En los últimos años, se ha criticado mucho la salvaje austeridad que ha tenido que aplicar el sector público bajo la presión de Bruselas y los malvados mercados. Los funcionarios se han manifestado en las calles y la oposición ha denunciado los masivos recortes que han sufrido los servicios públicos.
Sin embargo, este panorama no se ajusta a la realidad de los datos. Así, por ejemplo, el gasto en Sanidad y Educación, en manos de las comunidades autónomas, se mantuvo casi intacto durante la crisis. De hecho, el gasto autonómico total incluso ha aumentado, al tiempo que los gobiernos regionales han mantenido en pie su abultada administración paralela.
Ahora, uno de los mayores expertos en materia de financiación autonómica desmonta algunos de los mitos existentes sobre la supuesta austeridad de las CCAA. Se trata de Ángel de la Fuente, el nuevo director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), investigador del Instituto de Análisis Económico (CSIC) y asesor de confianza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No en vano, el propio Montoro lo escogió para elaborar las nuevas balanzas fiscales, que servirán de base para reformar el sistema de financiación regional.
En su primer informe como director de Fedea, analiza en detalle la evolución de las finanzas autonómicas durante la crisis y entre el período 2003-2013, cuando tuvo lugar el grueso de la burbuja crediticia. El estudio arroja dos conclusiones muy relevantes:
- Las autonomías han aplicado recortes para reducir el déficit durante la crisis, pero el mayor esfuerzo por el lado del gasto se ha concentrado en las inversiones públicas, y no en los servicios básicos (gasto corriente).
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El origen del brutal desequilibrio presupuestario que han registrado las CCAA no se debe al desplome de los ingresos fiscales sino al brutal aumento de gastos experimentado en la última década.
De la Fuente ha depurado los ingresos y gastos no financieros de las CCAA desde 2003, excluyendo las partidas en las que actúan como intermediarias (transferencias del Estado a las corporaciones locales y subvenciones europeas de la PAC) para comparar su evolución de forma homogénea, arrojando los siguientes resultados.
La reducción del déficit se frena en 2013
Por un lado, el informe refleja la evolución del déficit autonómico desde 2003, empleando tanto el criterio de devengo como el de caja (ingresos y gastos se imputan en el momento en que realmente se desembolsan). Tal y como muestra el siguiente gráfico, las autonomías mantienen en promedio ligeros superávits hasta alcanzar un máximo en el año 2006. Sin embargo, con la llegada de la crisis, los saldos presupuestarios "se deterioran muy rápidamente".
Tomando como referencia el criterio de caja, el déficit autonómico alcanza su nivel máximo en 2011, con un 2,8% del PIB. A partir de ese año, las cosas comienzan a mejorar, pero "a un ritmo decreciente", alerta el estudio. Así, mientras que en 2012 el déficit se redujo en 1,1 puntos de PIB (pasando del 2,8% al 1,7% del PIB), en 2013 la mejora fue de sólo medio punto, hasta un nivel de déficit del 1,2% del PIB". Es decir, el mayor ajuste tuvo lugar en 2012, pero se suavizó de forma sustancial el pasado año.
Evolución de gastos e ingresos
A continuación, el informe detalla la evolución de los ingresos y gastos no financieros por habitante, pero medidos a precios constantes de 2008 (eliminando la distorsión que genera la inflación). En el siguiente gráfico se observan cuatro fases:
- Entre 2003 y 2007, los ingresos y los gastos de las comunidades autónomas crecen a un ritmo similar, lo que permite mantener una situación de equilibrio presupuestario.
- Entre 2007 y 2009, los gastos se disparan a la vez que los ingresos comienzan a caer levemente en términos de caja.
- Entre 2009 y 2011, tanto los ingresos como los gastos se reducen, pero los primeros caen con más fuerza, lo que genera un fuerte aumento del déficit.
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Finalmente, tras 2011 los ingresos comienzan a estabilizarse mientras que la reducción del gasto se mantiene, permitiendo una reducción del déficit agregado, aunque esta reducción es mayor en 2012 que en 2013.
En concreto, entre 2003 y 2007, los ingresos autonómicos por habitante se dispararon en más de 20 puntos porcentuales, pero tras el estallido de la crisis la recaudación se hundió casi hasta su punto de origen, situándose en 2013 un 1,6% por debajo del nivel registrado en 2003. Asimismo, el gasto real creció 33 puntos entre 2003 y 2009, pero desde entonces se ha reducido en 24 puntos, hasta un nivel similar al observado en 2005 y 9 puntos por encima del de 2003.
Es decir, mientras que los ingresos reales de las autonomías han retrocedido a niveles de 2003, el gasto no financiero total se mantiene en niveles de 2005.
¿Conclusión? Las CCAA han registrado un déficit equivalente al 1,3% del PIB durante la última década, cuyo origen se debe en un 15% a la caída de los ingresos y en un 85% al aumento del gasto. Dicho de otro modo, este desfase fiscal no se debe al desplome de la recaudación tributaria como consecuencia de la crisis, sino, sobre todo, al incremento del gasto autonómico experimentado durante los años de burbuja.
Las CCAA recortan en inversión pública
Pero dentro del gasto autonómico no financiero, es preciso diferenciar tres grandes partidas:
- Gastos de capital: inversiones públicas.
- Gastos en intereses derivado del aumento de la deuda y la prima de riesgo.
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Gasto corriente neto de intereses: gastos de personal, bienes y servicios y transferencias corrientes. Aquí se incluyen los grandes servicios públicos.
Como se aprecia en el siguiente gráfico,la inversión pública se reduce de forma rápida e intensa desde el estallido de la crisis, hasta situarse a casi la mitad del nivel registrado en 2003; el gasto en intereses se triplica en pocos años como resultado de la rápida acumulación de deuda y de la subida de la prima de riesgo; mientras que el grueso del gasto corriente registra a partir de 2009 una caída mucho más modesta que el gasto total, manteniéndose en 2013 a niveles de 2006-07.
Es decir, la mitad de la reducción del gasto autonómico registrada entre 2009 y 2013 se debe al fuerte recorte de la inversión pública. De hecho, más del 60% de los recortes autonómicos entre 2012 y 2013, bajo el Gobierno del PP, se debe a esta partida, hasta alcanzar "niveles insosteniblemente bajos", según advierte el informe. Sin embargo, el grueso del gasto destinado a servicios públicos básicos tan sólo ha retrocedido a niveles de 2006-2007, cuando la burbuja crediticia estaba en su máximo apogeo, desmontando con ello la supuesta "austeridad" que tantas críticas ha levantado.
El gasto corriente aumenta
Por último, si se amplía la perspectiva temporal, se observa que las CCAA han acumulado un déficit público equivalente al 1,3% del PIB en la última década, cuyo origen se explica casi en un 90% por el aumento de gastos experimentado durante este período, y no a la caída de ingresos.
En concreto, el gasto destinado a inversión pública ha bajado en un 1% del PIB desde 2003, "pero aún así el gasto no financiero total se ha incrementado en 1,2 puntos de PIB gracias al fuerte incremento del gasto corriente, al que ha contribuido significativamente el rápido crecimiento de la partida de intereses".
El siguiente gráfico refleja las contribuciones del ingreso y del gasto al déficit autonómico acumulado entre 2003 y 2013 y diferenciando por regiones. "El incremento del gasto juega un papel fundamental en el deterioro del saldo presupuestario en la mayor parte de las regiones", indica el informe.
Especialmente, en Cataluña y Murcia, con incrementos del gasto total no financiero superiores a los 2,5 puntos de PIB durante el conjunto de la década. La fuerte caída de los ingresos, sin embargo, es el factor dominante en el caso de Navarra, Asturias, Galicia y Castilla y León.
Hay que recortar más el gasto
Por último, el estudio concluye que, si bien el déficit regional se ha reducido de forma sustancial en los dos últimos años, dicho ajuste "proviene en buena parte de una reducción de las partidas de inversión hasta niveles históricamente muy bajos que no podrán mantenerse por mucho tiempo sin que comience a afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos".
Por ello, De la Fuente advierte de que, aunque la previsible recuperación de los ingresos en los próximos años debería contribuir a la reducción del déficit autonómico, "sería aconsejable que las comunidades autónomas continuasen trabajando en la contención de las partidas de gasto recurrente que representan el grueso de sus presupuestos y que, pese al recorte de los últimos años, han aumentado en un 16% su peso en el PIB durante la última década".