El Ministerio de Hacienda acaba de anunciar que la Oferta de Empleo Público aumentará un 147% en 2013. Para poner en perspectiva esta decisión, cabe señalar que 17 de cada 100 trabajadores están empleados directamente en las Administraciones un aumento del 20% frente a los niveles de 2007, cuando la ratio era del 14%.
Hablando en términos netos, la crisis ha acabado con 3,6 millones de empleos en el sector privado pero apenas ha reducido la plantilla de empleados públicos en 136.000 personas. ¿Qué significa esto? En esencia, que el 97% de la destrucción laboral la ha asumido el sector privado, mientras que las Administraciones apenas han supuesto el 3% del ajuste.
La situación es aún más sangrante cuando comprobamos el aumento del gasto en asesores nombrados a dedo. En 2013, los Ministerios han disparado el desembolso salarial de personal eventual en un 7,5%. También los sueldos de los altos cargos han subido en el año 2013. Sumando todos los gastos de personal de la Administración central, vemos que en 2013 se registró un aumento del 0,8%.
Esta ausencia de austeridad presupuestaria explica que el déficit de la Administración central engordase en 3.000 millones de euros a lo largo de 2013. A esta desviación se unen los incumplimientos de diferentes gobiernos regionales: a saber, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valencia y Murcia.
Un gasto desbocado
Aunque la recaudación fiscal fue del 37,8% del PIB y se ubicó en línea con la media histórica, el desembolso total de las Administraciones Públicas en 2013 superó el 44,4% del PIB. Las subvenciones se han mantenido casi intactas en comparación con 2012, mientras que el gasto total de personal ha supuesto 900 millones de euros más.
Para mantener a flote estas estructuras de gasto, los contribuyentes han asumido en plena crisis numerosas subidas de impuestos. Sin embargo, el saldo fiscal resultante no ha estado a la altura de lo proyectado por Hacienda:
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El impuesto sobre los premios de Loterías ha recaudado menos de la mitad de lo previsto en 2013. En vez de 824 millones de euros, el fisco solamente ha recogido 270 millones, poco más del 30% de lo esperado.
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El recargo del 10% en el impuesto especial que grava el consumo de alcohol tampoco ha generado los retornos proyectados: aunque se esperaban 46 millones de euros, las arcas del Estado solamente han recibido 13 millones por este concepto, un 70% por debajo de lo anunciado.
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En el IRPF, la recaudación que ha conseguido el fisco se ha quedado en 69.951 millones de euros, menos de lo ingresado en 2012 y por debajo de los 74.215 millones esperados, un desfase del 6%.
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En cuando al IVA, el gravamen indirecto por excelencia ha generado un 5% menos de lo estimado por Hacienda: el dato final ha sido de 51.931 millones de euros, frente a los 54.657 que se habían calculado.
En suma, los ingresos de la Agencia Tributaria han sido un 4,21% menores a lo proyectado: sumaron 166.775 millones frente a estimaciones de 174.099 millones. No obstante, es importante destacar que el número de contribuyentes que sufraga esta recaudación ha disminuido notablemente, como consecuencia del paro masivo y la destrucción de empresas.
Ese elevado esfuerzo tributario que hacen quienes aún siguen en pie explica que las deudas pendientes en Hacienda se hayan disparado. Así, entre las deudas tributarias de dudoso cobro, España supone alrededor del 55% del total europeo. Así, de una suma comunitaria de 16.385 millones de euros, la Hacienda española acumula deudas dudosas por un total de 8.993 millones de euros.
Caos en los feudos de la izquierda en Madrid
La mala salud fiscal de nuestras Administraciones atraviesa un momento especialmente caótico en algunos de los Ayuntamientos madrileños. El denominador común en todos estos casos ha sido la presencia de PSOE o IU en el gobierno local:
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En Rivas, municipio gobernado por Izquierda Unida, se ha detectado un agujero de 21 millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda.
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En Aranjuez, la gestión del ex Alcalde socialista Jesús Dionisio Ballesteros ha dejado una deuda de 175 millones de euros, cuatro veces el presupuesto anual del Ayuntamiento.
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En Parla, la deuda con proveedores que arrastra el consistorio supera los 200 millones de euros. El Ayuntamiento, en manos del PSOE, también arrastra la losa del tranvía local: costó 134 millones de euros a los que se suman otros 122 millones por intereses. En suma, frente a una deuda municipal media de 217 euros por persona, los habitantes de Parla soportan obligaciones de 2.047 euros cada uno.
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En Fuenlabrada, el Juzgado de Instrucción Número 4 ha imputado a la Alcaldesa de Izquierda Unida María Teresa Fernández por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El dinero de los contribuyentes habría financiado la reforma del domicilio de la regidora.