La capacidad confiscatoria de Hacienda parece no tener fin bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y las directrices fiscales de Cristóbal Montoro. No contento con haber protagonizado la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia, adelantando a IU por la izquierda, tras disparar el IRPF, el Impuesto de Bienes Inmuebles, Sociedades e IVA, entre otras muchas figuras, el Ejecutivo del PP ha colado un nuevo sablazo en la reforma fiscal aprobada el pasado jueves en el Congreso, que, una vez más, atenta contra el espíritu empresarial, la inversión y el ahorro, los tres pilares sobre los que se asienta la capacidad de generar riqueza y empleo de un país.
La medida en cuestión consiste en implantar un impuesto de salida (exit tax) con el que castigar a todos aquellos contribuyentes que, a partir de un determinado patrimonio financiero, decidan salir de España por motivos laborales o de cualquier otra índole, decretando así una especie de corralito fiscal con el ilusorio y muy perjudicial objetivo de evitar o frenar posibles fugas de capital. En concreto, desde el próximo 1 de enero, quienes posean acciones o participaciones empresariales por valor superior a 4 millones de euros o, al menos, el 25% de una empresa valorada en más de un 1 millón, deberán declarar como renta de ahorro las plusvalías latentes -diferencia entre el valor de adquisición y de mercado- si deciden salir del país. Es decir, tendrán que pagar a Hacienda por unos beneficios que todavía no existen e incluso podrían no llegar a materializarse, puesto que el contribuyente en cuestión no ha vendido dichos activos.
Se trata, en definitiva, de un hachazo desproporcionado, injusto y, muy probablemente, ilegal ideado contra los empresarios y los inversores en nuevos proyectos (start up) bajo la absurda excusa de evitar una hipotética fuga de capitales al extranjero. Este impuesto de salida es nefasto por múltiples motivos. En primer lugar, porque demuestra que la tributación confiscatoria del actual Gobierno no se ha reducido un ápice. De hecho, aunque el PP ha intentado vender la reforma fiscal como una bajada de impuestos, lo cierto es que, cuando se analiza en detalle el proyecto, se descubre que la tímida e insuficiente reducción del IRPF para 2015 y 2016 se ve contrarrestada mediante la eliminación de deducciones sobre la vivienda y numerosas exenciones a las empresas, además de esconder desagradables sorpresas, como una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles a través de la revisión al alza de los valores catastrales o este escandaloso impuesto de salida a los inversores.
En segundo lugar, porque esta medida ataca la fuente primaria de la riqueza, castigando a los empresarios y a los grandes ahorradores que pretenden invertir en nuevos proyectos, minando así el potencial de crecimiento y creación de empleo de España. Pero es que, además, constituye un abuso injustificable, ya que viola de forma explícita la libre circulación de personas y capitales en la UE, al tiempo que coarta la libertad de cada cual a la hora de elegir su lugar de residencia. Por último, lejos de evitar hipotéticas fugas de capitales, lo único que va a conseguir este nuevo montorazo no es más que ahuyentar posibles inversiones foráneas en un momento en el que España necesita justo lo contrario para poder salir del hoyo de la crisis cuanto antes. El PP se ha equivocado desde el principio en política económica y, sobre todo, fiscal, y este nuevo engendro es otra prueba inequívoca de dicho error.