El sindicalismo actual es uno de los muchos vestigios que ha dejado en herencia el franquismo. CCOO y UGT son tan solo la continuación del aberrante sindicato vertical que durante décadas marcó los designios del mercado laboral bajo la dictadura. No en vano el núcleo de su enorme poder y capacidad de influencia radica en la muy estatista negociación colectiva, modelo por el cual una privilegiada casta de sindicalistas, miembros de las patronales y políticos imponen, manu militari, las condiciones laborales al conjunto de los trabajadores, cercenando su capacidad de decisión y violando el principio de libre contratación, uno de los ejes del capitalismo, limitando con ello la generación de riqueza y empleo.
Aquí, el sindicalismo es una imposición política, ya que todos los españoles están obligados por ley a financiar dichas organizaciones vía tributos, al tiempo que el Estado les otorga en exclusiva la licencia de representar a todos los trabajadores, sean o no afiliados. Por suerte, la última reforma laboral ha limitado algo la extensión de los rígidos convenios colectivos, pero el problema es que dicha figura sigue vigente.
Curiosamente, el "fascismo" que dicen criticar es, sin embargo, el sistema al que se aferran con uñas y dientes, ya que el sindicalismo patrio sigue dependiendo de forma directa del Estado, vía subvenciones, convenios, cursillos de formación y el particular blindaje que les otorga la ley. Por el contrario, lo que más odian, sin duda, es el libre mercado, su archienemigo, pues bien saben que su cómoda e influyente posición, con las generosas prebendas de que disfrutan, se esfumaría ante el menor atisbo de libertad para los trabajadores.
Pocas cosas hay más franquistas hoy en día que los actuales sindicalistas. Su particular ideario económico y laboral poco o nada tiene que envidiar al de Falange. No por casualidad Falange nace del nacionalsindicalismo. Quítenle el aditivo nacional y verán que buena parte de su programa es compartido por CCOO y UGT. El nexo es su rechazo frontal al capitalismo, tan presente en el último programa electoral falangista:
Entendemos que las injusticias sociales, que hoy lo son sobre todo a nivel internacional por culpa del mundialismo [globalización], no tienen solución posible dentro del mismo sistema capitalista que las genera.
Asimismo, algunas de las propuestas económicas de Falange serían firmadas, sin dudar, por muchos sindicalistas:
- Fomento de la contratación indefinida y de calidad. Evitando la temporalidad, los despidos indiscriminados y los contratos basura.
- Participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
- Trabajaremos para que el suelo no esté sometido a la ley de oferta y demanda.
- Abaratamiento de la vivienda de protección oficial.
- Ley hipotecaria que favorezca la dación en pago.
- Nacionalización de la Banca.
- Prohibición de la especulación.
- Persecución de paraísos fiscales y endurecimiento de penas para especuladores y capitalistas que se aprovechen del trabajo de los españoles.
- Soberanía monetaria para España. Mediante la salida de la zona Euro.
Y a ello cabe añadir, cómo no, una férrea defensa de los grandes servicios públicos:
- Aumentar el presupuesto de Educación en lo que sea necesario.
- Sanidad pública garantizada para todos los españoles sin discriminación económica, social o territorial. Evitando modelos de concierto sanitario o copago puesto en práctica por los gobiernos neoliberales autonómicos durante los últimos años.
- Mantenimiento de pensiones dignas. Especialmente las no contributivas.
Una vez aclarada la esencia de su particular origen ideológico, conviene señalar que el ignominioso liderazgo que, por desgracia, ostenta España en cifras de paro se debe, en gran medida, al rígido modelo laboral de convenios colectivos que propugnan tan vehementemente los líderes sindicales Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO). España sigue padeciendo uno de los mercados laborales más rígidos del mundo, a pesar de la tímida flexibilidad que ha propiciado la reforma de Fátima Báñez. De ahí, precisamente, la necesidad de seguir profundizando en la liberalización para reducir de forma drástica la vergonzosa tasa de paro, enquistada aún en el 26%, tal y como vienen reclamando numerosos analistas y organismos internacionales. Pese a ello, parece que el Gobierno del PP prefiere contentar a los sindicatos, aunque sea mínimamente, antes que combatir de forma eficaz el dramático desempleo que tan cruelmente golpea a millones de familias.
Y lo más triste es que, siendo los sindicatos culpables de esta terrible situación, el contribuyente está obligado a financiar su funcionamiento, quiera o no, mediante numerosas y muy opacas vías. En este sentido, cabe recordar que, por primera vez en la historia, CCOO y UGT acaban de hacer públicas las cuentas de sus sedes centrales –sólo esas–, aunque no por voluntad propia, ya que un reciente cambio legal les obliga a ello. El dato más revelador es que sus afiliados apenas aportan unos 15 millones de euros al año, respectivamente, mediante el pago voluntario de sus cuotas, pero sus cúpulas manejan a su antojo cientos de millones de euros de dinero público vía subvenciones, ayudas de todo tipo y programas de formación inútiles para encontrar empleo. El control de fondos, además, brilla por su ausencia, como bien está demostrando el escándalo de los ERE andaluces, la trama de los cursillos y tantos otros casos de corrupción que está investigando la Justicia, pese a las infames trabas y presiones que está recibiendo.
El otro dato significativo es el de la representatividad. CCOO y UGT dicen contar con poco más de dos millones de afiliados, lo cual equivale a menos del 10% de la población activa. Sin embargo, gracias al blindaje normativo que les facilita el Estado, se pueden permitir el lujo de disponer de unos 220.000 delegados sindicales (representantes de los trabajadores en las empresas y administraciones públicas). La figura del delegado no es, estrictamente, la del denominado liberado sindical, dedicado exclusivamente a la labor de representación laboral pese a seguir percibiendo su sueldo íntegro. La cifra total de liberados en España se desconoce a ciencia cierta, es un misterio, pero cabe señalar que todos los delegados laborales tienen derecho a un mínimo de 10 horas sindicales al mes, de modo que ejercen, como mínimo, de liberados a tiempo parcial.
En resumen, lo que existe en España es una especie de mafia sindical, herencia directa del falangismo, cuya supervivencia depende del maná público y no de su buena labor a la hora de representar a los trabajadores; como consecuencia, es un nido idóneo para albergar paniaguados, corruptos y vagos. Frente a este sindicalismo de pandereta que Méndez pretende elevar a "Patrimonio de la Humanidad", ni más ni menos, ya es hora de que España implante un sindicalismo libre, cuya financiación dependa exclusivamente de los afiliados y sus funciones se circunscriban a representar a quienes así lo decidan, punto y final, sin privilegio estatal de ningún tipo. Solo entonces, bajo la implacable ley de la oferta y la demanda, veríamos la utilidad real que tiene la actual chusma sindical...