La destrucción de empleo público en Andalucía está muy por encima del conjunto de España, a pesar de las afirmaciones de Susana Diaz sobre su preocupación por lo público, y por los servicios públicos educativos, sanitarios o de justicia. Sólo desde que comenzó la andadura del bipartito PSOE-IU en 2012, se han perdido más de 13.000 empleos públicos. Desde 2009, se han perdido más de 20.000 empleos públicos mientras sigue intacta la Administración paralela. Esto significa que PSOE-IU no tocan a quienes entraron a dedo, pero eliminan plazas de quienes obtuvieron el puesto por oposición.
Según los datos que ha recabado Libertad Digital, desde junio de 2012, poco después de formalizar el gobierno de coalición PSOE-IU, hasta enero de 2014, el empleo público andaluz se ha reducido en 13.374 personas. De ellas, 3.600 eran personal sanitario; 3.991 eran docentes no universitarios, esto es, de escuelas e institutos y 4.588 empleados de las Consejerías sin incluir los empleados de las Entidades Públicas Empresariales. En la Administración de Justicia ha disminuido el empleo público en 1.182 personas.
Como puede comprobarse con los cuadros oficiales del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, desde 2009, primer gobierno de José Antonio Griñán donde Susana Díaz ocupó precisamente la cartera de Presidencia. Sólo en Sanidad se han perdido 7.108 puestos de trabajo; en la educación no universitaria se han perdido 2.453; en Justicia, 1.397 empleos y en las Consejerías, 9.720.
Así, según estos datos oficiales, desde 2009 en Educación, Andalucía ha acumulado el 21 por ciento del descenso de empleados públicos, con 2.457 de los 11.407 empleados menos en docencia no universitaria que hay en España. En Sanidad, en Andalucía hay 7.106 profesionales sanitarios menos del total de 8.305 en el conjunto de España. Por último, en Justicia se han reducido 1.397 los empleados públicos en Andalucía frente a 272 empleados en España.
Mantiene la Administración paralela
Mientras se cercena el empleo público logrado con las pruebas reglamentarias, publicidad y mérito y capacidad, no se toca un pelo al conjunto de trabajadores que entraron discrecionalmente en diferentes entes conocidos como la Administración paralela.
Recuerda oportunamente ABC que el 4 de septiembre del pasado año, durante el debate de investidura, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió que iba a constituirse un grupo de expertos para que antes de que concluyera 2014 elaborara un informe sobre el sector público instrumental, la denominada "administración paralela", para "hacerla más eficiente y coherente con sus objetivos".
Pero diez meses después, el grupo de expertos no se ha formado y las protestas de los funcionarios "de carrera" por el constante goteo de pérdida de puestos de trabajo se han acentuado.
Eso sí, en las empresas públicas las plantillas se mantienen "intactas" o tal vez se incremente, porque nadie sabe a cuánto personal albergan ni el Ministerio lo recoge en su Boletín Estadístico.
La última vez que el PP interpeló a la presidenta de la Junta sobre el tema respondió Susana Díaz: "Estamos en ello". Pero en los últimos tres años el Gobierno andaluz ha cambiado el nombre de las empresas públicas, las ha mezclado unas con otras y ha recolocado a todo el personal "paralelo".
Los recortes en la plantilla de los funcionarios de carrera han afectado a 17.000 puestos de trabajo a fecha de julio de 2013, dado que la Junta no ha cubierto ni el 10% de la tasa de reposición. CSIF y SAFJA, dos sindicatos claves en la función pública, afirman que en las empresas públicas, por el contrario, se ha producido un aumento del personal.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), a través de su presidente, José Manuel Mateo, ha subrayado el nulo interés de la Junta por reducir la «administración paralela» y recordó que en el presupuesto de la Comunidad del presente, en el que se incluyeron cláusulas adicionales que permitían financiación y contratos en los entes instrumentales y cero euros para la reposición de funcionarios. "Por ello cada vez hay menos funcionarios y más personal en las empresas públicas. Y no nos fulminan de un plumazo porque no pueden".
Además, los recortes no se han limitado al personal sino a las retribuciones. Los sindicatos representados en la Mesa General de la Administración Pública y en la Mesa General de Negociación, sostienen que los empleados públicos acumulan unas pérdidas retributivas del 35 por ciento desde 2010 por los ajustes de la Junta, por lo que considera necesario que en el futuro obtengan una compensación.