Adif ha dado respuesta a la petición lanzada en 2013 por la Dirección General de Ferrocarriles para conocer el nivel de seguridad en la circulación ferroviaria en todo lo relativo a infraestructuras. Ya en 2007, el DGF manifestó al ente público su preocupación por "el incremento de sucesos relacionados con el estado de las trincheras ferroviarias de la red"-parte del terraplén en determinados tramos de la vía-.
En este sentido, y con el trágico accidente ferroviario de Santiago de Compostela en la conciencia colectiva, Adif manifiesta en su informe el deterioro de las denominadas trincheras ferroviarias en algunos puntos de la red. En el informe, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, Adif estima que no son suficientes los 42 millones de euros que ha recibido a principios de año para paliar los puntos con mayor deterioro a causa del temporal y pide a Fomento otros 78 millones de euros hasta 2018- 120 millones-, más 22 millones de euros adicionales cada año.
Adif es la empresa pública más endeudada, con un pasivo de 16.686 millones de euros según los presupuestos de este año. La respuesta que da el ente público a Fomento viene motivada a la inversión insuficiente de los presupuestos para mantener los 12.000 kilómetros de la red convencional.
Fuentes del gestor de infraestructuras reconocieron al diario que la falta de mantenimiento de la vía convencional se debe a que el 90% de las inversiones se ha destinado al desarrollo de los 2.400 kilómetros de Alta Velocidad. Y es que desde 2008 a 2012, las inversiones realizadas en los 12.000 kilómetros de red convencional se han situado en 2.600 millones de euros, casi 10 veces menos que la inversión para la red de AVE. La marginación de la red convencional se agravó, aún más, tras la segregación de la infraestructura de Alta Velocidad y de la convencional, en una jugada política para cumplir con el Sistema Europeo de Contabilidad.
Por su parte, Ministerio de Fomento y Adif han decidido limitar la velocidad en los tramos de mayor riesgo, hasta que se realicen las reparaciones pertinentes. En concreto las limitaciones reducirán la velocidad de los trenes a 50 kilómetros por hora e incluso a 20 kilómetros por hora, en los casos con mayor riesgo.
Asimismo, en las líneas que cuenten con un tráfico menor a 40 circulaciones diarias se planteará directamente su cierre operativo de las mismas. Entre las líneas que se verán más afectadas a causa de la reducción de velocidad están Madrid- Hendaya; Madrid-Barcelona por Caspe, Lérida-Hospitalet de Llobregat o Valencia Norte-San Vicente de Calders, entre otras. Esta actitud destaca por el perjuicio de las vías regionales y de cercanías, en detrimento de los grandes recursos destinados a las líneas de AVE.
El informe se publica justo en plena operación de la Fiscalía Anticorrupción, cuando el pasado lunes irrumpió en las oficinas de Adif en Madrid y Barcelona para investigar posibles sobrecostes en los contratos de la obra de AVE Madrid-Barcelona, cuyo presupuesto ascendió a 8.996 millones de euros.