De los 2.693 millones de euros que Andalucía cargó al plan de pago a proveedores de Hacienda, el 65%, casi 1.800 millones,correspondían a facturas sin fiscalizar por la Intervención según la Cámara de Cuentas y que se agruparon en la cuenta 409. Precisamente, este es el mismo método utilizado en todos los fraudes conocidos y actuales como el de los ERE, las facturas de UGT, los cursos de formación, etc.
Con dinero del gobierno de España, la Junta de Andalucía pagó centenares de miles de facturas que no habían sido fiscalizadas por el interventor. Recuérdese que el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en marcha un mecanismo de urgencia y extraordinario para aliviar la elevada morosidad de las administraciones públicas. El Plan de pago a proveedores permitía abonar los recibos pendientes anteriores al 1 de enero de 2012 mediante un préstamo del Instituto de Crédito Oficial.
Pero el gobierno de José Antonio Griñán cargó al plan estatal de pago a proveedores 1.750,76 millones de euros en facturas que no habían sido revisadas ni cotejadas previamente por la Intervención General de la Junta. Fueron más de medio millón de facturas correspondientes en su mayor parte a gastos sanitarios y farmacéuticos.
La Cámara lo dice de este modo: "2 El importe pagado a proveedores mediante este mecanismo ha sido de 2.693,53 M€. De este importe, un total de 1.750,76 M€ se correspondía con obligaciones pendientes de imputar a presupuesto antes del 1 de enero de 2012 y, por tanto, contabilizado en la cuenta 409 tanto en la Junta como en las distintas agencias en 2011."
Y lo hizo de manera deliberada puesto que, como cuenta ABC, para evitar los controles previos de la Intervención, el Consejo de Gobierno acordó el 26 de junio de 2012 convalidar "la omisión de la fiscalización previa en la adquisición de aquellas obligaciones incluidas y pendientes de liquidar con cargo al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas".
La Junta no mostró el documento ni informó del mismo a los medios de comunicación, pero fue firmado por Griñán, su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo tras la deliberación de su consejo de gobierno.
Al eludir, de nuevo en este caso, el proceso de fiscalización cabe la posibilidad de que se hayan pagado gastos injustificados o que se hayan dado por buenos documentos contables con errores e irregularidades.
Andalucía cargó al plan del Ministerio de Hacienda una deuda -que databa a veces de 2004 -, con proveedores de 2.693,53 millones de euros. De ellos el 65 por ciento correspondía a gastos que no tenían la debida autorización de la Intervención, encargada del control interno de la gestión económico-financiero del sector público autonómico.
El gobierno andaluz adujo que podía prescindir de la preceptiva autorización de la Intervención porque ese fue el acuerdo adoptado el 6 de marzo de 2012 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este organismo que presidía Cristóbal Montoro admitía que las comunidades incorporaran facturas pendientes de imputar a presupuestos y la Junta aprovechó el resquicio para colar medio millón de facturas sin fiscalización previa.
De los 2.693,53 millones de euros ( 743.496 facturas de 2.395 proveedores distintos) que la Junta imputó en 2012 al mecanismo extraordinario de financiación, 1.750,76 millones correspondían a gastos contraídos a espaldas de los controles de la Administración. Como ejemplo, destaquemos el Servicio Andaluz de Salud que hacía facturas al margen del presupuesto y no las contabilizaba como deuda comercial con terceros. A finales de 2011, la auditoría de la Cámara de Cuentas detectó ya 1.183 millones y al cierre de 2012, sumó 887 millones más de impagados.