El gran símbolo de la remodelación del Gobierno galo es el recién nombrado ministro de Economía, Emmanuel Macron, que sustituye al que ha sido el cabecilla de la disidencia interna en el anterior gabinete, Arnaud Montebourg, cabecilla de ala más izquierdista del socialismo francés.
A Macron se le conoce por su posicionamiento liberal, y por haber trabajado en la banca de negocios Rothschild. Nacido el 21 de diciembre de 1977 en Amiens ocupó entre mayo de 2012 y junio de 2014 las funciones de subsecretario general del Eliseo. Desde este martes, ocupa el puesto de Ministro de Economía e Industria en el segundo Gobierno de Manuel Valls, sustituyendo al díscolo Montebourg, poniendo el broche a una carrera fulgurante dentro del partido socialista.
Se considera liberal y está a favor del libre mercado y del reequilibrio de las finanzas públicas. Sus críticos lo han señalado como el "ala derecha" del partido socialista francés. Estudió filosofía y fue trabajador del banco Rothschild, un trabajo en la banca que combinó con sus intereses políticos. En el banco, fue nombrado gerente y encargado de uno de los mayores acuerdos del año: la OPA de Nestlé a una filial de Pfizer, lo cual le permitió convertirse en millonario. La transacción tuvo un valor de 9 mil millones de dólares.
Es próximo a Jacques Attali, el encargado de mantener los contactos con la patronal de empresarios. Con su designación, Hollande lanza un mensaje a sus críticos, especialmente a su predecesor, Montebourg, que provocó la crisis de gobierno con sus críticas a la política económica de Valls y Hollande.
Cercano al Partido Socialista desde los 24 años, Macron ha trabajado junto a Hollande desde 2010, después de conocerle en el año 2006 a través de un amigo en común, Jean-Pierre Jouyet. Hollande le designó en el año 2007 como consejero de su 'Comisión para la liberación del crecimiento francés'. Desde ese momento, ha tenido un ascenso fulgurante en el Gobierno.
Sus compañeros lo han descrito como un "seductor" y le han calificado de tener una gran ambición. El dinero, sin embargo, no es uno de sus intereses, apuntan, y con su llegada al gobierno francés vio su salario reducido a una décima parte.
Polémico estreno
El nuevo ministro francés de Economía se ha estrenado en la primera línea de la política francesa con polémica, ya que acaba de reabrir el debate sobre la semana laboral de 35 horas al declarar que está dispuesto a autorizar que las empresas deroguen esa norma si hay "acuerdos mayoritarios" con los trabajadores.
Macron se mostró abierto a esa posibilidad en una entrevista publicada este jueves por el semanario Le Point. "Podríamos autorizar a las empresas y a los sectores, en el marco de acuerdos mayoritarios, a derogar las reglas de tiempo de trabajo y remuneración. Ya es posible para las empresas en dificultades. ¿Por qué no extenderlo a todas las empresas, a condición de que haya un acuerdo mayoritario con los asalariados?", declaró.
El ministro considera que esa medida podría contribuir a "salir de esa trampa donde la acumulación de derechos dados a los trabajadores se transforma en el mismo número de obstáculos para los que no trabajan".
No obstante, el ministro reconoció que se trata de un planteamiento "difícil de explicar y de aplicar, especialmente cuando se es de izquierdas", en relación a una medida emblemática aprobada en 2000 por Martine Aubry, entonces ministra de Trabajo y actualmente alcaldesa de Lille, que rebajó el tiempo de trabajo semanal de 39 a 35 horas. Macron señaló que, si bien es cierto que el socialismo luchó por ampliar los "derechos formales de los trabajadores", en la actualidad "la realidad invita a reflexionar sobre los derechos reales de todos, incluidos y sobre todo de los que no tienen empleo".
Las reacciones a la proposición del ministro, que se publica un día después de que se supiera que el número de desempleados aumentó el pasado julio un 0,8 %, no se hicieron esperar, con críticas a la insinuación de Macron desde los sindicatos, aplausos desde la patronal y precisiones desde el Gobierno. "No hay ninguna intención por parte del gobierno de cuestionar la ley de las 35 horas. Es un gran avance social", declaró a la televisión BFM TV la titular de Sanidad, Marisol Touraine, en línea con su colega de gabinete François Rebsamen, responsable de la cartera de Trabajo.
Sin embargo, el presidente de la patronal (Medef), Pierre Gattaz, se alineó con la propuesta del responsable de Economía. "Si una empresa necesita trabajar 40 horas, hay que hacerlo", declaró el representante de los empresarios en France Culture, donde consideró que la legislación debe "adaptarse" y "simplificarse".
Harlem Désir, actual secretario de Estado de Asuntos Europeos y anteriormente primer secretario del Partido Socialista (PS), desmintió, sin embargo, que el Ejecutivo se planteara modificar la ley de las 35 horas, un símbolo laboral de la izquierda francesa. "No hay un proyecto para cuestionar las 35 horas", sino "una voluntad de desarrollar la negociación social en las empresas" sobre aspectos como "la defensa del empleo" o "la organización del tiempo de trabajo", precisó.
Valls, a favor de la empresa
En el pasado, Manuel Valls ya se había declarado favorable a revisar la jornada semanal de 35 horas. Esa legislación, que la OCDE considera que es posible que haya creado empleos suplementarios aunque es "costosa y su impacto a largo plazo es incierto", ha sufrido varias modificaciones menores a lo largo de los últimos 14 años.
Según datos de la Unión Europea (UE), donde la jornada laboral media por semana en sus Veintiocho Estados miembros es de 37,2 horas, en Francia se trabajan de media 37,4 horas por semana, lejos de las 30 horas que trabajan los holandeses y también de las 42,1 horas semanales de los griegos.
Por otro lado, en su primer Consejo de Ministros tras la remodelación del Gobierno, el presidente galo, François Hollande, reiteró que su prioridad es mejorar la competitividad de las empresas gracias a la rebaja masiva de sus cotizaciones, a una simplificación de procedimientos y a una reforma laboral que tendrá que ser negociada entre patronal y sindicatos. "Hay un objetivo, el de la recuperación del país para que los franceses vivan mejor", según contó el portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, en conferencia de prensa.
Le Foll precisó que para salir de la situación actual (la economía francesa ha permanecido estancada en los dos primeros trimestres del año, el paro no ha dejado de aumentar y este año tampoco se cumplirán las metas de reducción del déficit), los instrumentos serán el "pacto de responsabilidad" y el "pacto de solidaridad".
El primero, anunciado en enero y que apenas está empezando a entrar en vigor, supone la reducción de 40.000 millones de euros en las cotizaciones patronales -equivalente a dos puntos de PIB- para intentar elevar la competitividad de las empresas francesas. Este dispositivo, junto al recorte del gasto público en 50.000 millones de euros en los próximos años, estuvo en el origen de la crisis que ha dado lugar a esta remodelación gubernamental, que ha dejado fuera a tres ministros que manifestaron públicamente su disidencia.
En cuanto al "pacto de solidaridad", está por ver en qué se traducirá más allá de una serie de rebajas fiscales que van a beneficiar a los contribuyentes de rentas más bajas, muchos de los cuales ya no tendrán que hacer la declaración de la renta.
Mientras, el primer ministro, Manuel Valls, dijo que "volver al crecimiento pasará en primer lugar por la ayuda a las empresas". En un discurso ante la universidad de verano de la patronal Medef en Jouy en Josas, que ya estaba programado antes de la crisis de Gobierno de esta semana, Valls dijo a los presentes que "Francia les necesita" porque "son las empresas las que, innovando, arriesgando el dinero de sus accionistas (...) crean valor y generan riqueza que beneficia a todos".
"Yo quiero a las empresas", afirmó, porque "la competencia mundial no hace ningún regalo", porque los otros grandes países también les ayudan y porque "cuando las empresas ganan cuota de mercado (en el exterior), son los franceses los que ganan prosperidad". Valls aseguró que disminuirá el costo del trabajo y el impuesto de sociedades, que "se simplificará la vida a las empresas".
En el terreno europeo, sin embargo, el primer ministro reiteró la voluntad de una reorientación para que la UE dé prioridad a la inversión -solicitó a la Comisión Europea que concrete el plan de 300.000 millones de euros anunciado en julio-, y confirmó que Francia quiere flexibilidad en el ritmo de reducción del déficit.
Además, aprovechó para instar al Banco Central Europeo (BCE) para que vaya más lejos en la línea que ha adoptado en los últimos meses y que, sin intervención directa en los mercados, ha conseguido una cierta devaluación del euro frente al dólar, que a su juicio sigue siendo insuficiente.