El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar como imputado el 11 de junio a Elpidio José Silva por la filtración a la prensa de los correos de Miguel Blesa y le ha denunciado ante los juzgados ordinarios por un posible delito de malos tratos psicológicos a una testigo protegida.
En un auto, la instructora Susana Polo ha llamado a comparecer como testigos, a petición del fiscal, a ocho personas, varias de ellas abogados, que podrían haber sabido que el juez "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos".
A propuesta del Ministerio Fiscal, la magistrada ha requerido también a la Editorial Planeta, responsable de la publicación del libro titulado 'La justicia desahuciada' de Silva, que remita al tribunal todas y cada una de las versiones de la obra, las previas y las diferentes a la que resultó finalmente publicada, ya fueran impresas o en archivo informático.
La juez pide especificar en todos los casos las fechas de remisión, recepción y las personas o direcciones de correo electrónico que fueron destinatarias o tuvieron conocimiento del contenido de las diferentes versiones. Además, Polo solicita que se una a las actuaciones la hoja "histórico penal" del imputado.
Investigación en Plaza de Castilla
Por otra parte, la juez instructora acuerda deducir testimonio al Juzgado Decano de Madrid de las declaraciones prestadas en la investigación del caso por una testigo protegido en relación con los malos tratos psicológicos, vulneración de derechos fundamentales y falsedad documental que el juez Silva cometió presumiblemente al margen del ejercicio de su cargo como magistrado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid remitió estas actuaciones al Tribunal Superior de Justicia al entender que era competente para su instrucción. Sin embargo, este órgano, con el apoyo de la Fiscalía, han determinado que "excede" del aforamiento de Silva y las remite de nuevo a los Juzgados de Plaza de Castilla.
El juez Silva, líder del Movimiento Red, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el 7 de julio para volver a ser juzgado de nuevo por presunta prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a la cárcel.
El ex banquero pide 40 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía solicita 30 y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama una pena de 24 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia.