El PSOE andaluz prometió una Ley de Inclusión Social en 2008. Seis años después, a pesar del agravamiento de las condiciones de vida en Andalucía con un 35 por ciento de paro y de que, según Cáritas, un millón de andaluces, en torno a 334.000 hogares, sufren una situación de exclusión severa, la ley sigue sin aprobarse.
El PP andaluz ha pedido a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que apruebe de una vez por todas la Ley de Inclusión Social que prometieron en 2008. Tanto el PP andaluz como IU como las organizaciones sociales trenzadas en la plataforma "Compromiso social por Andalucía" vienen pidiendo reiteradamente la Ley. Ahora estas 30 organizaciones sociales han presentado una "Iniciativa Legislativa Popular" para que los 280.000 hogares sin ingresos dispongan al menos de una renta básica de 426,05 euros.
El PP no se explica cómo después de un año de trabajo de los distintos grupos políticos para elaborar la Ley de la Renta Básica en el Parlamento andaluz y, a pesar de que ya está prácticamente finalizada, "la Junta no contempla en los presupuestos para 2015 ninguna partida para dicha ley, a pesar de las muchas horas de trabajo y de los más de 60 comparecientes. Esto supone una falta de respeto hacia el Parlamento".
Menos explicación aún tiene para los populares andaluces que IU haya aprobado con tanta urgencia la creación de una Banca Pública en Andalucía y que haya condicionado la aprobación de los presupuestos a la creación de dicho ente y, sin embargo, no lo haya hecho con la Ley de la Renta Básica. "IU ha olvidado a los más vulnerables para centrarse en la banca", ha dicho la vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP andaluz, Ana Vanesa García.
El presupuesto de 2015 de la Junta de Andalucía no garantiza la protección social porque de 29.625 millones con los que cuenta la Junta para su elaboración, solo 250 millones van destinados a programas sociales, "no llega ni al 1%". La popular recordó el informe de Cáritas Andalucía que señala que 2,1 millones de andaluces, que suponen el 25% de la población, viven en situación de exclusión social, y de esta cifra, un millón están en exclusión severa.
El PP andaluz reconoce que quienes desarrollan las políticas sociales son "las organizaciones, diputaciones y ayuntamientos, porque son estos quiénes adelantan constantemente el dinero para que se puedan desarrollar todas las acciones que van encaminadas a la prevención social". De hecho, la Junta adeuda 8 meses en materia de dependencia a los ayuntamientos y diputaciones. Esto es, la Junta invita y otros pagan. Mientras en 2012 había 190.000 usuarios de dependencia, ahora la cifra ha disminuido a 158.000, es decir, que se han caído del programa 32.000 usuarios pero sin embargo, la Agencia de la Dependencia ha mantenido su presupuesto en estos últimos tres años, algo más de mil millones de euros. ¿Dónde ha ido ese dinero?, pregunta el PP.
Iniciativa para que se apruebe la renta básica
Las organizaciones sociales proponen, resume ABC, una prestación mensual del 80 por ciento del Iprem (el antiguo Salario Mínimo Interprofesional), 426,08 euros, cantidad que iría aumentando según los miembros de la familia hasta llegar a 681 en el caso de cuatro miembros. La prestación no es universal sino que para percibirla sus requisitos son no tener ingreso alguno y comprometerse a un itinerario de reinserción social. Siendo como es un varapalo al gobierno de la Junta y a la lentitud del Parlamento andaluz, PP e IU dicen comprender la iniciativa por la incapacidad del PSOE.
Según Rosario Soto, del PP, "la renta básica está pensada para todo el año (el salario social es para seis meses) y también se ampliaría el número de personas a recibir la ayuda. Soto ve compatible la labor de los partidos políticos de cara al futuro proyecto de ley con la Iniciativa Legislativa Popular, que en cualquier caso, de ser aceptada su tramitación, necesita el aval de 40.000 firmas.
El PP, contrario a una renta básica universal, sí admite la ampliación del salario social para cubrir las necesidades de los que lo pasan francamente mal si se puede hacer y cree que es posible porque la Junta dispone de más de 29.000 millones de euros de presupuesto para el año 2015.
Soledad Pérez, del Grupo Socialista, cree que debe haber una contraprestación para que los beneficiarios sigan un itinerario de inserción laboral o social, o de los dos que sea de obligado cumplimiento. Será una prestación económica con acompañamiento, y en eso parece que hay bastante consenso por parte de todo el mundo. Según ella, es preciso ordenar las ayudas que otorga la Junta y aglutinarlas en una sola, la renta básica. La Junta destina 90 millones anuales al salario social y reparte además casi 160 en otras medidas para combatir la pobreza. Los 300 millones que se proponen en la Iniciativa Popular no parece ser un disparate.
Manuel Baena, parlamentario de Izquierda Unida, habla de atender a las personas individualmente, no a las familias, como ocurre con el salario social y de una duración de la prestación mientras persista la situación de necesidad.
La Plataforma "Compromiso Social por Andalucía", que ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular con el mismo fin está compuesta por los sindicatos UGT y CCOO, organizaciones de consumidores, federación de asociaciones de la prensa, asociaciones de fuerzas de seguridad, coordinadoras de ONG y grupos de defensa de la sanidad y de los mayores.