El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no sólo ha aplicado una nefasta y abusiva política fiscal durante la presente legislatura, disparando los impuestos a las familias y empresas que sostienen este país en pie, sino que, no satisfecho con ello, también ha protagonizado una aberrante estrategia de financiación territorial, consistente en rescatar de forma indiscriminada a todas las Administraciones Públicas, al tiempo que premia a los políticos más despilfarradores e irresponsables.
El corolario de este particular sistema de incentivos perversos, diseñado a conciencia por Montoro, tendrá lugar el próximo martes, cuando el ministro presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su nuevo mecanismo estrella para auxiliar a las comunidades autónomas con mayor déficit público. En concreto, el Gobierno condonará el pago de los intereses de la deuda a las nueve regiones que se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dotándolas así de mayor margen presupuestario para seguir gastando a placer, pese a que la mayoría ha incumplido de forma reiterada los objetivos de estabilidad fiscal. Además, por si fuera poco, mutualizará toda la deuda territorial, de modo que, a partir de ahora, tanto los gobiernos regionales como los ayuntamientos se financiarán de forma directa a través del Tesoro Público. Es decir, la deuda de una región o localidad concreta recaerá sobre los hombros de todos los contribuyentes de España y no sólo de sus residentes, diluyendo por completo la responsabilidad de cada cual bajo la maniquea excusa del "interés general".
Se trata de un nuevo error gravísimo por múltiples motivos. En primer lugar, porque el rescate estatal de autonomías y ayuntamientos quebrados fue, desde el principio, un absoluto despropósito. El Gobierno central pagó, con el dinero de todos, los desmanes y excesos de algunas administraciones, impidiendo así su necesaria reestructuración mediante recortes de gasto y eliminación de organismos inútiles con el fin de volver a equilibrar sus cuentas. Montoro, por el contrario, acudió en su auxilio, evitando ese imprescindible saneamiento administrativo y manteniendo casi intacta la insostenible y elefantiásica estructura territorial. Y ello, a cambio de unos supuestos planes de ajuste que, en la mayoría de casos, no se han cumplido. De hecho, en lugar de exigir la aplicación de las medidas comprometidas, Montoro premia ahora a las regiones más incumplidoras con quitas y nuevas facilidades de financiación.
Esta forma de actuar supone una profunda inmoralidad, ya que pagan justos (los contribuyentes de las regiones más austeras y responsables) por pecadores (los políticos manirrotos), al tiempo que se incentiva la gestión más despilfarradora y contraproducente. El paradigma de este desaguisado es, sin duda, Cataluña, puesto que ha recibido más de 32.000 millones de euros del FLA y no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos de déficit. Normal. No en vano, para qué recortar y equilibrar las cuentas, con el consiguiente coste político que ello supone, si, al final, Montoro acude raudo y veloz a pagar las facturas con el dinero de todos. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano, las finanzas de Cataluña y otras regiones hace tiempo que deberían haber sido intervenidas, pero el Gobierno, muy al contrario, ha preferido recompensarlas.
El modelo de financiación autonómica vigente es un desastre sin paliativos, tal y como se ha encargado de demostrar esta crisis, pero Montoro ostenta el increíble mérito de haber extendido sus perversos efectos hasta límites insospechados. Así pues, el ministro de Hacienda se ha vuelto a superar a sí mismo, ya que va de récord (impuestos) en récord (perjudicial rescate regional) y, por tanto, de mal en peor.