El Ministerio de Industria autorizó este miércoles a Repsol la realización de sondeos en busca de hidrocarburos cerca de la costa de Canarias, tras la publicación de una resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La petrolera prevé iniciar los trabajos este mismo otoño.
El Gobierno canario, por su parte, anunció que pedirá la suspensión cautelar de las prospecciones. Ante la oposición que está cosechando el proyecto en las Islas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteró la posibilidad de que, en caso de que se descubran hidrocarburos, Canarias reciba parte de los ingresos fiscales que se puedan generar.
Soria aseguró que, en caso de que las pruebas fuesen positivas y, finalmente, se decida explotar dichos recursos, el Ejecutivo estudiaría aplicar "una figura tributaria" similar a la de otros países cercanos. "Por ejemplo, en Italia hay un tributo que grava con el 8% el valor de la producción extraída", afirmó. Además, especificó que una parte del dinero recaudado iría a parar a la comunidad autónoma, y otra parte para los ayuntamientos y los cabildos.
Según las estimaciones iniciales, la extracción de crudo podría generar unos 3.500 millones de euros al año, de modo que, en caso de confirmarse esta cifra, las autoridades canarias pasarían a ingresar unos 280 millones de euros extra cada año. Esta cuantía equivale a cerca de 4,5% del gasto público regional previsto para 2014. Y ello, sin contar los beneficios indirectos que implicaría para la economía canaria en cuanto a generación de riqueza y empleo.
El Gobierno de Canarias "va a hacer todo lo que esté a su alcance" para tratar de impedir que se lleven a cabo las prospecciones, según indicó su consejera de Industria, Francisca Luengo (PSOE). "La misión fundamental, cuando se gobierna, es defender los intereses de Canarias y de los canarios, no de una empresa privada como es Repsol. Y los intereses generales pasan en este momento, en Canarias, por defender, por los caminos que nos ofrece el ordenamiento jurídico, el no a las prospecciones petrolíferas", declaró.
El Gobierno canario pedirá en su momento la suspensión cautelar de las prospecciones petrolíferas ante los tribunales y continuará la movilización política y social ante las instancias europeas y la ONU si fuese necesario, dijo el comisionado para el autogobierno regional, Fernando Ríos.