Siento dar malas noticias a los taxistas... y a los conductores de Uber: sus empleos desaparecerán en una o dos décadas. En ciudad nos moveremos en coches eléctricos sin conductor, y será suficientemente barato, dados los ahorros en costes energéticos y de personal, como para que a la mayoría no nos merezca la pena tener coche propio. No dejarán de moverse atendiendo clientes mientras se les necesite y aguanten y aparcarán en instalaciones en las afueras, donde se encargarán de cargarlos para que vuelvan al trabajo lo antes posible.
Este es el futuro previsible, que posiblemente no tenga nada que ver con lo que pase, porque si hay algo que caracterice el futuro es que es cualquier cosa menos previsible. Pero si ese no es el escenario, se le parecerá mucho. La única amenaza son los intereses creados, los mismos que acaban de conseguir la prohibición de Uber en toda España. Confieso no ser usuario habitual; de hecho, este viernes fue la primera vez que lo utilicé. Y nos permitió llegar al aeropuerto por menos dinero que el que nos habría costado no ya en taxi, sino en metro. No es por mi interés como ciudadano, por tanto, que la justicia ha prohibido Uber; tampoco por nadie que yo conozca y haya utilizado el servicio. Es por los taxistas.
Es posible que el juez tenga razón y, con la ley en la mano, fuera su deber prohibir las actividades de Uber en España. Pero no cabe duda de que hubiera sido mucho más justo que hubiera actuado de la misma forma que el juez del primer relato de Robert A. Heinlein cuando unas compañías obsoletas vieron sus negocios en peligro por la innovación tecnológica:
Es un sentimiento creciente (…) la noción de que cuando un hombre o una compañía han sacado un beneficio del público durante un cierto número de años, el gobierno y los tribunales tienen el deber de salvaguardar esos beneficios en el futuro, incluso (…) contra el beneficio del público. (…) Ni los individuos ni las corporaciones tienen el menor derecho de acudir a los tribunales y exigir que el reloj de la historia sea detenido, o retrasado, en su beneficio particular.
Es fácil entender a los taxistas, como lo era entender a las discográficas hace quince años, cuando nació Napster. Tienen unos gastos enormes, fruto de una regulación creada cuando los costes de transacción e información eran mucho más altos. Con Uber se ahorra combustible y trabajo, porque los coches no tienen que estar dando vueltas en busca de clientes; no hace falta regular precios ni homologar taxímetros, porque los conductores no pueden timar a los usuarios cobrando más o utilizando una ruta más larga; no hay problemas con el cambio o la propina, porque todo se paga a través del móvil; coche y chófer deben estar a la altura, porque los votos negativos de los usuarios los sacan del sistema. Comprar una licencia de taxi, en cambio, es lo más parecido a aprobar una oposición. Ya puedes ser un experto timador de turistas o tener el taxi como una pocilga, que la licencia la conservas.
Eso no quiere decir, naturalmente, que los taxistas puedan permitirse tocarse el ombligo. Al contrario: trabajan como negros, atrapados en un sistema ineficiente que sin embargo defienden a capa y espada porque no conciben moverse en otro. Pese a los precios inferiores, un conductor de Uber puede ganar más que un taxista gracias a que no tiene que pagar lo que le ha costado a éste la licencia y a que está continuamente llevando gente en lugar de vagar por la ciudad o esperar en una parada. Lo que eliminan aplicaciones como Uber, Lyft y similares es, en definitiva, costes que hoy en día hacen el transporte innecesariamente caro. Un Gobierno responsable procuraría apoyar a los clientes mientras alivia la transición para los taxistas indemnizando por las compras de licencias no amortizadas, eliminando precios fijos y sustituyéndolos por precios máximos, etc. Pero no tenemos un Gobierno responsable, así que Uber seguirá prohibido. Hasta puede que le hagan una Ley Wert.