La Corrala Utopía, en Sevilla, se ha convertido en todo un emblema del movimiento okupa en España. Su historia, que comenzó hace casi dos años, ha dado la vuelta al mundo tras acaparar la atención de numerosos medios internacionales, entre otros The Guardian o The New York Times, y su trascendencia política en los últimos días ha sido tal que casi provoca la ruptura del pacto de gobierno entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Sin embargo, lo que, en principio, se ha vendido a la opinión pública como una historia de profunda desesperación por parte de un grupo de familias para evitar quedarse en la calle es, en realidad, un episodio cargado de demagogia política, según explican a Libre Mercado distintas fuentes conocedoras del proceso. "No es una cuestión de necesidad social", aclaran.
Un fenómeno politizado de principio a fin
Las primeras familias que okuparon el ya famoso edificio, perteneciente a Ibercaja, entraron el 16 de mayo de 2012, coincidiendo con el primer aniversario del 15-M. No es casualidad. La okupación fue guiada, desde el principio, por miembros de dicha plataforma a través del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, formado por grupos ligados a la extrema izquierda como Stop Desahucios, Plataformas de Afectados por la Hipoteca y Comisiones del 15-M de Vivienda.
Su blog, perfectamente editado y ordenado, incluye enlaces directos a movimientos tales como 15-M Sevilla, Vivienda Digna, V de Vivienda, Stop Desahucios o Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Asimismo, en esta particular iniciativa colaboran hasta una treintena de grupos y organizaciones, tanto sociales como políticos, a través de la "Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía", cuyo denominador común es profesar un radical activismo de izquierdas, desde Marea Verde hasta Movimiento de Acción Estudiantil, Ecologistas en Acción, los sindicatos CGT o SAT (liderados por Ignacio Sánchez Gordillo y Diego Cañamero), Izquierda Anticapitalista, Renta Básica Ya, etc.
En este sentido, algunos de los vecinos que abandonaron el edificio hace meses afirman que cuando llegaron era el 15-M el que organizaba la okupación y decidía quién entraba y quién no. Aguasanta Quero, que permaneció en el edificio hasta el final, expone que fue un joven de este movimiento quien la vio llorando en la calle y la orientó para formar parte de la Corrala.
Es decir, no se trata, por tanto, de un mero grupo de familias desamparadas que, de forma espontánea, deciden okupar un edificio sin más, sino de toda una iniciativa perfectamente organizada a través de diversas plataformas de marcado perfil político.
Además, los okupas han sido asesorados legalmente por Grupo de Juristas 17 de Marzo, una asociación de abogados de Sevilla que se declara abiertamente de izquierdas. Así, en su propia web denuncian que "en esta época de globalización neoliberal, los movimientos sociales necesitan utilizar todas las herramientas a su alcance para luchar contra un sistema en el que no creemos, que sólo fomenta la desigualdad, el militarismo, el empobrecimiento de los recursos naturales, la explotación de los países del sur". Este grupo logró llevar el caso de la Utopía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el apoyo de la PAH que lidera Ada Colau y del Observatori DESC de Cataluña.
Vínculos con Izquierda Unida
Pero es que, además, también existen ciertos vínculos con IU, el partido que lleva la Consejería de Vivienda en Andalucía y que decidió el reaolojo de las familias de la Corrala en viviendas sociales de la Junta, desatando la ya conocida crisis de gobierno con el PSOE y, más concretamente, con la presidenta regional, Susana Díaz.
En los últimos días, por ejemplo, ha saltado a la luz el caso de Irma Blanco, portavoz de la Corrala, que se vio obligada a renunciar al realojo tras descubrirse que trabajaba en el Ayuntamiento de Villaverde del Río (IU) y, casualmente, fue la número nueve en la lista electoral de IULV-CA por Sevilla en las elecciones municipales de 2003.
De hecho, algunas de las primeras familias que okuparon la Corrala y que, posteriormente, la abandonaron denuncian al Diario de Sevilla que la citada iniciativa fue ideada por la propia consejera de Vivienda, Elena Cortés, y su equipo de IU en la Junta. En concreto, aseguran que tanto la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Granada Santos -antes de ocupar su cargo-, como la secretaria general del ramo, Amanda Meyer, pisaron y se reunieron con ellos en esos pisos para advertirles de que por separado no conseguirían nada, animándoles, por tanto, a continuar su particular lucha contra el Ayuntamiento de Sevilla (del PP). Según este mismo diario, las protestas de la Corrala no eran contra la Junta porque, tal y como indicaban sus precursores, "no se puede morder la mano que te da de comer".
El aprovechamiento político de este caso por parte de IU es aún más evidente, ya que el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, se reunió el pasado septiembre con los miembros de la Corrala Utopía para expresarles su apoyo explícito, criticando de paso a Ibercaja y al Ayuntamiento sevillano.
Por otro lado, la exvecina Mercedes Lladonosa afirmó que Primitivo Pérez, el okupa que "lleva las cuentas" en el edificio, es cuñado de la delegada de Vivienda de la Junta en Sevilla, Granada Santos (IU). Lladonosa también denunció en su día a ABC que todo lo relacionado con la Corrala era un movimiento político dirigido de una u otra forma por miembros de IU, hasta el punto de que la obligaban a manifestarse contra el Ayuntamiento para poder conservar el piso okupado.
¿Familias realmente necesitadas?
Sin embargo, más allá de los intereses políticos, la cuestión de fondo, la historia social que pretende vender la Corrala a la opinión pública, se resume en tres mensajes muy claros:
- Gente desahuciada y en paro, en situación de extrema necesidad, que no tiene más remedio que okupar ilegalmente un piso para no dormir en la calle, ya que las autoridades competentes no les han ofrecido ningún tipo de solución.
- Todo ello, alegando como argumento jurídico que la Constitución incluye el "derecho a una vivienda digna".
- Y, en última instancia, reivindicar que el Estado debe rescatar a las personas, no a los bancos, hasta el punto de solicitar la expropiación de los pisos de las entidades financieras.
En su blog indican, entre otras cosas, que "somos un grupo de personas que tenemos una urgente necesidad de vivienda. [...] Somos personas trabajadoras, humildes, que hemos visto cómo perdíamos nuestro puesto de trabajo. Hemos acudido a las instituciones en busca de ayuda y soluciones, sin haber obtenido absolutamente nada […] En algunos casos hemos sido desahuciados de nuestras viviendas por los bancos. Por los mismos bancos que han recibido fondos públicos multimillonarios para sanear sus cuentas".
Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? La propia Lladonosa declaró ante el juez que el citado Primitivo Pérez "nos contó que estaba de alquiler con un año de contrato y a los seis meses le pagó el año entero al propietario para venirse a la Corrala. ¿Qué necesidad tenía entonces ese hombre?". Asimismo, Rebeca Moreno y Macarena Cruz, que también abandonaron el bloque hace meses, afirman que en el edificio había personas necesitadas y otras que, simplemente, eran activistas del 15-M. "Allí hay gente que tiene sus nóminas, que ha viajado a Venezuela y a Marruecos, y otros que cobran ayudas; son muy luchadores y los respetamos, pero no tienen nada que ver con nosotras".
A este respecto, cabe recordar que, durante el procedimiento judicial, el Ministerio de Justicia aclaró que los citados okupas de la Corrala Utopía no estaban "en riesgo de exclusión social o desatención social" y, por tanto, se podía proceder al desalojo del edificio en caso de que se negasen a abondonarlo voluntariamente en el plazo fijado por el juez. Este último punto todavía está pendiente de comprobación. Así, de las 22 familias desalojadas del edificio, tan sólo ocho han sido reubicadas por la Junta de Andalucía en viviendas públicas tras el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU.
En este sentido, cabe recordar que, en un principio, la Consejería de Vivienda decidió realojar provisionalmente a 17 familias, pero, posteriormente, revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todos y cada uno de los casos, la Junta concluyó que "ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria" hasta que los servicios sociales ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social. En ese caso, podrán continuar disponiendo de esas viviendas.
Mientras, en el caso de las otras nueve familias, según la Junta, queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas sus circunstancias por parte de los servicios sociales. Es decir, aún no se ha comprobado que cumplan las condiciones mínimas para acceder a una vivienda pública y, en la mayoría de casos, la propia Junta se ha negado a realojar a estas familias.
Por otro lado, la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Lola de Pablo-Blanco, recuerda que en la capital andaluza hay más de 12.000 personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda, de las que 388 familias figuran en el "baremo social" de familias especialmente vulnerables. La cuestión de que tan sólo dos de las familias de la Corrala figuran en el citado listado -en los puestos 100 y 122-. Al mismo tiempo, algunos de los vecinos que abandonaron hace meses este edificio insisten en que las personas realojadas por la Junta no están en "riesgo de exclusión social".
Además, hay al menos dos casos que llaman especialmente la atención. El primero, el de Irma Blanco que, en un vídeo de mediados de 2012, reconocía que vivía en casa de su madre, pero, pese a ello, exigía que el Estado le facilitase una vivienda porque, según ella, "no puede vivir eternamente en una adolescencia".
Y el segundo, el de Elena, que también admitía vivir con su madre y, por encontrarse en paro, no podía acceder a una vivienda. De hecho, incluso afirmaba que pidió un "alquier social", pero se lo denegaron porque no cumplía los requisitos mínimos.
Por todo ello, según fuentes conocedoras del caso, la Corrala Utopía "va mucho más allá de una cuestión de necesidad", ya que, en el fondo, se trata más de un tema "político y politizado".
En este sentido, otro dato poco conocido es que durante los casi dos años de okupación, y pese a que más de 30 familias han vivido en el citado edificio en distintos períodos, tan sólo un total de ocho familias aceptaron ser reubicadas en otras viviendas, a las afueras de Sevilla, facilitadas por Ibercaja a través de su programa Llaves Solidarias, pagando alquileres muy bajos o gratuitos, después de que los servicios sociales del Ayuntamiento verificaran que, realmente, se encontraban en una situación de verdadera necesidad. Cinco familias fueron realojadas el verano pasado y otras tres en los últimos meses.
El resto de okupas o bien no facilitó los datos requeridos por el Ayuntamiento o bien rechazó por diversos motivos -entre ellos, "ideológicos", según estas mismas fuentes- el realojo subvencionado que ofreció esta entidad, que, por cierto, es una de las escasísimas cajas de ahorros que no precisó rescate público.
Por último, y pese a que toda la iniciativa de la Corrala se sustenta sobre el hecho de que la Constitución declara el derecho a una "vivienda digna", éste no es un derecho fundamental y, por tanto, no goza de protección especial como, por ejemplo, la vida o ciertas libertades individuales.