El Ayuntamiento de Barcelona ha congelado las licencias de apartamentos turísticos en toda la ciudad. El consistorio ha aprobado un Plan Especial Urbanístico para cercar a las viviendas de uso turístico en el que prohíbe la expedición de nuevas licencias hasta que los responsables del cabildo de la Ciudad Condal lo consideren oportuno. Así, el número de pisos turísticos en Barcelona se congela en los 9.606 actuales. La normativa también impide los traspasos.
Según el texto, al que ha tenido acceso Libre Mercado, "la potenciación de la ciudad de Barcelona como polo turístico mundial ha conllevado la proliferación de este tipo de alojamiento de manera excesivamente concentrada territorialmente en determinadas áreas del municipio y con ella la aparición de problemáticas relacionadas con las afectaciones reales de la actividad sobre la población residente habitual, que alteran el tejido social existente y el equilibrio entre zonas".
El documento justifica la prohibición total por supuestos problemas de convivencia vecinal que ocurren de forma generalizada. Las asociaciones de apartamentos turísticos denuncian que se ha utilizando el conflicto de la Barceloneta, un hecho que ha ocurrido en una zona concreta de Barcelona, como excusa para acabar con todas las viviendas destinadas para uso vacacional en la ciudad.
"Se ha detectado, además, que la actividad de la vivienda de uso turístico conlleva manifiestos problemas de convivencia, especialmente cuando ésta convive en un mismo edificio con usos de vivienda habitual o cuando se ubica en inmuebles en tramas urbanas de casco antiguo", señala el texto.
¿Es la prohibición la mejor solución a este problema? ¿La conducta incívica de un turista está relacionada directamente con la modalidad de alojamiento que elija? ¿Dónde queda el derecho del dueño de una vivienda a alquilar libremente su propiedad? El plan del Ayuntamiento de Barcelona no se plantea estas cuestiones.
Se suspendió por un año
Con esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona hace un nuevo guiño al sector hotelero, que ha iniciado desde hace varios meses una guerra contra los apartamentos de uso turístico, tanto legales como ilegales.
La Ciudad Condal se convirtió en la abanderada del sector hotelero cuando el pasado 30 de abril anunció que suspendería por un año la expedición de licencias turísticas a los apartamentos de la ciudad y sólo otorgaría nuevos permisos a bloques enteros y no a viviendas situadas en edificios residenciales. Seis meses después, la prohibición es total y por un tiempo indeterminado.
El sector de los apartamentos ha denunciado que "el lobby hotelero está detrás" de la persecución que está viviendo el apartamento turístico y prueba de ello es que sí se siguen otorgando licencias para abrir hoteles en Barcelona.
Multas por no tener licencia
Mientras el Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido la expedición de licencias, anuncia que va a multar a los apartamentos que operen de forma ilegal, dejando en el aire el futuro del sector y de sus propietarios.
"En lugar de limitar las licencias, lo que genera un mercado negro de pisos sin permisos, el Ayuntamiento debería encargarse de hacer cumplir las normas básicas de convivencia en la ciudad, así de sencillo", asegura el director de Ghat Apartments, Jordi Tell. "El Ayuntamiento debe fomentar a los empresarios serios, en lugar de incentivar la economía sumergida", añade.
Además de las multas, el texto recoge que Barcelona "reforzará las inspecciones" para aflorar la vivienda vacacional. El método que seguirá el consistorio será similar al que ya se ha lanzado en la Barceloneta y que ha puesto a varios equipos integrados por técnicos municipales y agentes de la Guardia Urbana a inspeccionar aleatoriamente el barrio.
Una vez seleccionado el bloque, los equipos comprueban puerta a puerta la identidad de los vecinos que residen en ellos y recaban información de éstos sobre la posible existencia de apartamentos ilegales en el bloque. De detectar viviendas alquiladas ilegalmente a turistas, los inspectores abren el expediente administrativo correspondiente, mientras que los agentes de la Guardia Urbana tienen como cometido sancionar las conductas que vulneren las ordenanzas municipales. Los controles se realizan de oficio, sin que exista una denuncia previa.