El Gobierno va a elevar los poderes de supervisión de la CNMV. Uno de los puntos más llamativos es que el organismo presidido por Elvira Rodriguez va a permitir a sus inspectores investigar de incógnito el funcionamiento de la banca española.
El último borrador de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, al que ha tenido acceso el diario Cinco Días, establece que el organismo podrá enviar a sus técnicos de forma anónima para evaluar cómo se venden los productos en las sucursales. Ejerciendo la misma labor que cualquier mistery shopping (el trabajador de una compañía que se hace pasar por cliente para comprobar de primera mano cómo funciona esta) los inspectores de la CNMV deberán detectar las posible irregularidades que se produzcan y evitar colocaciones en avalancha.
La CNMV podrá recabar, por medio de sus empleados, la información sobre el grado de cumplimiento de las normas que afectan a los mercados de valores por las entidades supervisadas, sin revelar aquellos su condición de personal de la CNMV, y en especial, respecto del modo que sus productos financieros están siendo comercializados, así como las buenas o malas prácticas que estas entidades pudieran estar llevando a cabo.
Otro de los puntos clave del texto, está en la capacidad de sanción. Hasta ahora, la CNMV se encargaba de imponer las sanciones graves y leves, pero las muy graves dependían en última instancia del Ministerio de Economía. Con la reforma, el organismo se limitará a informar al departamento que dirige Luis de Guindos de las sanciones, pero no dependerán de él. "Le remitirá con periodicidad trimestral la información esencial sobre los procedimientos en tramitación y la resoluciones adoptadas", dice el texto.
También, tal y como ocurre en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo de Rodríguez publicará inmediatamente la apertura de los expedientes que realice. Así, la CNMV emitirá un comunicado cada vez que abra una investigación por una posible conducta susceptible de sanción.
El proyecto está ahora en el Consejo de Estado, que emitirá un dictamen, y después se lo devolverá al Gobierno para que inicie su tramitación parlamentaria.