El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado un procedimiento de embargo sobre la antigua sede de RTVE situada en el madrileño Paseo de La Habana que iba a ser vendida por la Administración Central. La causa: la alcaldesa de Madrid Ana Botella reclama al Estado deudas por valor de 3,8 millones de euros por impagos en impuestos, facturas de la grúa municipal y otros servicios de diferentes ministerios. Tal y como informa Cinco Días, el edificio en cuestión es la antigua y emblemática sede de RTVE, que está incluida en el plan de venta de los más de 15.000 inmuebles a vender por el Estado.
Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno, que ya está analizando si este envite del consistorio madrileño es viable. En concreto, la Dirección General de Patrimonio del Estado es la encargada de analizar el caso y todo apunta a que este conflicto acabe en los tribunales. El principal problema en esta clase de casos está en el reconocimiento y acreditación de la deuda, con lo que en ocasiones la deuda se remonta años atrás a bienes que Patrimonio del Estado defiende que están exentos.
Casos similares a este embargo lo encontramos cuando el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, estaba al frente del Ayuntamiento de Madrid. Gallardón embargó un solar en la Calle Padre Damián 52, propiedad del Estado, por una deuda de 17,2 millones de euros. El caso se llevó en un primer momento al Tribunal Económico-Administrativo Municipal que rebajó la deuda estatal al consistorio de los 17, 2 mencionados a nueve millones de euros. Finalmente, tras cuatro años de litigios, el juzgado de lo Contencionsos-Administrativo central fue un paso más allá y declaró el embargo nulo, al no reconocer dicha deuda.
Ante esto, el consistorio, ahora en manos de Ana Botella, optó por iniciar este nuevo procedimiento de embargo del edificio de RTVE. Esta acción ha causado malestar en el Gobierno central, ya que entienden deslealtad del Ayuntamiento popular, tras las medidas lanzadas por Hacienda como el plan de pago a proveedores, el impuesto sobre plusvalías o cambios normativos en el IBI, destinados a ayudar a las comunidades autónomas.