El gran revuelo que ha supuesto la irrupción de Podemos en el mapa político, tras lograr cinco escaños en las elecciones europeas del pasado domingo, no es de extrañar si se observa la propuesta rupturista que plantea en su programa. Así, el plan económico que defiende el partido de Pablo Iglesias es sólo una parte, aunque muy sustancial, de su proyecto político.
En el fondo, lo que defiende dicha formación es la "apertura de un proceso constituyente" para blindar toda una serie de "derechos sociales y culturales", al tiempo que se implanta la "participación directa" de los votantes en la decisión y gestión de los "asuntos comunes".
Se trata, por tanto, de sustituir el actual sistema de democracia representativa, en donde los electores deciden quién gobierna, por una nueva "democracia real" -también conocida como "participativa" o "asamblearia"-, en la que los votantes determinan cómo se gobierna decidiendo, directamente, sobre todo tipo de asuntos. De este modo, tanto las políticas públicas como la gestión de empresas o la finalidad de todo tipo de recursos (incluyendo la propiedad privada) se sometería a la voluntad de la mayoría. Así pues, el colectivo, a través del Estado, se impondría por la fuerza a los derechos y libertades fundamentales del individuo.
No es un fenómeno nuevo. En realidad, no es más que una actualización de la tradicional "democracia popular" que imperó en numerosos países comunistas durante buena parte del siglo XX, una variante del llamado "socialismo real". Y, en la práctica, consiste en otorgar al Estado un poder absoluto. En este sentido, cabe recordar que los regímenes comunistas suelen ocultarse bajo un manto "democrático" y "popular", como es el caso de la "República Popular Democrática de Corea" (Corea del Norte) y la "República Popular China" hoy, o la "República Democrática Alemana" (Alemania del Este) y la "Kampuchea Democrática" (Camboya bajo el régimen de los jemeres rojos) ayer, entre otros muchos.
Podemos nace de una serie de plataformas y movimientos como el 15-M, cuyo denominador común es el rechazo frontal al capitalismo. Una de estas fuerzas impulsoras es Izquierda Anticapitalista, una formación comunista que, entre otras cosas, define a la perfección la "democracia socialista del siglo XXI" que propone Iglesias.
Su objetivo es diáfano:
Una democracia sustancial solo puede construirse erradicando la dominación capitalista, eliminando la desigualdad y dotando a los ciudadanos de poder efectivo en todas las áreas de la vida social. Estas metas podrán alcanzarse con una democracia socialista diferenciada del fracasado totalitarismo burocrático, que actualice los viejos ideales e implemente nuevas formas de participación popular.
El socialismo apunta a construir una sociedad igualitaria a partir de la erradicación del capitalismo y la expansión de la propiedad colectiva de los medios de producción. Este proceso exige desenvolver la autodeterminación popular, bajo una modalidad que debería contener las características de una democracia socialista. Este sistema político sustituirá el régimen actualmente dominado por los banqueros, los industriales y los burócratas por un gobierno soberano del pueblo, que pondrá en práctica una democracia real.
La paulatina socialización del proceso productivo aportará a la población los recursos, el tiempo y las calificaciones necesarias para participar, deliberar y decidir los destinos de la sociedad. Estos cambios favorecerán la expansión de la democracia a todas las áreas de la vida social. Formas de gestión mayoritarias serían introducidas en la economía (fábricas, bancos, servicios), el Estado (administración, ejército, justicia) y la actividad pública (educación, salud, medios de comunicación).
Y su referente contemporáneo también: la Venezuela de Hugo Chávez.
En este país la democracia participativa tiene rango constitucional desde 1999, junto a otros logros que consagran conquistas sociales (derechos de los indígenas, campesinos, niños), nacionales (prohibición de bases extranjeras) y democráticas (referéndum revocatorio, obligación de los funcionarios de rendir cuentas, normas de control masivo) […] En un país históricamente moldeado por una economía y una cultura de rentismo petrolero, la intervención masiva [del Estado] es la llave para un despegue del socialismo del siglo XXI.
"Democracia", el nuevo cebo de los comunistas
El "socialismo del siglo XXI" que defiende Podemos es el comunismo de toda la vida, pero revestido de mecanismos "democráticos". No en vano, tal y como argumentan desde Izquierda Anticapitalista, es preciso "sustituir el estandarte de la dictadura del proletariado por la bandera de la democracia socialista".
¿La razón? "El primer término ha perdido la connotación positiva que presentaba en la época de Marx o Lenin como opción frente a la autocracia y ha quedado en cambio asociado con el totalitarismo que prevaleció en la URSS".
Por ello, "acentuar la importancia de la democracia en un proyecto socialista no es una arbitrariedad, ya que obedece a la profunda expansión del sentimiento democrático contemporáneo", aclaran. "La democracia plena es realizable bajo el socialismo y debe ser reivindicada sin prevenciones ni reservas", concluyen.
Dicho y hecho. Basta observar el índice del programa de Podemos para percatarse de dicha reivindicación. Así, el texto, que consta de un total de 40 páginas, se divide en los siguientes seis capítulos:
- Recuperar la economía, construir la democracia
- Conquistar la libertad, construir la democracia
- Conquistar la igualdad, construir la democracia
- Recuperar la fraternidad, construir la democracia
- Conquistar la soberanía, construir la democracia
- Recuperar la tierra, construir la democracia
El término "democracia" o "democratización" aparece en un total de 25 ocasiones a lo largo del programa, pero se emplea con un sentido diferente al tradicional, ya que aquí significa, simplemente, nacionalizar o expropiar. Así, por ejemplo, Podemos propone:
- "Democratizar la dirección de las entidades bancarias y cajas de ahorros".
- Crear "una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo".
- "Incrementar la democracia económica facilitando la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por lo tanto, en la gestión de las mismas".
- "Democratización real de los medios de comunicación".
- "Gestión democrática" de Sanidad, Educación, Vivienda...
- "Planificación democrática de una economía ecológica [...] respetuosa con la biosfera y basada en un modelo productivo ambientalmente sostenible".
- "Control democrático social y público de las fuentes energéticas y de la producción eléctrica" o, lo que es lo mismo, "democratización de la energía".
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"La gestión y propiedad de los recursos hídricos debe ser pública, con una gestión democrática".
Lo mismo sucede con la palabra "control", que aparece en un total de 21 ocasiones a lo largo de las citadas 40 páginas. Dicho concepto se traduce, igualmente, en nacionalización o expropiación de recursos, avanzando así en el "control" estatal de todas las áreas económicas y civiles.
El ejemplo más palmario es su exigencia de recuperar el "control público" de "sectores estratégicos", tales como "telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo", mediante la "adquisición pública" [estatal] de los mismos o su sustitución por empresas públicas. Curiosamente, Podemos sólo emplea el la palabra "expropiación" para aludir a la nacionalización de "grandes fincas", que "deberán pasar a gestión comunal".
Y como muestra de la progresiva estatalización que propugnan, el término "público" aparece en 89 ocasiones a lo largo de su programa político, mientras que el concepto "derechos" se repite 74 veces, sin aludir en ningún caso a los ingentes costes que conllevaría este exponencial aumento de la esfera pública sobre la economía española.
Por último, alude a diez "prohibiciones", desde la tauromaquia y el fracking (explotación de hidrocarburos no convencionales) hasta el despido en empresas con beneficios, copagos o privatización y recortes en el sistema público de pensiones. El término "libertad", que aparece otras diez veces, tan sólo se circunscribe al ámbito de la opinión, reunión, manifestación, asociación, religión y sexo, garantizadas ya por el actual marco constitucional.
Como en su día señaló Juan Ramón Rallo, los defensores de la democracia asamblearia "quieren regenerar la política, pero no para incrementar la exigua esfera de libertad de los individuos a costa de la reglamentación estatal, sino para terminar de convertirlos en las mulas de carga de la casta gobernante. Sorpresa: la nueva izquierda no es otra cosa que la izquierda de toda la vida".
Y añade:
Mucho me temo que la tan democratizadora economía asamblearia es igualita a una tiranía política: miseria generalizada y nula autonomía personal. Todo lo contrario, por fortuna, de lo que ofrece un mercado libre.