Con casi seis millones de parados, una cuarta parte de la población activa, parece normal que España sea uno de los países de Europa que más dinero dedica a las llamadas "políticas de empleo". Lo que ya no es tan evidente es por qué tiene tan poco éxito en su ejecución. Desde hace años, somos uno de los países que más gasta, supuestamente para apoyar al parado, pero eso no sirve para conseguir que éste salga de esa situación.
De hecho, algunos estudios apuntan a que los incentivos podrían ir en la dirección contraria. Es decir, que el diseño de estas políticas acaba siendo una rémora, más que una ayuda para el desempleado. Hablamos de casi 40.000 millones de euros al año que, evidentemente, no están siendo bien gastados.
En el año 2011, último ejercicio para el que Eurostat presenta datos de todos los países de la UE, las administraciones públicas españolas se gastaron 38.654 millones en "políticas de mercado de trabajo". Es mucho dinero, pero en realidad es algo menos de los 41.959 millones gastados un año antes.
En aquel momento, nuestro país era líder en paro de la UE, con un 21,5% de tasa de desempleo. Por lo tanto, parece lógico que fuéramos uno de los países que más porcentaje del PIB dedicase a estos menesteres: un 3,6%, sólo por detrás de Bélgica, Irlanda y Dinamarca. Por cierto, el caso danés es significativo, porque con una tasa de paro de las más bajas de la UE (un 7% en la actualidad) está siempre entre aquellos que más dinero se gastan en políticas de empleo.
Categoría 1 (servicios); categorías 2-7 (políticas activas: formación, incentivos al empleo, bonificaciones, incentivos al autoemple...); categorías 8-9 (políticas pasivas: subsidios y apoyo a la jubilación indefinida).
Por activa y por pasiva
También en esta cuestión, lo más importante no es tanto el cuánto se gasta, sino el cómo. En este sentido, España muestra diferencias significativas con los países de su entorno. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo, aquellos 38.654 millones se dividieron entre 8.513 millones para las llamadas "políticas activas" (aquellas que buscan que el desempleado encuentre un trabajo) y los 30.140 millones de las "políticas pasivas" (las que se dedican a apoyar al parado durante su situación de necesidad).
Esto quiere decir que el 22% del presupuesto se dedicó al primer grupo de medidas y el 78% al segundo. Aquí empieza a verse una diferencia fundamental con el resto de Europa, especialmente con los países que mejor lo están haciendo en el mercado laboral. [Para la comparación, utilizaremos los datos de Alemania, Austria, Dinamarca y Holanda, los cuatro estados de la UE-15 que tienen una tasa de paro más baja en la actualidad].
Lo primero que llama la atención es ese 78% dedicado a las políticas "pasivas" (subsidios de desempleo y apoyo a la jubilación anticipada). Sólo Italia y Rumanía dedican un porcentaje más elevado del presupuesto del mercado laboral a esta cuestión. En cierto sentido es lógico que España esté entre los países que más gasta, porque es el que tiene más paro. Y también es evidente que para los desempleados la paga que reciben cada mes es una ayuda sin la que les resultaría muy complicado mantenerse a flote.
Pero incluso así es llamativa la diferencia con otros países. Por ejemplo, Dinamarca o Austria apenas dedican un 44% y 42% del presupuesto a las políticas pasivas. Su prioridad no es tanto sostener al parado (que también) sino darle salida para que entre de nuevo, y cuanto antes, en la rueda del mercado laboral.
¿Activas?
Además, no sólo hay que quedarse con las grandes cifras. No todas las políticas activas son iguales. De hecho, la UE divide este gasto en siete categorías: servicios al desempleado, formación, empleo compartido, incentivos al empleo, apoyo al empleo, creación directa de empleo e incentivos al autoempleo.
El apartado con las diferencias más significativas es el de "servicios" (categoría 1 en las tablas de Eurostat). No es propiamente formación, sino asistencia al parado para que se active en el mercado: búsqueda de un empleo, asesoría, elaboración del CV... España se gasta el 2,9% del presupuesto dedicado al empleo en esta cuestión (unos 1.100 millones en 2011). Por contra, en Dinamarca es el 14,6%, en Alemania el 18,8% y en Holanda el 13,7%. Y no es sólo una cuestión de porcentajes. En términos absolutos, esto quiere decir que nuestro país dedica a este aspecto 179,8 euros por parado. En Holanda, esta cifra es de 2.343 euros. Según Eurostat, "la evidencia sugiere que los programas de asistencia en la búsqueda de un trabajo están entre las medidas de política de empleo que más rendimiento dan en términos de coste-beneficio".
Pero no acaban aquí los aspectos diferenciales. Dentro de las políticas activas, España dedica una buena cantidad de dinero a las categorías 4, 5 y 6: incentivos al empleo (bonificaciones a la contratación), apoyo al empleo (para colectivos especiales) y creación directa de puestos de trabajo (normalmente en la administración o sectores asociados). Entre las tres, suman el 10,7% del dinero dedicado a las políticas de empleo (hablamos de más de 4.000 millones). Es menos que en Dinamarca u Holanda, pero mucho más que en Alemania o Austria, por ejemplo. De hecho, casi siempre que un Gobierno español lanza un plan de empleo, incluye este tipo de medidas, incluso aunque numerosos estudios sugieren que no son demasiado efectivas para incrementar la fuerza laboral neta, sino que simplemente cambian unos contratos por otros (los bonificados). Incluso Eurostat apunta a que "se corre el riesgo de que las empresas desplacen a los trabajadores que no tienen derecho a subsidio por los que sí lo tienen o esperen a contratar a que un candidato entre en la categoría requerida".
Formación
Pero si hay un apartado que se lleva la palma en lo que hace referencia a la repercusión pública, al menos en los últimos días, ése es el de la formación. Se han multiplicado las noticias sobre escándalos en los cursos que se ofrecen a los parados. Y tampoco está muy claro el destino del dinero que se gasta en la llamada formación continua de los trabajadores que sí tienen un empleo.
En 2011, España se gastó 1.965 millones en estos menesteres, divididos de la siguiente forma:
- 444 millones en formación profesional en sectores con riesgo de pérdida de empleo
- 40 millones en incentivos para los contratos de formación
- 975 millones en formación para desempleados
-
505 millones en formación en el lugar de trabajo
Es muchísimo dinero, pero apenas supone el 5,1% de los 38.000 millones de los que hablamos al comienzo del artículo. Este porcentaje es mucho mayor en la mayoría de los países de la UE, sobre todo en los que mejor lo hacen en temas de mercado laboral: por ejemplo, Dinamarca dedica el 13% de su gasto en políticas de empleo a formación Alemania el 14,3% y Austria el 22,2%. Vamos, que los países con un paro reducido y mucha rotación en el mercado laboral dedican muchos más fondos a la formación, en porcentaje del presupuesto y en dinero contante y sonante por parado.
El problema es que, de nuevo, volvemos a lo apuntado anteriormente. La clave aquí no es cuánto sino cómo. En próximos artículos analizaremos cómo se gasta el dinero España y qué tipo de formación ofrece a sus trabajadores, tanto ocupados como no ocupados. Los estudios demuestran que existe correlación entre un buen diseño de la formación y los resultados del mercado laboral. No parece que ése sea, en la actualidad, el caso de España.