mecanismo que actualizara en cada ejercicio las variables que determinan las necesidades de gasto (fundamentalmente, la población).
Pero nada de eso se hizo. En su lugar se prefirió un sistema muy complejo, con varios fondos de complicada justificación y con compensaciones entre regiones difíciles de calcular previamente. El propio Antonio Beteta, entonces consejero de Hacienda de Madrid, denunciaba "la inexistencia de una verdadera negociación, salvo la efectuada entre el Gobierno y el tripartito", que desembocó en un modelo en el que "los ejecutivos regionales no tenían un conocimiento real del alcance del mismo y sus necesidades presupuestarias".
Ahora, el Ministerio en el que Beteta es secretario de Estado de Administraciones Públicas ha parado la reforma. Aquel sistema, que tan malo parecía a los políticos del PP en 2009, se da por bueno... al menos hasta las próximas elecciones. Como apuntamos, Montoro se ha justificado: "No hay que generar más enfrentamientos".