El pasado día 6 la Junta de Andalucía anunció que iba a solicitar al Banco de España una ficha bancaria para crear una banca pública. Al día siguiente IU condicionó su respaldo al presupuesto andaluz de 2015 a la tramitación de dicha ficha y UGT-Andalucía tildó la iniciativa de "necesaria". En cuanto a CCOO, apoyó la creación de un gran banco regional tras haber exigido en el pasado una banca pública "que financie lo que no haga la privada".
Todo ello ocurrió después de que estallase el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Este escándalo ha costado la dimisión o la expulsión a varios afiliados de PSOE, IU, UGT y CCOO (mención especial merece el consejero de IU Moral Santín: fue quien más dinero gastó con la tarjeta, al efectuar 700 retiradas de efectivo por valor de 366.500 euros. Moral Santín publicó en 1986 el visionario libro La acumulación de capital y su crisis).
Si la definición de la locura es repetir las mismas acciones esperando tener resultados distintos, la izquierda andaluza demuestra estar loca de remate. Negar la evidencia de los abusos y disfunciones del modelo de banca pública cuando, además de su quiebra, se ha llevado por delante a varios compañeros de partido/sindicato es digno de un imitador de Napoleón embelesado con el reflejo de su figura en el espejo. Para quien tenga alguna duda de que las cajas de ahorro eran banca pública, Juan Ramón Rallo las disipa en este artículo. Como bien dice Rallo, las cajas hicieron lo que ahora se pretende que haga la banca pública: dejar de maximizar el beneficio privado y centrarse en facilitar crédito a los ciudadanos, así como en fomentar la obra social.
El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha puesto en evidencia la lógica inherente a una banca regida por supuestos políticos; es la lógica de la "paz social" comprada con el dinero de los demás. La forma de poner de acuerdo a políticos y agentes sociales fue concediéndoles prebendas varias financiadas con el dinero de los clientes y -tras la inevitable quiebra- de los contribuyentes. Todos los que hayan tenido responsabilidades públicas frente a las cajas de ahorro –y Caja Madrid es, por desgracia, sólo una entre muchas cajas fracasadas– deberían asumir su error y jurarse no repetirlo nunca. Me incluyo entre ellos.
Los máximos responsables de la Junta de Andalucía no se incluyen. Antes he dicho que deben de sufrir algún tipo de locura, no sé si pasajera, para promover hoy una banca pública. Pero, pensándolo bien, quizá hayan hecho un cálculo político. Imaginemos que se crea una Caja Andaluza de Crédito y Ahorro (CACA). Los sindicatos, evidentemente, estarían representados en los máximos órganos de gobierno de la CACA para tutelar su "función social". Estos mismos sindicatos son los que, previsiblemente, van a tener que hacer frente a millonarias responsabilidades por el escándalo de los ERE y de los cursos de formación. Recordemos que la Junta ya ha empezado a reclamar reintegros a UGT; concretamente, 4,9 millones de euros en septiembre. La cosa no hará más que agravarse cuando la Unión Europea exija el reembolso de sus fondos y cuando la Justicia condene a los sindicatos. ¿De dónde saldrá el dinero para hacer frente a estas millonarias demandas? ¿De las cuotas de los afiliados sindicales?
¿No sería, más bien, una CACA la solución al problemón financiero que se les viene encima a los sindicatos y, por ende, a la Junta de Andalucía? Amparada por su función social, la CACA sería, en la práctica, la salvación para el entramado socialista en Andalucía. Aprobaría los créditos necesarios para que los sindicatos saliesen del paso y salvaría la cara a la Junta. Evidentemente, la CACA acabaría quebrando por culpa de los impagos. Pero quebraría cuando los responsables de crearla y saquearla se hubiesen jubilado ya. Y sería el Estado el que la rescatase. Es decir, los contribuyentes españoles. Como siempre.
Quizá sea ésta la lección que ha sacado la izquierda gobernante en Andalucía de la quiebra de las cajas de ahorro y que ahora piensa repetir en su provecho.