El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 mantiene ciertas partidas de gasto que, a lo largo de los últimos años, han sido criticadas por diversos analistas políticos y económicos, bien debido a su coste para los contribuyentes, bien por lo difícil que resulta pedir austeridad a los ciudadanos mientras se mantienen gastos no estructurales.
Tomemos el caso de la Fundación de Mediación y Arbitraje: la presencia en el Consejo Económico y Social recibe anualmente una subvención de 1,3 millones de euros al año. Otro caso polémico es el de la Fundación Tripartita: esta entidad, compuesta por CEOE, UGT y CCOO, ingresa de los Presupuestos Generales más de 31 millones de euros para "cursos de formación".
La ineficiencia de las instituciones también cuesta dinero al contribuyente. Por ejemplo, los retrasos en procesos judiciales ligados a procesos laborales cuestan 5,5 millones de euros al erario público. Otro ejemplo es la gigantesca partida dedicada al encargo de trabajos técnicos a empresas y profesionales: supone 413 millones de euros cada año.
Incluso en el gasto corriente parece que las Administraciones pueden seguir ajustándose el cinturón. Los Ministerios presupuestan para 2015 unos 317 millones de euros para la luz, así como 291 millones de gasto telefónico o 113 millones de presupuesto para la compra de material de oficina. Más llamativa aún es la sección dedicada a "reuniones y conferencias" de los Ministerios: hablamos de casi 50 millones de euros consignados para este tipo de citas.
El amplio patrimonio inmobiliario del Estado español no evita, por otro lado, que en 2015 se vayan a gastar 193 millones de euros en concepto de arrendamiento de edificios. A esto se unen los 170 millones que cuesta "reparar y mantener" los centros de trabajo.
"Altos cargos" y "asesores"
Sin duda, el ejemplo que más enfado suele generar cuando se conocen las cifras anuales es el de los "altos cargos" y los "asesores": los primeros cuestan cada ejercicio más de 70 millones de euros, mientras que los segundos ascienden a 40 millones.
También llama la atención que los ex presidentes y ex altos cargos reciban en 2015 "indemnizaciones por cese" que ascienden a más de un millón y medio de euros. En cualquier caso, la cifra se queda pequeña cuando la comparamos con los sueldos de los parlamentarios en activo: 33 millones en retribuciones directas y 19 millones en complementos y compensaciones varias.
¿Quieren más? Las subvenciones a los grupos políticos suponen 16,5 millones de euros; Congreso y Senado gastan 32 millones en material de oficina; el sueldo de los asesores parlamentarios supone un desembolso de 9,2 millones… Con semejante panorama, no es de extrañar que el bar del Congreso acabe costando casi 950.000 euros al año, mientras que la cafetería del Senado supone casi 350.000 euros.