Incertidumbre. Como el grumetillo que se echa a la mar por primera vez, este miércoles, salvo el oficialismo, no había quien no viese cabos sueltos ante el plan propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para tratar de cumplir con el siguiente pago a los bonistas el próximo 30 de septiembre. La mandataria anunció mediante un comunicado emitido en televisión el envío al Senado del proyecto de ley que impulsa el cambio de jurisdicción a la República Argentina de los acuerdos de canjes de deuda cerrados en 2005 y 2010.
La Ley para el pago soberano de la deuda la conforman un total de 15 artículos, en donde el objetivo principal es "implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes" de los títulos de los bonistas de 2005 y 2010, "ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina" por parte de la Justicia estadounidense, según reza el documento legislativo.
El pasado 26 de junio, el juez norteamericano Thomas Griesa bloqueó los 532 millones de dólares que el Gobierno de Kirchner envió al Banco of New York Mellon como pago de la cuota periódica a los bonistas del canje de 2005 y 2010. Dicha estrategia trataba de esquivar la sentencia impuesta a Argentina por parte del juez, que obliga a cumplir primero con el 100% de la deuda con los holdouts (principalmente los fondos NML y Aurelius) antes que con el resto de acreedores, hecho que motivó la entrada de Argentina en el default.
¿El motivo del impago? En los acuerdos de reestructuración de deuda de 2005 y 2010, donde el 92,4% de los acreedores aceptaron una quita del 67%, se estableció mediante la llamada Cláusula RUFO la obligación de igualar a todos los bonistas cualquier oferta con una quita inferior a la mencionada en la reestructuración.
Es decir, si Argentina paga los 1.600 millones que adeuda a los fondos de capital riesgo (el 7,6% de los bonistas) también debe pagar el 100% a los bonistas que aceptaron los canjes (el 92,4% de los bonistas restantes). De ocurrir, el montante a pagar sería de 120.000 millones de dólares.
De aprobarse la Ley para el pago soberano de la deuda planteada por Cristina, el Ministerio de Economía daría de baja el contrato vigente con el Banco de Nueva York, organismo a cargo de los bonos de reestructuración de deuda, que sería sustituido por la Nación Fideicomisos S.A. Aún con ello, los bonistas tendrían derecho a elegir otro agente fiduciario que garantice el canal de cobro, pero siempre estaría bajo la jurisdicción argentina, al ser el lugar encargado de realizar este nuevo canje.
Las predicciones de Kicillof
La letra pequeña asusta. Consciente el Gobierno, el ministro de Economía, Axel Kicillof, intentó desgranar en rueda de prensa lo que Cristina Fernández de Kirchner no supo explicar en su mensaje oficial. "Es algo que contempla el contrato. Si hay algún impedimento de cobro, se puede cambiar el canal", haciendo referencia al miedo que suscita romper los acuerdos de reestructuración que permitiría al acreedor reclamar el 100% de la deuda existente antes del canje.
Preguntado por si desde el Gobierno saben de antemano que los bonistas van a querer cambiar de la jurisdicción americana –más segura y estable- al marco jurídico argentino –cada vez más politizado-, el ministro aseguró que "lo que nos han dicho los bonistas con quien hemos hablado es que ellos quieren cobrar". No opinan lo mismo los bonistas argentinos de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd) que, de voz de su secretario, Horacio Vázquez, rechazaron la propuesta asegurando que "hay que estar mal de la cabeza para aceptar".
Asimismo, el ministro fue preguntado por otra cláusula, la de aceleración -figura financiera que, al extinguirse unilateralmente el bono, da derecho al acreedor a reclamar todo lo que iba a cobrar durante años en un único pago-.
"Le daré una respuesta que llega hasta donde mi conocimiento y predicción sobre actitudes de terceros", adelantó el ministro. "Ya se paga localmente. El Gobierno cuando paga a los tenedores de bonos lo hace en la moneda que corresponde y en Argentina", afirmó, distinguiendo el domicilio de pago con respecto al canal de cobro encargado de gestionarlo. Es por ello por lo que desde el Ministerio de Economía no barajan dicho escenario.
Ataques al juez Griesa
En la rueda de prensa no cesaron los ataques al juez Griesa, cuya actuación judicial es, para el ministro, "como la parábola de la multiplicación de los panes, pero al revés", ya que entiende que trata de multiplicar también la deuda argentina.
Asimismo, el nuevo canje propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abre la opción a que los actuales litigantes del proceso, el 7,6% de holdouts, entren en la reestructuración de deuda bajo las mismas condiciones que en los acuerdos de 2005 y 2010.
"Argentina tiene el interés de pagar en condiciones justas a todos los bonistas, incluidos los fondos buitres", aseguró Kicillof en su alocución. "Los fondos buitres conseguirían dentro de este nuevo acuerdo un 300% de ganancia, es poco sí, porque sabemos que los buitres quieren un 1.600% de margen", hablaba el ministro en relación con el precio inicial de compra al que adquirieron los bonos de deuda tras el desplome del corralito.
Los fondos, por su parte, no se han tomado a bien el órdago lanzado por el Ejecutivo de Kirchner y aseguran en un comunicado que "los líderes de Argentina han elegido ser bandidos". Según entiende el fondo Aurelius, esta propuesta de ley supone "un completo desdén por nuestras cortes".