CCOO, UGT e IU presionan a Susana Díaz y a la CEA para que acepten que la renta mínima vital forma parte del acuerdo de concertación social. Dicha renta estará situada entre los 420 y los 680 euros y podría aplicarse a los casi 850.000 parados sin prestación alguna que hay en una Andalucía que, en 32 años de gobiernos de izquierda, ha llegado a la tasa de un 37 por ciento de pobreza, con un incremento de diez puntos desde que estalló la crisis.
Recuérdese que Podemos ya propuso una renta vital básica por el mero hecho de ser ciudadanos y extensible incondicionalmente a todos los españoles. De hecho, la propuesta de la izquierda radical era 650 euros por persona y mes sin condición alguna, algo que la diferencia de la propuesta elaborada por la izquierda oficial andaluza que exige contraprestaciones a favor de la inserción laboral por parte de sus receptores.
Incluso el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, respaldó este lunes la exigencia del secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, para que la concertación social incluya la renta mínima. Una propuesta de esta regulación, consensuada con UGT y la red andaluza contra la pobreza y la exclusión social EAPN, se presentará el próximo día 1 en el Parlamento, donde se pretende plantear como iniciativa legislativa popular.
Para Valderas, la renta mínima es un instrumento clave para crear empleo y erradicar situaciones de exclusión social, por lo que cree que esta medida puede ser un "importante impulso, una palanca para recortar la pobreza drásticamente y un pilar fundamental del diálogo social".
Los números de la renta mínima andaluza
La propuesta se funda en la presencia de una intensa tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de Andalucía, que pasó del 27,7% del año 2005 al 37,7% en 2012, último dato disponible,, aumento provocado por las políticas del gobierno Zapatero y de la Junta. La realidad es que casi 850.000 personas paradas no cobran prestaciones y que unas 280.000 viven en hogares con todos sus miembros en paro, sin prestaciones, pensiones o subsidios. Según UGT, CCOO e IU, hay que sumar a esta situación la bajada de los salarios, el crecimiento de la tasa de la contratación a tiempo parcial y el aumento de las tasas y la presión fiscal.
Los proponentes parten del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) con incrementos en función de los miembros de la unidad de convivencia. Según El País, la cuantía mensual de este indicador es de 532 euros. Las personas necesitadas de este salario de forma individual recibirían el 80% del Iprem (425 euros).. Un segundo miembro de la unidad de convivencia que dependiera de esta renta implicaría un incremento del 25%. Un tercer miembro añadiría el 15%; un cuarto, el 10%; y a partir de ahí un 8%.
El máximo sería el 128% Iprem (680 euros) y la prestación se actualizaría anualmente en función del IPC. A la renta básica teórica se le restarán los ingresos que obtengan todos los miembros de la unidad de convivencia y se prevén excepciones para casos especiales.