"Haciendo uso por primera vez de la ley sancionada, la Ley Antiterrorista (…), argentinos y argentinas, hemos formulado denuncia penal -contra RR Donnelley- por alteración del orden económico y financiero" –minuto 22 del vídeo-.
De esta forma, el pasado jueves 14 de agosto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio a conocer la intención por parte del Ejecutivo que lidera de acusar a la empresa norteamericana RR Donnelley (RDD) por extorsionar a la ciudadanía.
¿El motivo? La declaración de quiebra de la filial de la empresa en Argentina aprobada por el juez argentino Gerardo Santiccia el pasado 11 de agosto, debido a las constantes pérdidas que ascienden en apenas año y medio a 40 millones de pesos -4 millones de euros-.
Sin embargo, el Gobierno argentino parece haber despertado con mejor pie este martes, ya que ha asegurado que todo se debió "a una confusión". En Radio la Plata, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, aseguró que "se derivó una confusión a partir del uso antiterrorista", sostuvo.
"La denuncia que estaría haciendo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es por quiebra fraudulenta. Como derivación de esa denuncia, se podría llegar a aplicar el artículo 309 del Código Penal, que pena los delitos económicos", explicó el titular de Kirchner.
"Lo que pasa es que esta ley fue aprobada en conjunto con la Ley Antiterrorista, de ahí se deriva la confusión", añadió, omitiendo toda referencia al propio anuncio realizado de forma explícita por Cristina Kirchner. El caso ya está en manos del juez Daniel Rafecas, en donde AFIP podrá pedir penas de cárcel para los directivos de 2 a 6 años de prisión por fraude económico.
De esta forma, el Gobierno, finalmente, rehúye a usar la Ley Antiterrorista, como ya ocurrió con el periodista Juan Pablo Suárez, acusado de "sedición" con la mencionada ley, cuando una treintena de antidisturbios irrumpieron en la redacción de su periódico para arrebatarle las grabaciones de una agresión policial producida horas antes contra un cabo del Cuerpo de Montada de Santiago de Estelo que reclamaba mejoras salariales. Posteriormente, el juez levantó al periodista el cargo de "atemorizar a la población" por el que se le imputaba.
'Caza de brujas'
Retomando el discurso de Kirchner del 14 de agosto, cabe resaltar que la mandataria no desaprovechó la oportunidad de relacionar la caída de RR Donnelley con el litigio que mantiene Argentina con los holdouts -acreedores que se mantuvieron fuera de la reestructuración de deuda-, a los que acusó de estar detrás de la quiebra de RRD de forma conspiratoria.
Para ello, la presidenta se basó en dos pruebas. La primera relaciona al fondo NML, uno de los que lideran el proceso judicial que ha propiciado la entrada del país en default, con el fondo BlackRock al venderle a éste un 13% de las acciones de una multinacional presente en Argentina. La segunda prueba relevante para la presidenta es que BlackRock es uno de los fondos de inversión presentes en el 60-70% del accionariado de la imprenta. Blanco y en botella, debió pensar.
"Forma parte de la estrategia de autoritarismo económico del Gobierno", asegura con indignación Gerardo Bongiovanni, presidente de Fundación Libertad a Libre Mercado. "Tras el fallo judicial de Nueva York, Kirchner trata de malvinizar en términos de patria o buitres el conflicto con los holdouts", manifiesta.
Por su parte, Vicente Lorenzo, representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se mantiene cauto ante todo lo que está pasando con la imprenta "ya que se vierten informaciones de todos lados".
Aún con ello, se muestra sorprendido por las formas de actuar por parte del Ejecutivo y denuncia que "estas actitudes generan una mayor incertidumbre, cuando deberían estar pendientes de todo lo contrario: generar políticas de reinversión y ayudar a las pymes", sentencia.
RR Donnelley y los trabajadores
Ante las acusaciones conspiratorias vertidas por Kirchner, desde la compañía norteamericana nos remiten a su comunicado, donde asegura que, pese a intentar llegar a acuerdos con los sindicatos y con el Ministerio de Trabajo, la empresa se quedó "sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la subida de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación y la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas".
La maltrecha situación económica que sufre el país, agravada ahora por el default, están llevando al límite a los comercios argentinos. "La inflación se está acelerando y todos los anuncios intervencionistas, así como el default o los discursos oficiales, acentúan la desconfianza y alimentan las expectativas inflacionarias", apunta Bongiovanni.
Por su parte, los trabajadores de la empresa tratan de encontrar alguna solución en un país donde la inflación, la caída del consumo y el desempleo van de la mano en un temeroso ascenso. "Estamos tratando de llegar a una solución", comenta a LM Martín Killing, delegado de Donnelley. "Ya sea estatizada la imprenta o mediante una cooperativa, el resultado nos da igual, lo que queremos es garantizar la continuidad laboral y que las 400 familias no nos quedemos en la calle". responde con frustración.
Autoritarismo
Las políticas de Planificación de la Economía aplicadas en Venezuela con Hugo Chávez desvelan cómo la intervención y estatización han ocasionado cerca de 20.000 empresas quebradas y más de un millar de expropiaciones, todo ello para hacer frente al gasto público.
Un pez que se muerde la cola. "El aumento de la inflación no se soluciona con mayor intervención, al contrario. El Gobierno se tiene que dar cuenta que estas directrices generan incertidumbre y escasez de bienes", sostiene el diputado por Frente Renovador, Alberto Asseff.
Preguntado acerca de la forma en la que Cristina Kirchner ha manejado asuntos como la quiebra de RR Donnelley o la gestión del default, el diputado afirma que "Cristina está incrementando el autoritarismo. Desgraciadamente, el problema es que, en realidad, la Argentina está muy acostumbrada al autoritarismo. Acá el que no es autoritario, aspira a serlo. Al sistema argentino le hace falta madurar en cuanto a cultura democrática", sentencia.