Mientras el Ministerio de Fomento ha puesto entre las cuerdas a Uber y a sus clientes amenazándoles con sanciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene otro punto de vista.
"Hay que ser muy cuidadosos en el desarrollo de la ciencia. Prohibir es una herramienta excesivamente fácil ante estas nuevas aplicaciones que únicamente son fruto del desarrollo de internet", ha declarado el presidente de la CNMC, José María Marín, en su intervención en la última jornada del seminario La Europa que deja la crisis, organizado por la UIMP.
"Hay que tratar su regulación con especial cuidado porque es un tema complejo de ordenar y de regular", ha dicho Marín. De hecho, "estamos deseando que el Gobierno nos pregunte por esta cuestión porque tenemos claro que hay que reflexionar sobre ello", ha añadido.
Respecto a la "economía colaborativa, hay cuestiones sociales, económicas y tecnológicas, que hay que tener en cuenta. Lo que nos preocupa es que lo que se haga se haga bien", añade el responsable de Competencia.
Fomento, del lado de los taxistas
Marín hace estas declaraciones apenas 15 días después de la huelga de 24 horas de los taxistas de Madrid y Barcelona que clamaban por el cierre de la plataforma para compartir conductor.
El gremio del taxi considera que Uber opera "de forma ilegal" y piden "con carácter inmediato" que se suspenda su actividad en España ya que creen que fomenta el "transporte pirata", "sin garantía alguna" para los viajeros.
Como una forma de acercarse al sector del taxi y evitar el conflicto ante las amenazas de más paros, el departamento que dirige Ana Pastor publicó una nota de prensa dónde "recordaba" , sin dar nombres, que las empresas que transporten viajeros por cuenta ajena a cambio de una retribución económica necesitan contar con la autorización de la Administración.
Fomento señalaba también que los servicios de inspección del transporte terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación", que establece que quienes realicen dichos servicios sin autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multas de entre 4.001 y 6.000 euros, que podrían aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. También pueden ser sancionados los usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados, con multas de entre 401 y 600 euros.