La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha levantado una gran polvareda con sus polémicas, aunque muy certeras, recomendaciones sobre la política laboral y fiscal que está desarrollando el Gobierno. España, que desde hace tiempo vive sumida en la demagogia de lo políticamente correcto, no está acostumbrada a afrontar la cruda realidad, tal y como es, sin ambages ni medias tintas.
De hecho, la izquierda, en una nueva muestra de represión y violencia, se ha apresurado a condenar sus declaraciones, llegando incluso a solicitar la "guillotina" y el "gulag" para la empresaria en las redes sociales. Así se las han gastado siempre los comunistas, a golpe de hoz y martillo para someter y esclavizar a sus súbditos. Por desgracia, a este país le sobran palabras huecas, cargadas de buenas intenciones pero vacías de contenido, y le faltan líderes políticos y empresariales capaces de describir la cruda realidad al conjunto de españoles, sin ningún tipo de complejos.
Juan Roig, presidente de Mercadona, es, junto a De Oriol, un buen ejemplo de ello. No en vano, sus escasas apariciones en público no suelen dejar indiferente a nadie: "Nos hemos pasado como país treinta pueblos", "si tomamos medidas nos sobrará dinero, si no, nos vamos al carajo", afirmaba en 2012; "los empresarios son los que nos pueden sacar de la crisis", añadía el pasado año.
En este sentido, el único pecado que ha cometido De Oriol consiste, simplemente, en hablar claro, ofreciendo, además, algunas de las recetas que necesita España de forma urgente para combatir eficazmente la vergonzosa lacra del paro, cuyo origen radica, precisamente, en el recetario estatista que tanto aplauden los amantes de lo políticamente correcto. Pero, ¿qué ha dicho De Oriol para causar tanta escandalera? Verdades como puños, ni más ni menos.
En primer lugar, pide eliminar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados, especialmente los denominados ni-nis, jóvenes que ni estudian ni trabajan y cuyo nivel de formación es inexistente. Su cabida en el actual mercado laboral es casi nula. No por casualidad, España es, junto con Grecia, líder en desempleo juvenil de la OCDE, con casi un 54%, más que duplicando la media de la UE (22,7%) y multiplicando por siete la de Alemania (7,7%). Además, casi el 19% de la población entre 15 y 29 años son ni-nis.
Las causas de este problema radican en las graves rigideces que sigue presentando la regulación laboral y un mediocre nivel de formación (sólo el 26% de los jóvenes españoles tiene estudios medios, mientras que en Alemania y Austria, con un paro juvenil inferior al 10%, dicho nivel asciende al 63% y 70%, respectivamente), lo cual dificulta en exceso la contratación juvenil debido al elevado coste que impone el Estado. Y es que, efectivamente, por mucho que duela, el valor añadido que pueden aportan muchos de estos jóvenes sin estudios es muy inferior al sueldo que estarían obligados a pagar por ley los empresarios. ¿Resultado? Paro.
El salario mínimo en España está fijado en 753 euros al mes (en doce pagas), pero muchos olvidan que el coste real para la empresa ronda, en realidad, los 1.200 euros mensuales, casi el doble, una vez sumados los impuestos, las cotizaciones y el resto de cargas que fija arbitrariamente el Gobierno. Los trabajadores menos cualificados, cuya productividad es inferior a dicho umbral, quedan, automáticamente, excluidos del mercado de trabajo. Es decir, el intervencionismo público les condena al paro.
En este sentido, el salario mínimo es una muestra más de los nefastos efectos que causa la injerencia estatal en los precios. El sueldo no es más que un precio -en este caso, de la fuerza laboral-, y si éste es superior al valor de mercado (el precio que están dispuestos a pagar los empresarios en función de lo que demandan sus clientes y, por tanto, todos nosotros), lo que se genera, de forma inevitable, es desempleo. Es la ineludible ley de la oferta y la demanda. Así pues, la eliminación del SMI beneficiaría a los parados menos capacitados y más vulnerables, justo lo contrario de lo que afirman políticos y sindicatos.
La izquierda y los defensores de lo políticamente correcto, sin embargo, prefieren que esos desempleados sigan marginados, sin posibilidad alguna de encontrar trabajo, al menos en el mercado legal. De ahí que muchos no tengan más remedio que acudir a la economía sumergida para subsistir. Asimismo, resulta paradójico que los comunistas y los sindicalistas hayan crucificado a De Oriol, escudándose en ofrecer "sueldos de miseria" a estos parados, cuando ellos son el paradigma de la esclavitud y la pobreza más extrema del mundo, como bien ejemplifican sus particulares paraísos estatistas, desde Argentina y Venezuela hasta el modélico régimen cubano, cuya población recibe un sueldo oficial de 15 dólares al mes y una cartilla de racionamiento. Que estos genios de la ingeniería social se atrevan a dar lecciones de dignidad laboral es, cuanto menos, surrealista, y que sus soflamas tengan eco entre la opinión pública es, sin duda, un síntoma de ignorancia muy grave.
Es más. De Oriol, lejos de equivocarse, se queda corta. España no sólo debería eliminar el salario mínimo para los ni-nis o los parados menos formados, sino borrar de una vez por todas esa ignominiosa traba estatista. Muchos países europeos carecen de ese umbral y, curiosamente, sus trabajadores gozan de un salario medio muy superior al español -unos 1.000 euros extra de media- y una tasa de paro mucho más baja -de apenas el 7%-. De hecho, hasta el Banco de España defiende la eliminación del SMI, solo que con la boca mucho más pequeña para no molestar demasiado ni alejarse en exceso del muy políticamente correcto pensamiento dominante.
En cuanto al resto de propuestas, la empresaria también apuesta por reducir el coste del despido improcedente a 18 días por año, frente a los 33 actuales, para acabar con la perversa dualidad -diferencia entre fijos y temporales- que sigue gobernando el mercado laboral español, así como aplicar la denominada "negociación colectiva" tan sólo a nivel de empresa. Se trata, igualmente, de medidas bien encaminadas, si bien lo ideal sería implantar la libre fijación de condiciones entre empresario y trabajador, sin más cortapisas que la firma de un contrato privado acordado voluntariamente entre las partes.
Asimismo, De Oriol critica la actual prestación de paro por no incentivar la búsqueda de trabajo, lo cual no es nuevo, ya que la inmensa mayoría de organismos insiste en la urgencia de reformar las políticas activas de empleo, incluyendo el FMI o el Banco Mundial, cuya socialdemocracia, por cierto, está fuera de toda duda. De igual modo, propone una sustancial rebaja de impuestos y reducir las cotizaciones sociales para impulsar el crecimiento, al tiempo que se recorta el empleo público, cuyo ajuste ha sido mínimo pese al enorme déficit presupuestario que sufre España. Menos trabas burocráticas y un menor intervencionismo económico son otras de las recetas que ha lanzado la presidenta del Círculo de Empresarios para facilitar la actividad económica.
Recomendaciones, todas ellas, razonables y bien encaminadas, ya que, sin duda, permitirían acelerar la salida de la crisis y bajar el paro de forma drástica. Sin embargo, frente a la sensatez de tales políticas, parece que en este país prima la necedad de lo políticamente correcto. Muchos prefieren que España mantenga el statu quo, el mismo que ha propiciado un paro superior al 25%, propio de un país Tercer Mundista, antes que reconocer el rotundo fracaso del socialismo imperante a la hora de generar riqueza y bienestar para el conjunto de la población.
De Oriol podrá caer mejor o peor, pero su diagnóstico no puede ser más certero. Todos esos que se han indignado con sus palabras, por el contrario, proponen como única alternativa agravar hasta el extremo la nefasta receta intervencionista que nos ha traído hasta aquí y, por tanto, lo único que merecen sus mensajes es el desdén y el desprecio más absoluto.