El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran confiscador de España. Su última hazaña carroñera ha sido la de eliminar los coeficientes de abatimiento con su reciente reforma del IRPF, lo que implicará una gigantesca mordida tributaria sobre aquellos ahorradores que vendan sus activos de muy largo plazo, incluyendo entre éstos las viviendas. Las arcas públicas están vacías debido a que el volumen de gasto prácticamente no se ha achicado durante la era Rajoy y, por tanto, sólo queda rapiñar al contribuyente, incluso llegando al extremo de expropiarle el ahorro inmovilizado en su casa.
Mas la reciente reforma del IRPF también contiene una aparentemente bondadosa provisión que permitirá a algunos ahorradores escapar de las garras del ministro de Hacienda: si el propietario de la vivienda enajenada tiene más de 65 años y los ingresos derivados de la venta del inmueble –o de cualesquiera otros activos no inmobiliarios– se reinvierte en un seguro de renta vitalicia, entonces la plusvalía cosechada quedará exenta de tributar en el IRPF (art. 38.3 de la nueva Ley de IRPF). La justificación ofrecida por Hacienda es simple: se trata de promover el ahorro de cara a la jubilación, logrando así una renta adicional que complemente las cada vez más exiguas pensiones públicas.
En apariencia, Montoro aprieta pero no ahoga: al menos en este caso ha aparcado su voracidad recaudatoria para no machacar inmisericordemente a las personas que entran en la tercera edad. Claro que uno debería preguntarse lo siguiente: si de lo que se trata es de promover el ahorro de cara a la jubilación, ¿por qué Hacienda sólo exime de tributar las plusvalías reinvertidas en seguros de renta vitalicia? ¿Por qué no concede esa misma exención cuando el capital se reinvierte en cualquier otro vehículo de ahorro? Acaso al responder semejante pregunta descubramos que la motivación esencial de Montoro no es la compasión hacia los jubilados, sino su sobradamente conocido (y sufrido) afán por apropiarse de su patrimonio.
El de los seguros es el sector financiero que más invierte en deuda pública en términos relativos, por encima de la banca: a finales del primer trimestre de este año las aseguradoras poseían más de 87.000 millones de euros en renta fija estatal… el 70% de todos sus activos financieros (cantidad, por cierto, que se ha duplicado durante el trienio ominoso de Rajoy). Las aseguradoras necesitan contar con una cartera de activos muy seguros, con un amplio mercado secundario y con flujos de caja muy estables y previsibles: de ahí que la deuda pública sea una de sus inversiones predilectas.
En el caso de los seguros de renta vitalicia, esa vinculación con la deuda pública todavía se vuelve más intensa: los seguros de renta vitalicia son un producto financiero invertido esencialmente en deuda pública. A efectos prácticos, son una especie de imposiciones a plazo fijo que las aseguradoras inmovilizan en deuda pública: en la actualidad, un auténtico despropósito de inversión para los particulares debido a los bajísimos intereses que está abonando este activo y a los precios burbujísticos a los que cotiza (es decir, para el asegurado es ahora mismo un producto financiero de baja rentabilidad y de alto riesgo).
Por tanto, sí, Montoro ofrece una salida a los jubilados para evitar su rapiña más directa tras la supresión de los coeficientes de abatimiento, pero esa salida les conduce irremisiblemente al matadero de la (mala) inversión en deuda pública. Poco le importa a este Gobierno que sus incentivos fiscales conduzcan a los jubilados a tomar pésimas decisiones financieras (como tampoco le importó al Gobierno anterior que invirtieran masivamente en las participaciones preferentes con tal de recapitalizar de tapadillo a las cajas de ahorros). En este caso, lo esencial es que la desenfrenada avaricia del ministro de Hacienda queda colmada: ya sea con una confiscatoria recaudación –si los jubilados venden sus inversiones de muy largo plazo y no reinvierten sus ganancias en seguros de renta vitalicia– o con una mayor colocación de deuda pública burbujística –si venden sus inversiones y se acogen a los seguros de renta vitalicia–. Todo por la pasta: por la pasta del Estado.