Una cosa es lo que dice el Gobierno y otra muy distinta lo que muestran los datos oficiales. El Ministerio de Hacienda publicó el miércoles el último Informe sobre la Reordenación del Sector Público Autonómico, a fecha 1 de enero de 2014, y los titulares al respecto no se hicieron esperar.
Por un lado, el Ejecutivo enfatizó que las comunidades autónomas (CCAA) suprimieron un total de 675 entidades desde mediados de 2010 con el fin de reducir su sector público instrumental, es decir, su particular administración paralela, constituida por empresas, consorcios, fundaciones, agencias y órganos de todo tipo y condición.
El anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y las autonomías acordaron suprimir algo más de 500 entidades antes de 2013 respecto al número de entes existente a fecha de 1 de julio de 2010. Posteriormente, con el PP ya en el poder, ese compromiso inicial se amplió a un total de 790 órganos. De este modo, con la anunciada eliminación de 675 entes, las CCAA ya habrían ejecutado el 85% del plan de reordenación.
En concreto, según el citado informe, el número de entes habría pasado de 2.369 en julio de 2010 a 1.694 en enero de 2014, y el objetivo es que esta cifra baje a 1.579 al finalizar 2015, tal y como muestra el siguiente cuadro, con lo que el tamaño de la administración paralela de las CCAA se situaría por debajo del nivel alcanzado en 2003, cuando existían unos 1.740 entes.
Por otro lado, las CCAA se agarran a estas cifras para resaltar su particular esfuerzo de austeridad y contención mediante la eliminación de organismos inútiles o, como mínimo, superfluos. Cataluña, por ejemplo, destaca por su elevado compromiso en la eliminación de entes (125), mientras que Andalucía llama la atención por el alto grado de ejecución en sus objetivos (97,6%).
El ajuste real es muy inferior
El problema es que dichas afirmaciones constituyen verdades a medias, ya que los datos son cocinados previamente por Hacienda. Estas cifras excluyen los entes en los que participan varias CCAA y las dependientes de Ceuta y Melilla, además de no contabilizar las del País Vasco por no remitir la información correspondiente.
Asimismo, la reducción de 675 entes incluye dos datos diferentes: la eliminación neta y efectiva de organismos (484), una vez descontados los de nueva creación; y entidades que aún existen, pero que están en un proceso avanzado de extinción (191).
El alcance real del ajuste, por tanto, es muy inferior, sobre todo si se analiza la evolución de dicha administración paralela a lo largo de toda la crisis, y no sólo desde 2010. Para ello, es preciso acudir a otro informe en el que se recoge información detallada sobre el sector público autonómico durante la última década.
Así, el inventario oficial de entes autonómicos contabiliza un total de 1.945 entidades a fecha 1 de enero de 2014, lo cual implica 169 menos que un año antes (-8,3%) y la supresión de 486 desde julio de 2010, equivalente a una reducción de casi el 20%.
Sin embargo, el ajuste real apenas se reduce a 244 entidades durante toda la crisis, ya que las CCAA contaban con un total de 2.189 organismos en enero de 2007, cuando España se situaba en el pico de la burbuja económica. Dicho de otro modo, la tan cacareada austeridad de las autonomías tan sólo se ha limitado en esta materia a recortar un 11% su administración paralela, a pesar de que han transcurrido siete años y sus ingresos fiscales han retrocedido de forma sustancial.
La costosa y pesada estructura empresarial y fundacional de las CCAA se sitúa hoy en niveles de 2005 y más de un 11% por encima del volumen alcanzado en 2003.
Estas cifras son aún más relevantes si se analiza su evolución por comunidades autónomas. Salvo contadas excepciones, los regiones más importantes del país mantienen un número de entidades muy similar al existente al estallar la crisis. Andalucía, por ejemplo, sólo ha eliminado 8 entidades desde enero de 2008, pasando de 353 a 345 (-2,3%); el ajuste de Cataluña apenas se limita al 5,7% de su estructura instrumental, pasando de 441 entes a 416 durante este período, la cifra más alta de toda España; mientras que Madrid ha reducido cerca del 11% desde 2008, de 188 a 167 entidades.
Por último, las autonomías más austeras en este ámbito son Baleares, tras suprimir más del 50% de su administración paralela (de 172 entidades a 84); Castilla-La Mancha, con un recorte del 37% (de 74 a 46); Comunidad Valenciana (de 165 a 112) y Murcia (de 93 a 63), con un 32%; o Galicia, con un 26%, tras reducir sus entes de 160 a 118.
