El papel lo aguanta todo, especialmente a la hora de cantar las alabanzas derivadas de la actuación del Gobierno. El último ejemplo tuvo lugar el pasado viernes. El Ministerio de Hacienda presentó al Consejo de Ministros un nuevo informe para destacar los grandes avances alcanzados en materia de administración electrónica a lo largo de los últimos años. Y los resultados ofrecidos son, a primera vista, espectaculares.
Así, según el citado estudio, la eliminación de trámites y el uso de medios telemáticos en el seno de la Administración General del Estado (AGE) habría generado un ahorro de más de 31.000 millones de euros a particulares y empresas en 2012 y 2013, tal y como detalla la siguiente tabla.
En concreto, el ahorro ascendería a algo más de 15.300 millones en 2012 y a otros 16.100 en 2013. En teoría, este es el dinero que se habrían ahorrado los contribuyentes gracias a la tramitación electrónica en los dos últimos años.
Sin embargo, en primer lugar, estas elevadas cifras no tienen nada que ver con la supuesta austeridad del sector público, ya que no se refieren a recortes de gasto en ningún caso, sino al hipotético ahorro en costes y molestias que supone para el usuario realizar los trámites por internet en lugar de tener que desplazarse personalmente a la oficina de turno para presentar los papeles.
Y la cifra, desde luego, no es baladí: más de 16.100 millones de euros tan sólo en 2013. Pero, ¿de dónde sale este cálculo? El Ejecutivo no lo explica en detalle. En la referencia del Consejo de Ministros se limita a señalar lo siguiente:
Cualquier ciudadano puede realizar hoy trámites o gestiones administrativas por Internet, de forma segura, rápida y sin necesidad de desplazamientos, generando importantes ahorros:
- Una gestión electrónica cuesta cinco euros, mientras un trámite ordinario, incluyendo desplazamientos, tiempo, gestiones, etcétera cuesta ochenta euros. El ahorro en cada trámite telemático es de 75 euros.
- En el año 2013 los trámites iniciados telemáticamente por ciudadanos y empresas con la Administración General del Estado fueron 370.415.613, más de un 70 por 100 del total de las tramitaciones.
Se estima que el ahorro mínimo en 2013, por el hecho de utilizar los servicios de administración electrónica, supera los dieciséis mil millones de euros.
Dicho de otro modo, sustituir el trámite presencial por la vía telemática supone un ahorro estimado de 75 euros en cada gestión a la persona o empresa en cuestión, un 94% menos, tras descontar transporte, tiempo, papeleo, etc. Sin embargo, todas estas cifras son puras estimaciones, el Gobierno no da más detalles al respecto y lo cierto es que tales cálculos chocan con otros datos oficiales sobre esta materia.
Más que la reforma integral del sector público
Lo primero que llama la atención es que la administración electrónica ha ahorrado en dos años más que lo que contempla la reforma integral de las Administraciones Públicas, el conocido CORA que dirige y coordina personalmente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. No en vano, el Ejecutivo estima que la aplicación de la CORA supondrá un ahorro total de 22.800 millones de euros entre 2012 y 2015.
De esta cifra, apenas 6.500 millones se traducirán en recortes de gasto en sentido estricto, mientras que el resto (16.300 millones) es una simple y arbitraria estimación sobre lo que, en teoría, se ahorrarán los ciudadanos y las empresas de su bolsillo gracias a la mejora de la eficiencia de la Administración (eliminando trámites y burocracia), aplicando una estimación similar a la empleada en la administración electrónica. Es lo que el Gobierno denomina "coste de oportunidad".
Así pues, la tramitación telemática habría logrado ahorrar entre 2012 y 2013 unos 16.100 millones de euros a particulares y empresas, una cifra muy similar a la supondría la implementación total de las cerca de 200 medidas que incluye la CORA entre 2012 y 2015.
Es evidente que la administración electrónica tiene importantes ventajas, ya que es más barata, eficiente y ágil que la presencial, con todos los ahorros que ello supone tanto para la Administración como para el administrado, pero lo cierto es que la metodología existente para medir su impacto no está todavía definida y, por tanto, ni es fiable ni homogénea a nivel internacional. Es decir, hoy por hoy, son puras estimaciones.
En el año 2006, y basándose en la comunicación de la Comisión Europea Medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la Unión Europea, se efectuó en España una primera estimación del coste e impacto respecto al PIB de las cargas administrativas. El resultado fue que éstas consumían el 4,6% del PIB. lo cual equivalía a 45.335 millones de euros en 2006.
Desde entonces, las cargas administrativas y burocráticas se han reducido un 30%, según los últimos datos oficiales, hasta situarse en 26.236 millones de euros en 2012 (2,5% del PIB), unos 19.000 millones menos que en 2006 (-42%) gracias, sobre todo, a la simplificación de trámites que ha permitido la administración electrónica. Pero, una vez más, este ahorro no cuadra con las cifras que acaba de presentar el Gobierno, ya que la reducción estimada en apenas dos años supera con creces lo conseguido en los seis anteriores.
Por último, según el Observatorio para la Administración Electrónica, un órgano perteneciente al Ministerio de Hacienda, la AGE dispone de unos 2.900 procedimientos y servicios públicos para particulares y empresas. El número de trámites ascendió a un total de 465 millones en 2012, de los que más de 345 millones han sido iniciados por medios electrónicos (74,4%). Según los cálculos de dicha entidad, "por cada 1% de incremento de uso se ahorran los ciudadanos 300 millones de euros y la Administración 40 millones respectivamente, al evitarse trámites presenciales, desplazamientos y pérdidas de horas de trabajo".
Sin embargo, tal y como muestra el siguiente cuadro, el uso electrónico se situó en el 76,2% en 2013, lo que supone un aumento de 1,8 puntos, equivalente a un ahorro extra de 650 millones de euros respecto a 2012. Esta última cifra sí tiene sentido, ya que cuadra más o menos con el incremento de ahorro que estima el Gobierno para 2013, unos 800 millones de euros más que en 2012 (ver primer cuadro: 16.136 millones en 2013 frente a 15.357 en 2012).
El problema aquí es que en lugar de anunciar el aumento estimado de ahorro respecto a 2012, el Ejecutivo ha optado, simplemente, por anunciar la cifra global (16.100 millones), sin explicar la base (año de referencia del que se parte para realizar la comparación) ni el método empleado para arrojar tal resultado.
La cifra, sin duda, suena muy bien, pero la realidad es muy distinta. La administración electrónica ha avanzado de forma sustancial en los últimos años conforme la sociedad de la información ha ido creciendo, pero no ha experimentado la revolución que pretende vender el Gobierno bajo su mandato. El uso de la administración electrónica ha pasado del 73% en 2011 (último año del Gobierno socialista) al 76,2% en 2013, de modo que el ahorro extra generado durante los dos últimos años apenas superaría los 1.000 millones de euros, no los 31.000 anunciados por el Ejecutivo del PP.
