El coste del rescate financiero es una de las grandes polémicas de la presente crisis. Son numerosas las cifras que se han barajado a este respecto. Algunos elevan la factura a más de 200.000 millones, mientras que otros dan por buena la cifra que publicó este lunes el Tribunal de Cuentas (algo más de 100.000 millones).
El problema de tales estimaciones, sin embargo, es que recogen partidas de lo más diverso, desde avales y créditos por parte del Estado hasta aportaciones directas de los bancos privados, desvirtuando así la factura real para las arcas públicas.
Lo cierto es que, por el momento, el dinero desembolsado por los contribuyentes es muy inferior, ya que ronda los 50.000 millones de euros. De hecho, en esta cifra coinciden tanto el Banco de España, como el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea, una vez descontado el resto de apoyos indirectos, tanto públicos como privados.
Cosa distinta es que el coste final de la reestructuración financiera en España acabe siendo mayor o menor con el paso del tiempo, en función de la privatización de las entidades nacionalizadas, el deterioro de activos, la evolución del banco malo (Sareb) o la necesidad de inyectar nuevos fondos públicos.
Según el Tribunal de Cuentas, "el importe de los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2012, fue de 107.913 millones de euros". El problema, sin embargo, es que dicho importe incluye "conceptos de naturaleza muy diversa", según aclara el propio organismo, desde "costes y desembolsos de fondos" -como aportaciones de capital o la suscripción de participaciones preferentes- hasta "garantías constituidas que vencerán en el futuro" -esquemas de protección de activos (EPA)- o diferentes líneas de crédito.
El siguiente cuadro resume la distribución de las ayudas por tipos de apoyo. El Fondo de Rescate bancario (FROB), de titularidad estatal, ha comprometido casi 66.000 millones, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC, formado por el conjunto de entidades financieras) algo más de 32.000 y el Banco de España casi 10.000 millones de euros.
Asimismo, el siguiente cuadro incluye la distribución de los distintos apoyos en función de las entidades auxiliadas.
Pero tan sólo la mitad de dichas cuantías se contabilizan, realmente, como desembolsos públicos ya realizados. Para ello, hay que fijarse en al apartado "aportaciones al capital y cuotas participativas", que es donde se incluyen las inyecciones directas llevadas a cabo para evitar la quiebra de las cajas, excluyendo así avales, garantías y créditos.
En este caso, el importe total asciende 57.000 millones, de los que casi 51.000 fueron aportados por el FROB (contribuyentes españoles) y los 6.000 restantes por otras entidades financieras privadas a través del FGDEC. Así pues, el propio Tribunal de Cuentas admite que el coste directo para el contribuyente es algo superior a los 50.000 millones de euros, por el momento.
El Banco de España ratifica dicha cuantía. En un informe publicado el pasado septiembre, detallaba que el volumen de ayudas públicas comprometidas en el rescate financiero ascendía a 61.366 millones de euros hasta finales de 2013 (excluyendo avales, préstamos y el banco malo).
Pero, dentro de esta cifra, hay que descontar los 977 millones que devolvió Caixa Bank al quedarse con Banca Cívica, de modo que la factura queda reducida a un total de 60.389 millones. Y dentro de este importe, 7.884 millones de euros fueron aportados por los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, 13.427 salieron del FROB (Estado) y los 39.078 millones restantes del préstamo concedido por la UE al Estado español (a cargo también del contribuyente) mediante el Fondo de rescate europeo, tal y como detalla el blog Desde el exilio.
Así pues, el coste real para el contribuyente rondaría los 52.500 millones, tras restar las aportaciones del resto de entidades financieras. Además, habría que descontar los intereses que ha recibido el Estado hasta ahora por los préstamos y avales concedidos a la banca -unos 3.000 millones-, con lo que la factura final se situaría, igualmente, cerca de 50.000 millones de euros.
Por último, esta cifra se aproxima mucho a los 49.258 millones de euros en ayudas financieras que, por el momento, ha obligado a contabilizar la Comisión Europea como déficit público desde 2010 a 2013, puesto que lo contabiliza como dinero perdido. El siguiente gráfico resume el dinero desembolsado por contribuyentes y bancos en el rescate de las cajas de ahorros españolas.
