El Gobierno francés anunció este jueves que ha reforzado el dispositivo relativo a las inversiones extranjeras sometidas a la autorización previa del Estado, y que le permitirá oponerse a la toma de control de ciertas empresas galas. Hasta ahora limitado a once actividades ligadas a la defensa y la seguridad, ese mecanismo se ha ampliado al suministro de energía y agua, a las redes y servicios de transporte y comunicaciones electrónicas y a la protección de la salud.
Se trata, según indicó en un comunicado el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, de garantizar el interés del país en esos sectores, y de que los potenciales compradores tengan en cuenta ese objetivo, sean de la Unión Europea, o de otro país.
Con este decreto, que entrará en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno podrá solicitar compromisos específicos e imponer condiciones a la realización de las inversiones implicadas. Asimismo, autoriza al ministro de Economía a subordinar ese permiso a la obligación de ceder ciertos activos de la empresa francesa en cuestión a una compañía independiente de la compradora.
"Con esta reforma, Francia se dota de un marco jurídico eficaz, comparable al de numerosas economías abiertas, en Europa y fuera de ella", indica el Ministerio, que subraya que este nuevo dispositivo será aplicado de forma "selectiva y proporcionada". El Ejecutivo opta con esto por el "patriotismo económico", añadió Montebourg en una entrevista concedida al diario Le Monde.
"Estas medidas de protección de los intereses estratégicos de Francia son una reconquista de nuestra potencia. A partir de ahora podemos bloquear cesiones, exigir contrapartidas. Es un rearme fundamental de los poderes públicos. Francia no puede contentarse con las palabras mientras los otros estados actúan", subrayó.
En gestación desde hace meses, según el rotativo, la adopción de este decreto se ha visto "brutalmente acelerada" con la revelación a finales de abril de las negociaciones emprendidas por el estadounidense General Electric para la adquisición de la rama energética de la francesa Alstom.
"Nos dimos cuenta de que sería muy difícil oponernos a esta operación en el estado actual de la normativa. Con este decreto, tendremos derecho a la discusión, porque a ninguna empresa le interesa correr el riesgo de un veto del Estado", reconocen fuentes ministeriales en esa cabecera. Alstom, calificada por Montebourg como un "eslabón esencial" de la independencia energética francesa, entra según el ministro en el campo de actuación de este nuevo decreto, al igual que "otras empresas estratégicas".
"El poder de autorización que nos confiere nos protege contra formas indeseables de división o riesgos de desaparición. Con este decreto -concluyó- se reequilibra la relación de fuerzas entre los intereses de las empresas multinacionales y los del Estado, que no siempre están alienados".