El ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, ha defendido este jueves que empleó de forma "legal" la tarjeta de crédito a la que, según ha dicho, tenía derecho como miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid y que se considera una "víctima" de este caso, por el que ha sido relevado del cargo.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido a Abejas con motivo del uso de tarjetas "opacas" por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, del mismo modo que ha instado al patronato de la Fundación Caja Madrid a pedir que su actual presidenta, Carmen Cafranga, abandone el cargo. Cafranga ha dimitido horas después.
En declaraciones a Efe, Abejas se ha declarado "absolutamente" tranquilo con respecto al uso de la tarjeta de crédito y abierto a dar explicaciones en cualquier instancia, aunque ha recalcado que no está "encausado", "ni imputado ni llamado por nada".
El ex director general de Economía ha asegurado que el empleo de este tipo de tarjetas es habitual en el sector financiero y en todo tipo de grandes corporaciones, que declaró a Hacienda "todo" lo que Caja Madrid identificó como sus ingresos y que lo "único" que ha hecho es trabajar y cumplir con su obligación. Según Abejas, el "número dos" de Caja Madrid le dio en su día una tarjeta, cuyas únicas condiciones de uso eran no sobrepasar el límite de 25.000 euros y no realizar gastos inadecuados.
Por ello, ha recalcado que esta tarjeta suponía, junto al pago de dietas por asistir a determinados órganos de dirección, su única retribución acorde con la "responsabilidad seria" que tenía en la entidad. "No nos hemos reunido unos cuantos para ver cómo hacemos para llevarnos el dinero", ha aseverado.
El ex director general de Economía ha insistido en que no hizo un uso ilegal de esta tarjeta y que si ha habido un abuso o no en el caso de los miembros de Caja Madrid o Bankia que contaban con una "tendrá que juzgarlo quien corresponda". Abejas ha lamentado la polémica suscitada por esta "práctica habitual" que hasta 2009 se considera parte de los gastos de dirección de las grandes corporaciones bancarias y que, de calificarse como delito, supondría "encerrar a todos los directivos de España".
"Ganar dinero legítimamente no es delito", ha concluido el ex director general.