El Estado de Georgia se ha convertido en el primer territorio estadounidense que aprueba un tope legal para su Impuesto sobre la Renta. De acuerdo con el resultado del referéndum vinculante celebrado el día 4 de noviembre, este recargo (que se suma al tipo federal aprobado por el gobierno desde Washington para así determinar el gravamen total que deben pagar los contribuyentes) no podrá superar en ningún caso el 6%.
El apoyo a la medida ha sido generalizado. En opinión del dirigente republicano David Shafer, "esta medida consolida el estatus de Georgia como un Estado de impuestos bajos. Aprobar un tope impositivo mejora la competitividad de nuestro territorio, pues supone enviar una clara señal de estabilidad para los agentes económico".
La medida aprobada por los ciudadanos de Georgia no se explica sin antes considerar las dinámicas de competencia tributaria que influyen en el desempeño fiscal de este territorio. De entrada, conviene recordar que el Estado vecino de Georgia es Florida, donde ni siquiera existe un recargo en el Impuesto sobre la Renta.
Por otro lado, las políticas fiscales de los demás Estados que comparten frontera con Georgia también actúan como una palanca a favor de las rebajas de impuestos. Por ejemplo, en Alabama el gravamen es del 5%, mientras que en Tennessee es del 6%, pero solamente se aplica a las rentas del capital. Un último caso es el de Carolina del Sur, donde sí hay un gravamen más alto (7%).
La histórica "Proposición 13" de California
La medida aprobada por Georgia recuerda, por ejemplo, a un referéndum aprobado en el Estado de Illinois que obliga a mantener una distancia constante entre los tipos del recargo aplicado en el Impuesto sobre la Renta y el gravamen estatal del Impuesto de Sociedades.
Sin embargo, más influyente aún fue la "Proposición 13" que los ciudadanos de California aprobaron en referéndum en los años 70 del siglo pasado. Esta consulta se originó como protesta a los excesivos impuestos sobre la propiedad que aplicaba el Estado de la Costa Oeste. Desde entonces, el "IBI californiano" tiene un tope y las subidas de impuestos requieren dos tercios de los votos del Parlamento estatal.
En cualquier caso, estas medidas no han sido suficientes para frenar el continuo aumento de la presión fiscal en California, que se mantiene como uno de los territorios de la Unión con menor atractivo tributario para empresas y familias.