Los estadounidenses dedican 8.800 horas al año a rellenar formularios y papeleo burocrático. Este escalofriante dato, compartido por la Oficina de la Casa Blanca para la Gestión Presupuestaria, ha abierto un debate sobre la necesidad de frenar el acelerado pulso regulatorio de las Administraciones norteamericanas.
Ya en 2012, The Economist apuntó que Estados Unidos es un país marcado por la "sobrerregulación". Este 2014, la revista británica ha ido más allá y ha apuntado que "el blues del papeleo está dañando significativamente a las empresas estadounidenses, especialmente en el caso de las PYMEs".
El deterioro ha sido creciente en los últimos años. Por ejemplo, la Federación Nacional de Negocios Independientes de EEUU ha explicado que, a lo largo del último año, el número de empresarios que menciona la regulación como su principal problema se ha duplicado, pasando del 10% al 20%.
El Foro Económico Mundial ha analizado esta cuestión dentro de su Índice de Competitividad, concluyendo que el país del Tío Sam está alcanzando niveles muy preocupantes en este campo. Así, EEUU se queda en el puesto 80 de la tabla global. Países como Reino Unido y Alemania no salen mucho mejor parados, pero sí logran posiciones más aceptables (45 y 56, respectivamente).
Contra las grandes empresas
Las compañías de mayor tamaño no salen airosas de esta situación. De hecho, no pocas corporaciones se están viendo obligadas a desembolsar pagos millonarios para evitar que el incumplimiento regulatorio derive en causas judiciales.
Sobra decir que el incumplimiento de la ley siempre va ligado a la obligación de responder ante los tribunales, pero en numerosos ejemplos recientes, han sido instancias administrativas las que, apelando a regulaciones muy cuestionables, han arrancado miles de millones de dólares a aquellas empresas sobre las que la Casa Blanca ha puesto el foco.
Es el caso del supuesto "engaño" de los bancos en bonos ligados al mercado hipotecario. Entidades como Goldman Sachs o JP Morgan han desembolsado hasta 50.000 millones de dólares en el marco de un proceso que, a menudo, ocurre a puerta cerrada y, de acuerdo con The Economist, "parece más bien una criminalización de las grandes empresas que una aplicación razonable de las leyes. El secretismo y la opacidad de estos procesos es destructivo".
Una montaña de normas
De acuerdo con el Mercatus Center, centro de análisis económico de la prestigiosa George Mason University, "las regulaciones federales vigentes en 1950 estaban contenidas en trece libros de tamaño medio. Hoy, hacen falta 235 libros para contener todas las leyes y normas aprobadas por Washington. Esto significa que, en algo más de seis décadas, las regulaciones federales se han multiplicado ¡por dieciocho!".
Esta montaña de normas ha sido analizada en el Journal of Economic Growth, donde el estudio realizado para el periodo comprendido entre 1949 y 2005 concluye que la acumulación de nuevas normas ha reducido el ritmo de crecimiento económico de forma significativa, en el entorno del 2% anual.
"Si el volumen de normas se hubiese mantenido más o menos constante, el PIB per cápita estadounidense se habría expandido tan significativamente que cada ciudadano sería hoy más rico en aproximadamente $129.300 dólares".
Una nueva forma de exprimir al contribuyente
Para empresas y familias, las excesivas regulaciones se han convertido en una mordida adicional por parte de las Administraciones. El Gobierno de Obama aprobó en el último año diferentes normativas que van a costar a los estadounidenses más de 236.000 millones de dólares.
De hecho, el exdirector de la Oficina Presupuestaria del Congreso Douglas Holtz-Eakin estima que durante la Administración Obama, la burocracia y el papeleo introducidos desde Washington van a suponer una merma de 518.000 millones de dólares para el sector privado.