El Gobierno concedió a finales del pasado año un nuevo balón de oxígeno al sistema financiero al permitir que los denominados "activos fiscales" contabilizaran como capital, suavizando las exigencias normativas de Basilea III, previo aval del Estado. Su cuantía asciende a unos 30.000 millones de euros, pero podría contabilizarse como déficit y deuda públicos en caso de que así lo decida la oficina estadística de la UE, Eurostat, el próximo junio.
Los activos fiscales (activos por impuestos diferidos) representan, básicamente, la posibilidad de que las entidades financieras paguen menos impuestos en el futuro y, por tanto, tengan más beneficios con los que nutrir sus fondos propios (capital). El ejemplo más claro son las pérdidas acumuladas que pueden compensarse con futuros beneficios y así pagar menos impuestos. También están las deducciones que temporalmente se harán efectivas en ejercicios futuros.
A finales del pasado noviembre, el Gobierno permitía a bancos y cajas computar como capital de máxima calidad hasta 30.000 millones de euros, al dejarles convertir más de la mitad de sus activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) en créditos fiscales avalados por el Estado. Sin embargo, Eurostat se reunirá con la autoridades españolas para definir si ese último rescate, en forma de argucia contable, cuenta también como déficit y deuda en las cuentas públicas, según avanzó Bloomberg el lunes.