El pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas daba el visto bueno a su informe anual sobre fiscalización de estados contables de partidos políticos. Una de las peculiaridades de este informe es que se corresponde al año 2012, dado que este organismo público trabaja con varios años de retraso en este tipo de información pública.
Aunque extenso y detallado, este informe no recoge datos como en qué se gastan el dinero los partidos políticos. Sin embargo, la información recabada ha sido más que suficiente como para que la fiscalía observe "indicios de delito en las finanzas de todos los partidos", como dice este lunes el diario El País. Los delitos van desde la condonación ilegal de deudas, a la segregación de cuentas, pasando por extraños préstamos a fundaciones.
Sin ir más lejos, el propio informe del TC dice que "del análisis de las cuentas presentadas se observa la existencia de nueve formaciones políticas que presentan a cierre de los respectivos ejercicios un desequilibrio pasivo-activo".
Respecto a los recursos privados (cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes), el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre el incumplimiento de la Ley Orgánica 8/2007, que contempla que dichos "recursos deberán abonarse en cuentas de entidades de crédito abiertas exclusivamente para dicho fin".
Otro de los aspectos polémicos es el que se corresponde a las "donaciones privadas no finalistas" recibidas por las formaciones políticas. Según el Tribunal de Cuentas, ascendía en 2012 a 6,4 millones de euros, de los que 5,5 millones corresponden a donaciones de personas físicas, mientras que 0,9 millones corresponden a donaciones de personas jurídicas. El problema es que algunas formaciones han incumplido la prohibición prevista en la Ley Orgánica 8/2007 de que los partidos no podrán aceptar o recibir donaciones anónimas. Además se incumple otro de los artículos de esta ley al no ingresar esas cantidades en cuentas bancarias exclusivamente destinadas a ingresos de esta naturaleza.
Los créditos bancarios suponen otra fuente de discrepancias entre el organismo fiscalizador y los partidos políticos. Duda el Tribunal de Cuentas sobre las condonaciones de parte de dichos créditos que ascendían entonces a 237 millones de euros.
Es más, el informe advierte sobre el incumplimiento de la Ley de Financiación de Partidos Políticos en su "prohibición para las formaciones políticas de desarrollar actividades de carácter mercantil de cualquier naturaleza".
Estas son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y recogidas por el fiscal jefe de este organismo en otro informe elaborado tras la auditoría presentada en junio por los técnicos del propio tribunal. Habla el fiscal de "condonación ilegal de deudas, cuentas sesgasdas en las que no se computan los gastos e ingresos reales, extraños préstamos a fundaciones e, incluso, donaciones ilícitas".
Por hablar de cifras concretas el fiscal indaga en 1,7 millones de euros que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) contabiliza como ingresos por servicios sin su correcta acreditación. También habla de 9,5 millones perdonados a Unió Democrática o los 1,3 millones de euros que el PP no tiene declarados al fisco. Del PSOE sospecha sobre su fundación y los préstamos, supuestamente falsos, que había recibido por 4,4 millones.
Éstas son sólo algunas de las cifras que no cuadran al fiscal y que éste hará llegar a la jurisdicción ordinaria para iniciar una investigación judicial.