El lenguaje que se usa, habitualmente, en el ámbito de la información económica está lleno de conceptos equívocos y maniqueos que sirven para adornar, manipular o tergiversar la realidad de los hechos con el fin de vender a la opinión pública una acción que, en el fondo, es injusta e ilegítima. Uno de esos términos es "rescate". A lo largo de la crisis, los estados de medio mundo han salido al "rescate" de bancos, empresas, particulares e instituciones de toda índole y condición, evitando o, al menos, posponiendo su quiebra durante algún tiempo. En España, el Gobierno de turno, primero en manos del PSOE y ahora del PP, también salió al "rescate", inyectando una gran cantidad de dinero público en las cajas de ahorros y en la Administración territorial para impedir su caída. Pero, aunque esta palabra tiene, sin duda, una acepción positiva, se trata, en realidad, de un gran robo y una profunda inmoralidad.
El Estado no rescata a nadie, sino que roba a todos (familias y empresas) para favorecer a algunos. Al escuchar ese dichoso concepto, se viene a la cabeza la imagen de un barco tirando un salvavidas a un náufrago en el medio del mar, cuando, en el fondo, debería asociarse a una comunidad de vecinos en la que los morosos contratan a un grupo de matones para que, arma en mano, extorsionen al resto de propietarios con el objetivo de sufragar los gastos del edificio, sus facturas de agua, luz y calefacción e incluso el pago del alquiler. Es evidente que si usted fuera uno de los damnificados, el "rescate" de esos vecinos morosos no sería, precisamente, plato de buen gusto, sino un puro y simple delito que habría que denunciar de inmediato ante los juzgados. Pues lo mismo sucede con las cajas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos rescatados, solo que, en este caso, al tratarse de un robo institucionalizado a través de los impuestos, las víctimas del atropello (contribuyentes) perciben la agresión de forma más atenuada y difusa, lo cual no significa que no se produzca. Ya saben: mal de muchos, consuelo de tontos.
¿Y a cuánto asciende aquí la cantidad sustraída? Por el momento, unos 155.000 millones de euros entre 2012 y 2014, divididos de la siguiente forma: 62.800 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 42.000 millones mediante el mecanismo de pago a proveedores y otros 50.000 millones inyectados a las cajas. La cifra total equivale a casi 9.000 euros por hogar. Fíjense que el coste del "rescate" autonómico (FLA) y municipal (proveedores) duplica al de las cajas de ahorros, y que, en ambos casos, además, se trata de instituciones públicas, no privadas.
Siendo esto grave, lo peor es que los políticos españoles pretenden, incluso, acentuar aún más este brutal latrocinio, ya que, por un lado, el pérfido ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, condonará el pago de intereses a las autonomías acogidas al FLA y mutualizará a partir de 2015 la deuda regional a través del Tesoro Público, de modo que todos los españoles pagarán de su bolsillo los despilfarros y excesos de las comunidades más díscolas e irresponsables, mientras que, por otro lado, la izquierda, en general, y Podemos, en particular, pretenden recuperar las ruinosas cajas de ahorros, impidiendo su privatización y creando una nueva estructura de banca pública cuyo coste sufragaríamos todos, previa extorsión estatal (impuestos). Es decir, de mal en peor.
Este tipo de estafas y tropelías nada tiene que ver con el capitalismo, sino con el socialismo de toda la vida. En el capitalismo se privatizan tanto las pérdidas como las ganancias, mientras que el socialismo socializa ambas mediante impuestos, transferencias y "rescates" públicos. La solución, por tanto, no radica en que el Estado inyecte ingentes cantidades de dinero en entidades o administraciones insolventes para evitar su quiebra, sino hacer uso de los mecanismos de mercado para corregir cuanto antes los errores cometidos de forma justa y legítima. En el caso de las cajas, posibilitando el denominado bail-in, que consiste en convertir deuda en acciones para que los acreedores sean los nuevos propietarios, asumiendo así su responsabilidad, sin necesidad de que el contribuyente aporte un solo euro; y en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, procediendo al habitual concurso de acreedores, en donde bancos y proveedores renegociarían con los políticos las deudas pendientes y, en última instancia, las administraciones tendrían que liquidar sus numerosos organismos inútiles, vender parte de sus activos y reducir su excesivo gasto para equilibrar sus cuentas y poder hacer frente a los servicios públicos esenciales.
Por desgracia, ninguna de estas dos opciones ha sido tenida en cuenta. Muy al contrario, el PP ha optado por socializar las pérdidas de las cajas y los dispendios de los políticos locales y autonómicos entre todos los españoles, diluyendo la responsabilidad de unos pocos sobre el conjunto de los contribuyentes. En definitiva, un robo y una inmoralidad.