Se cumple un año desde que entrara en vigor la imposición del certificado de eficiencia energética para las viviendas que están a la venta o en alquiler. El Gobierno, vía Real Decreto, aprobó un procedimiento en el que establecía cuál sería el proceso para adquirir esta certificación y las sanciones por no cumplir con su mandato.
Tras doce meses de su entrada en vigor, el balance que hacen las empresas del sector es que el grado de cumplimiento de la normativa ha resultado ser un profundo fiasco. Según Certialia, hasta ahora sólo poseen la etiqueta de eficiencia energética el 12% de las más de 5 millones de viviendas que estarían obligadas a ello. La medida contemplaba que, a partir del 1 de junio de 2013, los propietarios con intención de vender sus pisos o los arrendadores de alquileres por un periodo superior a 4 meses, deberían obtener el certificado.
Tal y como explican desde Certicalia a Libre Mercado, "la falta de información a los propietarios por parte de la Administración acerca de la necesidad del certificado" es uno de los motivos que explican por qué apenas 600.000 pisos han acatado la Ley.
Una Ley que no ha estado exenta de polémica ya que muchos propietarios han considerado que únicamente tiene un objetivo recaudatorio porque no obliga a las viviendas a ser eficientes energéticamente, sino que sólo les pone una nota y les entrega una serie de recomendaciones para mejorar (si quieren) los niveles de eficiencia.
En la mayoría de los anuncios de los pisos que han sido puestos en venta en el último año no existe ningún tipo de la información sobre la calificación energética del inmueble. "Muchas veces porque los propietarios desconocen que necesitan el certificado energético y otras porque lo realizan en el momento de la firma del contrato, aunque la normativa obliga a hacerlo antes de anunciar el piso", afirman.
"Mero mecanismo recaudatorio"
Por otro lado, desde Alquiler Seguro, han publicado una cifra muy similar a la de Certicalia. La empresa de gestión del alquiler ha calculado que sólo el 15% de las casas cumplen con el reglamento. Su opinión es similar a la de Certicalia y afirman que "la poca información, la falta de concienciación y la escasez de ayudas administrativas para la implantación de la normativa convergen en un fracaso de la Dirección General de Industria".
Pero, en Alquiler Seguro van más allá y se atreven a decir que el certificado energético es un "mero mecanismo recaudatorio". Su director comercial, David Caraballo, añade que "propietarios e inquilinos lo entienden como un gasto más, ya que no se le ha dado el sentido que tiene a nivel europeo, de información y mejora del consumo energético de las viviendas". Caraballo explica que "tener un certificado A o G no influye en la toma de decisión de los inquilinos. Sigue primando la cercanía al trabajo o las comodidades del piso muy por encima de la eficiencia energética".
Sanciones de hasta 6.000 euros
Cuando el Gobierno anunció la norma, también aseguró que las sanciones por no cumplirla irían de los 300 los 6.000 euros. "Unas sanciones que nunca se han producido", afirma Caraballo.
- De 300 a 600 euros: se consideraría una infracción leve. Consistirían en publicitar la venta o alquiler de pisos que deban disponer de certificado sin hacer mención a su calificación, no exhibir la etiqueta de eficiencia o incumplir las obligaciones de renovación.
- De 601 a 1.000 euros: se consideraría una infracción grave. No presentar el certificado ante la comunidad autónoma para su registro, exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado real o vender o alquilar un inmueble sin entregar el certificado al comprador o arrendatario, podrían ser las acciones que acarrearían esta sanción.
- De 1.001 a 6.000 euros: se consideraría una infracción muy grave. Se enfrentarían a las multas más altas quienes falseen la información de los certificados, actúen como técnico certificador autorizado sin contar con la habilitación o pongan a la venta o alquiler un inmueble sin certificar.
En este sentido, la única sanción que ha salido a la luz tuvo lugar el pasado mes de diciembre. La Comunidad de Madrid multó a un técnico por falsear los datos de un certificado energético con 4.000 euros.
¿Cuánto cuesta?
El primer paso para realizar el certificado energético es buscar a un técnico habilitado para ello, como son los arquitectos o los aparejadores. El experto inspeccionará la vivienda y redactará un informe sobre sus cualidades energéticas y le aplicará una calificación, que será una letra: de la A a las G. La visita del técnico tiene un coste que ha pasado de rondar los 120 euros del año pasado a los 60 euros actuales.
Una vez obtenido el certificado, el propietario deberá entregarlo en el registro de la comunidad autónoma que le corresponda y esperar a que le envíen la etiqueta energética. En este último paso es cuando se suceden distorsiones en el precio.
Existen diferentes fórmulas de registrar el certificado según cada autonomía. En algunas regiones, el registro es gratuito y no lleva asociado el pago de tasas, como es el caso de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Madrid, Navarra y País Vasco. Entre las regiones con las tasas más caras, destacan La Rioja (37,95 euros), Castilla y León (29,10 euros) Murcia (23 euros), Extremadura (22,45 euros) y Castilla-La Mancha (16 euros).
