Desde que el Gobierno modificase la Ley de Arrendamientos Urbanos en Junio de 2013, la regulación del alquiler vacacional ha cambiado sustancialmente y muchos ciudadanos han visto disminuidos una fuente de ingresos.
La situación en torno a este asunto es bastante compleja, ya que se rige por una doble normativa: una a nivel nacional y otra comunitaria. El Estado aprobó la LAU el año pasado, pero hay comunidades a las que se les concede la posibilidad de legislar por su cuenta esta materia. En definitiva, que con esta ley ocurre lo mismo que con muchas otras en España: un caos normativo que lleva a la confusión al ciudadano.
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra carecen, por el momento, de normativa alguna a este respecto. Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco están aún tramitando la aprobación de su propia normativa. "Las de Aragón, Andalucía e Islas Canarias se estima que serán aprobadas entre otoño y finales de este año", explica Almudena Ucha, directora de Rentalia. "Por su parte, País Vasco elaborará un borrador de la nueva Ley de Turismo que incluirá las viviendas turísticas", añade.
Por el contrario, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia ya han aprobado una regulación específica de las viviendas turísticas, y es en éstas donde está generándose la polémica.
Además, los requisitos de cada normativa son diferentes por lo que es muy complicado comparar unas con otras. El único elemento común entre ellas es "la elaboración de un registro de viviendas que se alquilan para uso turístico mediante la presentación de una comunicación previa de inicio de actividad", explica Ucha.
Sin embargo, hay excepciones. Pese a ser el elemento común, la Comunidad Valenciana no cumple esta normativa, ya que "no es necesaria la inscripción para quienes alquilen una única vivienda". Baleares, por su parte, es la más restrictiva en cuanto al alquiler de vivienda vacacional, ya que no autoriza el alquiler en los inmuebles que se encuentren en edificios plurifamiliares.
"Por otro lado, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid prohíben el alquiler de habitaciones dentro de viviendas". Es esta cuestión la que ha generado una mayor polémica en la capital, que acaba de estrenar normativa hace pocas semanas y prohíbe alquilar viviendas turísticas para pernoctaciones de menos de cinco noches.
Cataluña, pionera en este tipo de regulación, impone varios requisitos, como que "el inmueble debe estar acondicionado para el uso inmediato, que no debe ocuparse por más huéspedes de lo indicado en la cédula de habitabilidad y que debe existir un teléfono de asistencia a los inquilinos".
Esta autonomía no está exenta de polémica, ya que el ayuntamiento de Barcelona "suspendió recientemente la concesión de licencias para viviendas turísticas en algunas de las zonas más visitadas de la ciudad, como ya había hecho con anterioridad en Ciutat Vella".
En resumen, tal y como explica la experta de Rentalia a Libre Mercado, "la reforma de la LAU supuso que las viviendas de alquiler vacacional pasaban a depender de la normativa sectorial de cada Comunidad Autónoma, pero esto ha derivado en situaciones de ambigüedad en regiones dónde no se ha legislado".
Es uno de los principales problemas de España señalados por muchos organismos internacionales, el exceso y disparidad burocrática que hace que en algunos casos la misma actividad se considere ilegal, en otros alegal y en otras sometida todavía a la LAU.