La Generalidad ha prohibido a Uber operar en Barcelona. A finales del pasado mes de junio, el Gobierno catalán requirió el cierre inmediato de la plataforma para solicitar un conductor en los trayectos por ciudad "por trasladar viajeros sin disponer de las autorizaciones pertinentes". Ahora, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha dado un paso más y le ha enviado a sus policías locales un protocolo de actuación para detectar las operaciones de esta compañía.
Según un comunicado interno al que ha tenido acceso el diario El Mundo, el consistorio detalla cómo identificar a los conductores de Uber, cómo recabar las pruebas necesarias para denunciarlos y cómo sancionarlos. La instrucción policial establece que las sanciones para los conductores pueden alcanzar los 4.000 euros.
Según el texto, las patrullas deberán intervenir cuando sospechen que se está transportando pasajeros por esta vía o cuando alguien denuncie esta conducta irregular y solicite su presencia para que cese. En esta última opción intervendrían los taxistas, que llevan meses denunciando la existencia de esta aplicación y exigiendo su cierre.
Para percatarse de si el transporte de pasajeros se está llevando a cabo a través de Uber, la policía local deberá "entrevistar por separado" al conductor del vehículo y el "posible cliente". El objetivo es determinar si el viajero ha pagado al conductor por el viaje.
Además, la Guardia Urbana ha elaborado actas especiales en las que los agentes deberán reflejar qué tipo de vinculación contractual tiene el conductor con Uber, cómo se pusieron en contacto el pasajero y el chófer del vehículo, qué recorrido realizaron y cómo se realizó el pago en caso de que existiera. La instrucción indica que estos datos deberán acreditarse mediante "fotografías o capturas de pantalla de los dispositivos móviles" del conductor y el pasajero para poder probar la irregularidad y sancionarla.