El Gobierno de Mariano Rajoy se ha vuelto a quedar a medias, una vez más, con la reforma fiscal aprobada este viernes. En primer lugar, porque no se trata de una reforma, sino de una rebaja selectiva de impuestos, y, en segundo término, porque la reducción de la pesada carga fiscal que soportan los contribuyentes resulta limitada, exigua y muy alejada de lo que, realmente, necesita España para impulsar con fuerza la competitividad empresarial y aumentar la renta disponible de las familias, al tiempo que se combate de forma eficaz el abultado déficit público.
El PP ha optado por corregir, aunque sólo parcialmente, el histórico sablazo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asestó al conjunto de los españoles nada más llegar al poder. Así, el proyecto revierte la subida del IRPF aprobada a finales de 2011, tras reducir los tramos y los tipos marginales de dicho tributo, recorta ligeramente el Impuesto de Sociedades e introduce ciertos incentivos de última hora para favorecer los planes de pensiones, el retiro de los jubilados y las exenciones familiares. En este sentido, la anunciada rebaja de impuestos es más que bienvenida, pero, por desgracia, su alcance es de corto recorrido.
Para empezar, se acometerá de forma progresiva a lo largo de los dos próximos años y, en todo caso, los españoles pagarán de media en 2016 una factura fiscal superior a la de 2011, cuando el PP llegó al Gobierno. Lo grave, sin embargo, es que se trata de una nueva oportunidad perdida para acometer una reforma en profundidad con el fin de mejorar el gravoso, ineficaz y complejo sistema tributario español. Aunque las rebajas aprobadas son positivas, se quedan muy cortas. No en vano, Montoro estima un ahorro potencial de hasta 9.000 millones de euros para los contribuyentes, pero olvida que la subida de impuestos acometida en los dos últimos años asciende a cerca de 25.000 millones. Además, pese al recorte del IRPF, los españoles seguirán soportando uno de los esfuerzos fiscales más elevados de Europa y de la OCDE. Especialmente preocupante es la carga de las cotizaciones sociales, una de las más altas del mundo, ya que penaliza de forma muy grave la creación de empleo en un país en el que paro golpea a más de 5 millones de personas.
Además, mantiene la compleja estructura fiscal sobre las empresas. El Gobierno debería reducir drásticamente el Impuesto de Sociedades y eliminar, al mismo tiempo, las distorsiones e injustas discriminaciones que introducen las numerosas desgravaciones existentes. La reforma, por el contrario, mantiene una de las fiscalidades empresariales más elevadas de las economías ricas e introduce nuevas exenciones a modo de compensación, complicando aún más, si cabe, la normativa. El proyecto tampoco clarifica el caótico y perverso modelo de financiación territorial, ni aborda la necesaria eficiencia administrativa para garantizar la imprescindible seguridad jurídica y desincentivar el extendido fraude fiscal.
El problema de fondo es que el PP sigue apostando por mantener una presión fiscal muy elevada con el fin de sostener la sobredimensionada estructura estatal, en lugar de rebajar de forma sustancial y generalizada los impuestos y reducir el gasto público mediante la eliminación de todos los costes superfluos, la necesaria simplificación burocrática y la imprescindible reforma de la administración territorial y el insostenible Estado del Bienestar. Rajoy y Montoro, por desgracia, se contentan con mantener más o menos intacto el confiscatorio y perjudicial sistema tributario actual, tras introducir pequeños retoques y leves ajustes para tratar de recuperar parte de los votos perdidos.