La propia Junta de Andalucía se ha convertido en okupa para realojar a okupas. Dos de las familias desalojadas de la polémica Corrala Utopía fueron reubicadas por la Consejería de Vivienda en dos pisos de un barrio sevillano que, en teoría, son de propiedad ajena. En concreto, se trata de dos semisótanos del edificio ubicado en la calle Tello de Guzmán 4 que, según denuncian los propios vecinos, no pertenecen a la Junta sino a otro de los residentes que ya ha fallecido y, por tanto, son objeto de una herencia subyacente todavía no resuelta.
La herencia en cuestión todavía no ha sido aceptada ni rechazada por los legítimos herederos por tratarse de varios hijos cuya localización ha sido imposible por el momento, debido a que algunos residen en el extranjero. Según aclaran a Libre Mercado fuentes de la comunidad, la Junta se ha agarrado a que una de las herederas que aún vive en el bloque no quiere el piso para okuparlo pese a que no es de su propiedad, ya que la herencia sigue pendiente de resolución.
La Consejería que dirige IU, por su parte, se escuda en que "jurídicamente las dos viviendas son de titularidad pública de la Junta, aunque haya alguien que las reclame", y añade que, en cualquier caso, mientras se dirime el asunto de la herencia el titular sigue siendo la Junta, por lo que el realojamiento sería perfectamente lícito. Sin embargo, el administrador de la finca explica que el Gobierno entregó hace años la propiedad de estas viviendas a uno de los vecinos.
Según la nota simple que consta en el Registro de la Propiedad, los inmuebles son del Ministerio de Vivienda, pero, posteriormente, se los transfirió a la Junta. Pese a ello, insisten en que son de propiedad privada, ya que la familia que vivió en ellos durante años amortizó las correspondientes cuotas, haciéndose así con la titularidad, como tantos otros vecinos del edificio, aunque, luego, no acudió al Registro para inscribirlos, lo cual en ningún caso anularía su legítima propiedad.
De hecho, según aclara otro de los residentes, la propia Junta les comunicó hace un par de años que el propietario era, efectivamente, la citada familia. La cuestión es que la comunidad lleva tiempo reclamando una deuda de 14.260 euros por el impago de una serie de derramas y gastos de agua correspondientes a dichas viviendas, y al acudir a la Junta para ver si se podía hacer cargo, ésta respondió que la factura correspondía al propietario -y, en su caso, a los herederos-, contradiciendo así su actual versión.
Tras la okupación de ambas viviendas, el administrador ha vuelto a requerir a la Junta el pago de la citada cuantía mediante un burofax remitido a la delegación territorial de Vivienda, como paso previo a la presentación de una demanda judicial, sin que todavía haya recibido respuesta. Mientras, los dos pisos siguen ocupados por dos de las familias desalojadas de la Corrala Utopía.