"Las casas se han convertido en un punto de recaudación de impuestos". Así de claro se muestra un inspector de Hacienda cuando se le pregunta por la evolución de la fiscalidad municipal aplicada a los activos inmobiliarios. Su respuesta la corroboran los datos. A lo largo del último lustro, pocos gravámenes han experimentado un aumento recaudatorio como el vivido por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Concretamente, los ingresos tributarios derivados del cobro del IBI se acercan ya a los 12.000 millones de euros anuales, lo que significa un aumento de unos 5.000 millones de euros frente a las cifras alcanzadas en el año 2007, antes de la crisis y en plena "burbuja inmobiliaria". Comparando los datos de 2007 con los de 2012, vemos que el crecimiento de la recaudación por IBI supera el 50%. Si a esto le unimos los niveles de ingresos esperados para el ejercicio 2013, vemos que el diferencial frente al periodo precrisis asciende ya al 60%.
El 'catastrazo'
Desde 2007, el número de inmuebles censados en España ha crecido de 32,6 a 37,6 millones. Este aumento de la oferta, cercano al 15%, ha convivido con una caída generalizada de los precios. Sin embargo, los valores catastrales sobre los que se calcula el IBI han sido revisados al alza de forma continua y sistemática.
Así, mientras que el valor catastral medio en 2007 llegaba a los 44.000 euros, los últimos datos disponibles lo elevan ya por encima de los 61.000 euros. En suma, hablamos de un aumento cercano al 40%. Si a esto le sumamos el aumento de los tipos aplicados a este gravamen, el panorama para el contribuyente resulta aún más desolador.
Quienes defienden esta vía de ingresos fiscales como solución a los males presupuestarios de las Administraciones Públicas españolas destacan que estas medidas han permitido que los Ayuntamientos cierren el ejercicio 2013 con sus cuentas en positivo. Sin embargo, el aumento de la plantilla de empleados de los consistorios choca con este discurso, ya que la "austeridad privada" que supone el aumento continuado del IBI choca con el aumento del gasto público derivado de las contrataciones de personal. Concretamente, los Ayuntamientos cerraron 2013 con 608.000 empleados, un aumento interanual de casi 30.000 personas.
Si nos fijamos en los ingresos de los consistorios españoles, vemos que las cifras de 2013 son casi idénticas a las de 2007. Si antes de la crisis recaudaban 66.231 millones de euros, el pasado año se cerró en 65.059 millones.
Toledo duplica su recaudación por IBI
Para el periodo comprendido entre 2007 y 2012, el aumento de la recaudación por IBI ha alcanzado niveles escandalosos en algunas capitales de provincia. Es el caso de Madrid, donde los ingresos derivados de este gravamen han aumentado un 79,4%. Algo parecido ocurre en Almería, donde el crecimiento ha sido del 82,1%.
Aún peor lo tienen los contribuyentes de Murcia, Ávila y Cuenca. En estos tres municipios, la recaudación por IBI se ha disparado un 86,2%, un 86,6% y un 89,1%, respectivamente. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Toledo, donde las revisiones al alza del IBI han disparado los ingresos del consistorio en un 98,5%.
Incluso en las capitales de provincia en las que el aumento es menor, las cifras son preocupantes. Tenerife y Valencia son las dos urbes que experimentan un auge más limitado, pero igualmente hablamos de una subida acumulada del 17,9% y el 20,5%, respectivamente. A continuación encontramos a Alicante y Cádiz, donde el aumento llega al 23,3% y al 24,2%.
Más fiscalidad inmobiliaria
Las continuas revisiones de la fiscalidad municipal han disparado notablemente el esfuerzo tributario de los contribuyentes españoles. No obstante, las vías de ingresos han cambiado notablemente: caen los ingresos derivados de la edificación y la compraventa, pero suben los retornos fiscales imputados a los propietarios de activos inmobiliarios.
Para Hacienda, descargar un mayor castigo fiscal sobre la tenencia de viviendas, locales o terrenos permite desarrollar una vía de ingresos en la que el margen de elusión o evasión es mucho más limitado. Es por eso que la propuesta de "reforma tributaria" que elaboró la Comisión Lagares invitó al Fisco español a aumentar más aún la carga impositiva que se aplica en este ámbito. Y esta idea es, precisamente, una de las medidas que el Gobierno baraja incluir en su reforma fiscal.
Asimismo, el FMI y la OCDE también han pedido a España que explore este camino, por lo que los propietarios de inmuebles pueden convertirse, tras la próxima "reforma tributaria", en uno de los colectivos peor tratado por la fiscalidad española.
Líder mundial en impuesto de transmisiones
Igualmente, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales vemos que el marco fiscal español está muy lejos de ser moderado. De hecho, España es el país que más impuestos aplica por este concepto, tanto si hablamos de inmuebles de lujo como de propiedades más modestas.
Así, adquirir en España un activo inmobiliario de 2,7 millones de euros acarrea un gravamen medio del 10%, lo que equivale a 270.000 euros. India y Reino Unido aparecen en segundo y tercer lugar del ranking mundial elaborado por UHY, aunque en este caso el gravamen sería del 8% y del 7%, respectivamente. En Francia o Alemania, el Fisco se llevaría la mitad: un 5%. Más atractiva aún es la situación vigente en Japón e Italia (3%), Países Bajos y Canadá (2%), EEUU y Estonia (1%) o Rusia y Eslovaquia (no aplican este tributo).
Planteando la compra de un inmueble más modesto, valorado en 115.000 euros, vemos una vez más que España está a la cabeza en cuanto a impuestos cobrados. En el caso descrito, Hacienda se volvería a llevar otro 10%, esta vez equivalente a 11.500 euros. A continuación, encontramos a India, donde el castigo fiscal sería del 8,5%. Mucho más amable es el marco aplicado en Argentina, Francia o Alemania (5%), si bien el 3% de Italia, el 1% de Japón o el 0,5% de EEUU resultan aún más atractivos. En Reino Unido o Israel, por el contrario, esta transacción no implicaría ningún pago a Hacienda.
Todos estos costes tributarios complican la reactivación del sector inmobiliario. Como ha explicado Elena Sanz, la caída del precio de la vivienda no se ve reflejada en muchos casos debido al aumento de los impuestos aplicados al ámbito inmobiliario. Lo vemos en el caso del IBI y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero también en el fin de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda o en la subida del IVA.